ESMA: prisión perpetua para Astiz

El ex marino Alfredo Astiz, conocido como "el Angel Rubio", y otros represores fueron condenados esta noche a la pena de prisión perpetua por su responsabilidad en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

Así lo dio a conocer el Tribunal Oral Federal Número 5 en la lectura de su fallo en el histórico juicio por los crímenes en el mayor centro clandestino de detención y la sala de audiencias de Comodoro Py estalló en festejos de familiares de las víctimas y representantes de organismos de derechos humanos.

Al conocer la sentencia, Astiz -que ya fue condenado en ausencia a prisión perpetua en Francia en 1990 y en Italia en 2007- mostró una sonrisa y apretó una escarapela que llevaba sobre la solapa del saco.

Astiz, bajo el seudónimo de Gustavo Niño, se infiltró en el grupo de las madres de desaparecidos en 1977 y marcó a las víctimas: entre ellas -que fueron torturadas en la ESMA y luego arrojadas vivas al mar- figuran la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

También fueron condenados a prisión perpetua los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Oscar Montes, Raúl Scheller, Ricardo Cavallo, Alberto González, Néstor Savio, Adolfo Donda, Raúl "Mariano" Scheller, Julio Coronel, Ernesto Weber y Jorge Radice.

Todos ellos fueron considerados responsables por delitos de lesa humanidad, incluidos los secuestros y desapariciones de Villaflor, y sus compañeras María Bianco y Esther de Careaga; del periodista y escritor Rodolfo Walsh, y de las monjas francesas.

En tanto, el tribunal condenó a 25 años a Manuel García Tallada y a Juan Carlos Fotea, mientras que Carlos Capdevilla recibió 20 años y Juan Antonio Azic, 18, mientras que Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco fueron absueltos.

En su fallo y a diferencia de otros juicios por los crímenes de la dictadura, el tribunal no dispuso la prisión el cárcel común, por lo que muchos de ellos cumplirán sus penas en su domicilio, y tampoco enmarcó los delitos en la figura de "genocidio".

De hecho, el Tribunal solicitó a las máximas instancias judiciales que soliciten a instancias internacionales la incorporación de la figura de "genocidio" para el caso de perseguidos políticos, a fin de poder aplicarlo para procesos locales.

Durante casi dos años el Tribunal integrado por los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli, escuchó a más de 200 testigos que dieron cuenta del accionar de los marinos del Grupo de Tareas 3.3.2., cuya misión era infiltrar organismos políticos, secuestrar disidentes y torturarlos.