Vuelven a prorrogar un beneficio impositivo para colegios privados

Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la eximición del pago de las obligaciones patronales con el fisco a los colegios privados.

Se trata de una nueva prórroga, ya que, con interrupciones puntuales, la medida se viene aplicando desde el 2001.

“Lo que sucede este año es que esta situación de privilegio para las escuelas privadas se extiende en un contexto donde el gobierno se niega a llamar a la paritaria, y en las provincias ofrecen aumentos salariales inaceptables”, dijo a este diario una fuente gremial del sector.

El DNU publicado en el Boletín Oficial suspende “desde el 1º de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto Nº 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial”.

En su artículo primero, el decreto 814/2001, dice: “Déjase sin efecto toda norma que contemple exenciones o reducciones de las alícuotas aplicables a las contribuciones patronales”.

La excepción a la norma tuvo que ver directamente con la gravísima crisis económica y social del 2001.

En los considerandos del DNU actual se señala que la aplicación de las contribuciones patronales “provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país”.

“crisis mundial”

“Tal situación -sigue- puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el gobierno nacional procura evitar sus mayores riesgos”, añade.

De acuerdo a la Ley 24.241 del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, todos los empleadores privados contribuyen, para la jubilación del personal con relación de dependencia, con un aporte equivalente al 16% del haber remuneratorio de la nómina del establecimiento.

En junio de 2001, el gobierno de Fernando De la Rúa adoptó una modalidad de alícuota única para la casi totalidad de las contribuciones, estableciéndolas en el 20 y en el 16% según la categoría de los establecimientos.

Pero, como se dijo, ante la crisis económica que vivía el país, en agosto de ese mismo año se suspendió la aplicación de esos aportes, situación que se reiteró en los siguientes.