Ahora procesaron a un ex gobernador de Santa Cruz

El juez Claudio Bonadio procesó ayer, el mismo día en que Cristina Fernández de Kirchner festejó su elección en las PASO en la provincia de Buenos Aires (ver pág. 8), al ex gobernador de Santa Cruz Carlos Alberto Sancho como supuesto miembro de una asociación ilícita que habría encabezado la ex presidenta para el lavado de activos en la causa “Los Sauces”.

Así lo indicaron fuentes judiciales, que precisaron que Bonadio dispuso además embargar al ex mandatario por 10 millones pesos.

“El aporte de Sancho en estos hechos es el haber creado empresas a fin de canalizar los alquileres espurios hacia Los Sauces SA. y gerenciar con una de sus empresas, y de la que luego formó parte como empleado, un hotel perteneciente a la sociedad de la familia Kirchner”, sostuvo el juez en el fallo.

RELACION CON “LOS SAUCES”

Bonadio afirmó que “sus empresas fueron creadas en momentos en que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabeth Fernández ocupaban los más altos cargos del Poder Ejecutivo Nacional” y todas tienen relación con “Los Sauces SA”, la firma a través de la cual -se sospecha- la familia presidencial cobraba “retornos” de las obras públicas y concesiones petroleras entregadas a empresarios amigos.

El juez remarcó que la empresa “Negocios Inmobiliarios SA” fue creada el 31 de agosto de 2005 e “Idea SA”, el 7 de septiembre de 2011, firma esta que “se hizo cargo de la concesión del hotel ‘La Aldea’ cuando ‘Valle Mitre SA’ -de Lázaro Antonio Báez- dejó esa administración”.

El ex gobernador “cumplió su rol a sabiendas de que formaba parte de una asociación ilícita” y creó “una sociedad inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita”, añadió.

LA RELACION CON LOS K

Sancho, que pertenece a una tradicional familia de comerciantes locales dedicada al rubro inmobiliario, entró en política en 1999 y su estrecho vínculo con el extinto ex presidente Néstor Kirchner lo llevó a integrar una fórmula para la gobernación junto a Sergio Acevedo.

Cuando Acevedo renunció en 2006 por supuestos motivos personales con una crisis en la provincia y una distante relación con Kirchner, Sancho pasó a ocupar el Ejecutivo provincial hasta mayo de 2007, cuando también abandonó el cargo en medio de un conflicto con los docentes provinciales.

La situación judicial de Sancho se complicó el 17 de julio pasado, cuando el juez ordenó la detención del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, porque supuestamente habría querido eludir los embargos judiciales cobrando plata de alquileres en cuentas del ex gobernador.

Cuando enfrentó la indagatoria, Sancho aseguró que no integró ninguna asociación ilícita y que su vinculación con el caso fue el cobro de alquileres en nombre del condominio formado por Máximo y Florencia Kirchner, de forma “transparente, legal y ordinaria”, por ser apoderado del diputado de la agrupación “La Cámpora” e hijo de los ex presidentes, Máximo Kirchner.

“UNA ORGANIZACION”

Pero el juez Bonadio sostuvo en la resolución que Sancho fue integrante de una organización junto a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia, su sobrina Romina Angeles Mercado, el empresario Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro y Luciano y el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Souza.

En esa agrupación también fueron procesados como integrantes de la supuesta banda el contador Manzanares (detenido), Osvaldo José Sanfelice, Alejandra Jamieso, Martín Samuel Jacobs, Claudio Fernando Bustos, Emilio Carlos Martín, Ricardo Alejandro Albornoz, Marcelo Ludueña, Norma Beatriz Abuin, Alberto Oscar Leiva, Lisandro Donaire, Myriam Elizabeth Costilla y “otras personas que aún no se han identificado”, dice la resolución.

La asociación ilícita, dijo el juez, funcionó desde el mes de mayo de 2003 (cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada) hasta el día 14 de diciembre de 2016, día en que se dispuso la intervención judicial de “Los Sauces SA” y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, y tenía como “finalidad recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito”.