Vocero presidencial declaró por supuesta malversación en Fútbol Para Todos

El vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, aseguró hoy a la Justicia que solamente cumplió un "papel administrativo" en la emisión de un spot político en el programa televisivo "Fútbol para Todos", en que se criticaba al gobierno porteño de Mauricio Macri por el estado de los subtes de la ciudad de Buenos Aires.

Así lo aseguraron hoy fuentes judiciales, que además precisaron que el secretario de Comunicación Pública compareció durante unos quince minutos ante el juez federal Claudio Bonadío para prestar declaración indagatoria y optó por presentar un escrito de descargo, acompañado de su abogado defensor, Diego Pirota, el mismo que patrocina al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.

El texto defensivo de Scoccimarro, que se encuentra imputado de supuesta "malversación de caudales públicos", hizo hincapié en "la legalidad del proceso" por el cual intervino y firmó la autorización para la realización y difusión del spot en cuestión por lo que, añadieron las fuentes, pidió al magistrado que declare su sobreseimiento en el expediente.

Para el lunes próximo, a las 10.30, el juez Bonadio citó a declaración indagatoria el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Además de Soccimarro, ya se presentaron ante el juez los otros dos imputados: el subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Gustavo Fernández Russo, y Rodrigo "Rodra" Rodríguez, ex funcionario de Comunicación y actual secretario de Organización y Comunicación del ministerio de Desarrollo Social.

Ambos también presentaron escritos en los que negaron las acusaciones y explicaron su rol en la emisión del spot discutido. Los cuatro están acusados por la emisión, el 11 de agosto de 2012, de un spot en el entretiempo del partido River-Estudiantes en el que se responsabilizaba al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por una huelga de trabajadores del subte y sostenía que era deber de la administración local solucionar el conflicto.

La causa se inició con una denuncia de los legisladores del PRO Christian Ritondo y Daniel Presti, pero el fiscal que intervino, Federico Delgado, dictaminó que la emisión del spot no constituía un delito y era una cuestión política, por lo que no impulsó la investigación.

Los legisladores recurrieron a la Cámara Federal y consiguieron que ese tribunal de alzada los admita como querellantes, con lo que han podido llevar adelante la acción y obligaron al juez Bonadio a avanzar en el expediente.