Allanaron dependencias oficiales por presuntas maniobras en ANSeS

Investigan el uso de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados

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El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanamientos en el Ministerio de Finanzas, la ANSeS y la empresa Iecsa, en el marco de una causa en la que se investigan operaciones con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Según se indicó en Tribunales, Bonadio dispuso los operativos en una causa impulsada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo jubilatorio.

LA INVESTIGACION

El fiscal Jorge Di Lello impulsó la investigación y pidió una decena de órdenes de presentación y allanamientos en distintas oficinas públicas y empresas privadas.

La realización de los procedimientos fueron encargados a la Policía Federal en el Ministerio de Finanzas, ANSeS, Comisión Nacional de Valores (CNV) y las firmas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y la constructora Iecsa, que fue vendida hace unos meses por Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, al grupo de Marcelo Mindlin, indicaron las fuentes.

Según el escrito, en octubre de 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos.

En la misma acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%.

Según la acusación, la medida habría generado una pérdida de 75 millones de dólares al Estado.

El fiscal sostuvo que el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank.

VENTA DE ACCIONES

En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.

En tanto, fuentes de ANSeS aseguran que la recomendación de financiar los gasoductos de Córdoba “estaba basada en las cualidades del proyecto, el plazo, monto y tasa de la inversión”.

Además sostuvieron que “la recomendación en su momento de monetizar el activo de EPEC no era basado en un tema de liquidez sino en la alternativa de vender un activo a un precio por encima de la par para capturar esa ganancia que junto con el capital original poder analizar otras alternativas rentables de inversión”. Por su parte, recalcaron que el activo de EPEC no fue vendido y el proceso de venta se encuentra suspendido, este activo sigue en cartera del FGS.

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