Por el policía “rico”, cayeron los jefes de la Primera y crecen las sospechas

A una semana del asalto a la familia del intendente Julio Garro en el country Grand Bell, la onda expansiva por la explosiva detención de un policía llegó hasta los despachos de la comisaría Primera, donde -al menos en los papeles-, el acusado Patricio Masana prestaba servicios.

El jefe de la seccional del Centro, el comisario Marcelo Cifuentes, y su segundo, el subcomisario Carlos Arias, fueron relevados de sus cargos y pasados a disponibilidad por decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense, debido a las irregularidades que se detectaron en la investigación por el robo del 2 de marzo en la casa del jefe comunal.

Los dos quedaron en la mira por supuestos manejos irregulares con fondos de Policía Adicional (Polad), caja a la que Masana tenía acceso como administrador de esa comisaría, dijeron fuentes judiciales y de la propia fuerza.

Las sospechas se dispararon el mismo día del asalto, cuando los investigadores allanaron la impresionante casona de la que salió la camioneta Mercedes Benz que sacó del country a los dos ladrones y descubrieron que la alquilaba por unos 40 mil pesos mensuales un subteniente de la Bonaerense que percibía de sueldo alrededor de 18 mil.

La pregunta de los millones

Masana quedó detenido, se negó a declarar y después de permanecer un par de días en la comisaría Octava fue trasladado a la alcaidía Petinatto. Allí seguramente recibirá la notificación de la prisión preventiva (ver aparte), mientras la CDI avanza en la identificación de los dos hombres que redujeron a la mujer, las cuatro hijas, una cuñada, una sobrina y la mucama del alcalde, para llevarse plata, joyas y algunos elementos de electrónica.

Mientras tanto, por un carril paralelo corre otra investigación, la que procura responder a la pregunta que se hicieron todos los que entraron en la casa de Masana el día del allanamiento: ¿cómo hacía para llevar esa vida, con ese sueldo?

En aquel procedimiento encabezado por la fiscal Virginia Bravo se secuestraron, además de armas sin papeles y balas con punta hueca, 69 partículas de cristales (efedrina); siete blister de Rivotril y 234 pastillas de éxtasis. Esto último podría explicar parte de sus ingresos “en negro”. Algunas fuentes calcularon que cada pastilla de éxtasis se consigue en el mercado a cambio de unos 1.000 pesos, aunque otras dijeron que el precio no supera los 600. Como sea, sólo en la bolsita Ziploc hallada el miércoles había más de 140 mil pesos, y otros 20 mil en cristales de cocaína.

Su perfil de Facebook y varios conocidos describen a Masana como un fanático de las fiestas electrónicas, ámbitos en los que presuntamente vendía drogas de diseño. También organizaba sus propios eventos, como el que montó a fin de año en su casona y dio que hablar en el Grand Bell, por los nombres de políticos y personajes de la farándula que concurrieron como invitados. ¿Allí también vendía?

Se cree que la defensa intentará probar que Masana es un adicto a esas sustancias, que gustaba de acopiar dosis para consumirlas o regalarlas. Eso deberá dilucidarlo la justicia penal. Pero le toca a Asuntos Internos del ministerio aclarar si los fondos por Policía Adicional (Polad) que Masana administraba en la Primera iban a los efectivos asignados a las mismas.

como funciona el sistema

Los policías de comando cumplen 48 horas semanales y los administrativos, 30. Todos los servicios que hagan fuera de su horario se pagan por horas Cores (extras) o servicio Polad. La “Cores” para tareas de comando vale 40 pesos, y la mitad si son administrativas.

Este régimen es bastante transparente, ya que cada a cada agente se le acredita en su cuenta sueldo el total de las que realizó. Cada comisaría tiene un monto asignado de horas Cores, que distintas fuentes adjudicaron a “la cantidad de personal”, aunque el modo en que las distribuye el titular es tan arbitrario como en cualquier dependencia pública.

Las dudas más fuertes están vinculadas con el manejo de los adicionales reglamentados por Polad. Se trata de servicios de seguridad que contratan los ministerios, bancos, oficinas, empresas y comercios, a través de la comisaría jurisdiccional y cuyos pagos se habrían suspendido desde diciembre.

Por el lugar en el que está, la seccional Primera concentra la mayor cantidad de objetivos; “más de 90”, estimó un jefe de la fuerza.

Según explicaron éste y otros voceros, cada servicio se cubre “con personal de la propia comisaría o externo”, por un monto que el prestatario deposita en dos cuentas del Banco Provincia: el 90% en la de la comisaría y el 10% en la que el ministerio de Seguridad tiene asigna a esa materia. Cada agente puede hacer un máximo de 240 horas (cada una vale 45 pesos) y las cobra en la seccional, debiendo firmar una planilla para rendirlas a Seguridad. Por lo que trascendió, Masana administraba “varios de esos servicios” desde la Torre Administrativa 2, lo que constituiría una irregularidad porque “los policías no pueden trabajar en comisión”, dijo un jefe de la fuerza.

Recordemos que cuando estalló el escándalo desde la Primera informaron a EL DIA que el subteniente detenido “prestaba servicios como caminante durante la noche, para prevenir delitos en restaurantes”, algo que, aparentemente, era falso.

Se investiga ahora cómo se pudieron desviar irregularmente fondos de Polad, pero la sospecha más fuerte es que se asignaron más horas y hombres que los reales para custodiar edificios públicos (con la complicidad, o no, de funcionarios), ya que los privados llevan un control estricto de los servicios por los que pagan y el dinero en juego es sensiblemente inferior. La “caja” total rondaría los 20 millones de pesos.

Se presume que otros jefes policiales estaban vinculados con esa maniobra, aunque no son pocos los que aseguran que Masana “tenía banca política y judicial”. En las últimas horas el diputado y presidente del bloque Frente Renovador Juan Amondarain presentó un pedido de informes “sobre las cifras reales de horas adicionales y CORES que percibieron los agentes de la policía durante el 2015 y las personas encargadas de la distribución de las mismas”, en busca de “posibles focos de corrupción “.