La Provincia reclama ante la Corte por los recortes en la coparticipación

Hace algunos años hicieron punta Santa Fe, San Luis y Córdoba. Y ahora llegó el turno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de María Eugenia Vidal inició dos demandas contra el Estado nacional por los recortes en los recursos federales que recibió entre 2011 y 2015 y reclamó la devolución de 48 mil millones de pesos.

La presentación judicial, realizada a través de la Fiscalía de Estado, se radicó ante la Corte Suprema.

El reclamo judicial tiene que ver con el avance del gobierno central sobre los recursos coparticipables que se deben distribuir entre las provincias. De esa masa de fondos, la Nación se viene quedando desde hace años con un 15% con destino a engrosar las arcas de la Anses y de otro 2% para la AFIP.

En los últimos años algunas provincias hicieron planteos ante la Corte nacional, que hacia fines de 2015 terminó fallando en favor de los Estados provinciales y ordenó la devolución de lo retenido. Con esa jurisprudencia a favor, ahora la Fiscalía de Estado bonaerense fue a la carga en busca de un tratamiento similar.

OBLIGACION

“Teníamos la obligación de hacerlo no sólo porque consideramos que la Provincia está discriminada, sino porque nos exponíamos a incumplir los deberes de funcionarios públicos”, decían ayer en la Gobernación.

El fallo en favor de las mencionadas tres provincias tiene una historia reciente y controvertida. Como se dictó casi al final del mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la mandataria firmó un decreto para devolver lo que venía reteniendo la Nación a todas las provincias. Apenas asumió, el actual mandatario Mauricio Macri anuló esa decisión a través de otro decreto por el enorme costo fiscal que supondría aplicarlo.

Sin embargo, y en el marco de una negociación con los gobernadores, Macri accedió a firmar un acuerdo para restituir a partir de este año, en forma paulatina, el 15% con que se queda la Nación. Será a razón de un 3% por año y para la Provincia, en este ejercicio, representará unos 3 mil millones de pesos.

Pero ese acuerdo no impide que los estados provinciales puedan reclamar el retroactivo. “No se renunció al derecho a reclamar judicialmente”, se indicó en el gobierno provincial. Por eso la administración Vidal fue por el recupero del período 2011-2015, que es el que legalmente puede exigir.

Según las estimaciones oficiales, esos cinco años representan 48 mil millones de pesos.

Como se dijo, la Provincia inició dos demandas. La primera es contra el Estado nacional y plantea la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 que dispuso la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a la Anses.

Para la Fiscalía de Estado, esa ley se prorrogó “unilateralmente”. Y añade: “La Provincia sólo adhirió al artículo 76 con respecto a la prórroga del Pacto Federal II de 1993 y la detracción del 15 % está prevista en el Pacto Federal I de 1992, por lo que el reclamo es viable de acuerdo a la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema”.

El reclamo del Estado provincial por ese concepto es de 40 mil millones de pesos.

Sobre este tema ya se expidió en favor de las provincias la Corte nacional ante el reclamo de San Luis, Santa Fe y Córdoba. Buenos Aires ahora pretende un tratamiento similar.

La segunda demanda iniciada por la Provincia es contra la Nación y la AFIP. El origen de la controversia data de 2001 cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa dictó un decreto para detraer un 2% de los fondos coparticipables con destino a financiar los gastos de funcionamiento de la AFIP.

Concretamente, se plantea la inconstitucionalidad del decreto y que se ordene a la AFIP el inmediato cese del descuento. De ahí que se presentara una medida cautelar.

Esta segunda demanda involucra unos 8 mil millones de pesos, también por el período 2011-2015.

DISCRIMINACION

La Provincia viene siendo discriminada desde hace años en materia de recursos federales. El proceso arrancó en los años ´80 cuando cedió al resto de las provincias 6 puntos de coparticipación.

Pero luego se profundizó con el congelamiento de los fondos que recibe por el Fondo del Conurbano (ver aparte). En principio se asignaron recursos del 10% de la masa coparticipable neta de Ganancias.

Pero a partir de 1998 se estableció un tope de $650 millones anuales de la masa coparticipable neta de Ganancias, mientras que el excedente se reparte entre las restantes jurisdicciones.

La creación del fondo tenía como objetivo inicial beneficiar con ingresos extra a Buenos Aires para atender las necesidades del Conurbano, pero su congelamiento hace que cada año se transfirieran cada vez más recursos hacia otras jurisdicciones en detrimento de la Provincia.