El gobierno de Dilma Rousseff acudió a la Corte por Lula

El gobierno de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) que ordene suspender todas las acciones judiciales que buscan impedir la asunción del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete, una medida que se tornó una batalla jurídica más en medio de la crisis política que arrastra la presidenta Dilma Rousseff.

La presentación fue hecha el sábado, y divulgada hoy, por la Abogacía General de la Unión (AGU) al ministro del STF Teori Zavascki, quien tiene que resolver dos pedidos de nulidad de la asunción de Lula y además es el encargado en la máxima corte de los casos de los investigados con fueros en la Operación Lava Jato, sobre la corrupción en Petrobras, que en primera instancia encabeza el juez federal Sérgio Moro.

El abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, afirmó en su presentación que el pedido de unificación de todas las causas procura "evitar la existencia contradictoria de la resolución del tema".

El viernes, el juez del STF Gilmar Mendes, un reconocido opositor al Partido de los Trabajadores (PT) gobernante, anuló, tal como había anticipado, la designación de Lula al considerarla un "salvoconducto" para ganar fueros y ser investigado por el máximo tribunal en lugar del juez de primera instancia.

Mendes devolvió en forma cautelar la causa a Moro, pero esa decisión debe ser sometida al voto del plenario de la corte suprema, que esta semana no tenía actividad programada a raíz del feriado de Semana Santa: es por eso que la votación en el Supremo Tribunal Federal sobre la legalidad de la asunción de Lula puede postergarse hasta el lunes 28.

El expediente de la investigación en lo que se refiere a Lula está en manos del ministro de la corte Zavascki, quien lo recibió de Moro apenas Lula fue nombrado ministro, debido a que tiene fueros.

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Moro tiene un pedido de prisión contra Lula hecho por la fiscalía de San Pablo por supuestamente ocultar bienes.

Rousseff acusó a Moro de haberle realizado espionaje ilegal al revelar una grabación de una conversación en la que ella le dice a Lula que firme el acta de asunción del cargo de ministro "en caso de que haya necesidad".

La presidenta nombró a Lula en el medio de su peor momento de gestión, desde que asumió su segundo mandato el 1 de enero de 2015 y con el vicepresidente Michel Temer preparando un gobierno sustituto para el caso de que se apruebe el juicio político en su contra que ya se abrió en la Cámara de Diputados.

El 68 por ciento de los brasileños aprueba el juicio político contra Rousseff, basado en supuesta irregularidad en la ley de responsabilidad fiscal del presupuesto 2015 y en la acusación del senador Delcidio Amaral, que le atribuye haber accionado para obstruir las investigaciones de la operación Lava Jato, según una encuesta del Instituto Datafolha publicada hoy.

La mandataria niega las acusaciones y el rechazo al juicio político que aprueban la oposición, aliados del gobierno y las cámaras empresariales, es considerado como un intento de golpe de estado por parte del PT y sus aliados, que se manifestaron el viernes en las calles de todo el país, en la cual participó a Lula y llamó a la paz social.