Cobros ilegales: la causa que quedó en la nada

Por segunda vez en tres meses, las palabras sobres, policías bonaerenses y coimas volvieron a combinarse el viernes por una causa judicial que terminó con tres jefes de esa fuerza presos por la supuestas protección a un “centro de operaciones de juego clandestino” en el partido de Malvinas Argentinas.

Algo parecido sucedió el 1 de abril pasado en La Plata, cuando auditores de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense irrumpieron en la Jefatura Departamental y encontraron 36 sobres con 153.700 pesos que se habrían obtenido a partir de una recaudación ilegal de distintas dependencias policiales de la Ciudad, supuestamente por encubrir actividades ilícitas.

Igual que en Malvinas Argentinas, los sobres secuestrados en las oficinas de 12 entre 60 y 61 estaban rotulados, es este caso con números que -se cree- indicaban el destinatario, y el nombre de la seccional de donde provenían.

A pedido del fiscal Marcelo Martini la jueza de Garantías platense Marcela Garmendia había ordenado la detención del jefe, Darío Camerini; el segundo, Rodolfo Carballo; el secretario, Walter Skramowskyj; el jefe de operaciones, Ariel Huck; y la oficial administrativa, María de los Angeles Ramírez.

Todos fueron separados de sus cargos, pero la Sala III de la Cámara de La Plata no avaló las detenciones y frenó el expediente, elevándolo a Casación para que esta instancia defina el pedido de nulidad de lo realizado por Asuntos Internos que plantearon las defensas.

La causa, que también comenzó con un llamado anónimo, tuvo muchas idas y vueltas.

Luego del fallo de la Sala III de la Cámara Penal de La Plata, que le puso un freno a la orden de detención contra los policías, a mediados de mayo el fiscal Martini incorporó una nueva denuncia sobre la llamada “caja negra” de la Bonaerense.

La presentación, fechada el 2 de mayo, refiere a un hecho presuntamente ocurrido el 18 de abril. Para entonces ya habían sido desplazados todos los acusados, por lo que el planteo instalaba la sospecha de que la práctica recaudatoria seguía vigente.

“UNA ASOCIACION DELICTIVA”

En su pedido de detención para los imputados, el fiscal describió que “se encuentra legalmente acreditado en autos que al menos en el período comprendido entre los meses de diciembre del año 2015 y marzo del año 2016 un grupo de al menos cuatro personas, todos funcionarios policiales pertenecientes a la Jefatura Departamental La Plata, en forma organizada, conformaron una asociación delictiva destinada mancomunadamente a cometer ilícitos en perjuicio de distintas personas, siendo algunos de ellos comerciantes”.

Para el titular de la UFI 3, el circuito de recaudación tendría inicio en distintas seccionales platenses y, por la estructura piramidal que caracteriza a la fuerza, llegaría a los estratos más altos, donde, su posterior distribución, se haría en base a la jerarquía de los componentes.

“(...) abusando de su cargo, amparándose en su condición de pertenecer a las fuerzas de seguridad solicitaban y exigían indebidamente la entrega de sumas de dinero a distintos comerciantes de las zonas correspondientes a sus jurisdicciones para brindar seguridad o permitir la realización de actividades ilícitas como funcionar sin habilitación, o vender estupefacientes”, expresó Martini.

El fiscal, como prueba de cargo, tomó en consideración las denuncias de dos comerciantes del Gran La Plata. Y entendió configurados los delitos de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”, para cuatro de los involucrados, y de “encubrimiento agravado”, para el restante. Por eso pidió su detención. La jueza Garmendia estuvo de acuerdo. Pero la defensa de los ex policías recurrió a la Cámara Penal, que revocó esa decisión.