El referendo separatista catalán tensa la situación en España

BARCELONA.- La Justicia española persistió ayer en denunciar la organización del suspendido referendo secesionista catalán, mientras que los partidos independentistas que lo apoyan se preparan para una campaña electoral prohibida por el Tribunal Constitucional (TC).

La Fiscalía catalana presentó una querella contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, designados por el Parlamento regional para ejercer como Junta Electoral en el plebiscito que el Gobierno de esa región española pretende celebrar el 1 de octubre. Se los acusa de desobediencia, usurpación de funciones y malversación por desoír la orden de suspensión del referendo acordada por el TC.

Ajeno al cerco judicial, el presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, participó, junto al vicepresidente de su Ejecutivo, Oriol Junqueras, en un acto a favor de la consulta, que los independentistas califican como el primero de la campaña electoral, desoyendo al Tribunal.

En aplicación de las órdenes del TC, el Ministerio Público también denunció a los presidentes de dos asociaciones de municipios comprometidas en promover y organizar la consulta ilegal, pese a su suspensión.

Los alcaldes (más de 700) están en el punto de mira en estos días previos al referendo, después de que el Gobierno regional catalán les pidiera que cedieran locales para la votación, lo que los pone en la disyuntiva de aceptar la petición u obedecer al Constitucional. Ayer, la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, aseguró que el 1 de octubre en esa ciudad “se podrá participar sin poner en riesgo la institucionalidad ni a los servidores públicos”, después de llegar a un acuerdo con el Gobierno catalán para facilitar la participación, aunque no precisó los términos.

Pero además de la Fiscalía, el Estado está desplegando otros resortes de poder y ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó a la Guardia Civil inhabilitar la web del referendo que tiene el Ejecutivo catalán e identificar qué medios de comunicación con sede en Cataluña insertaron publicidad institucional sobre la consulta. Es la segunda página que se abría después de que la Guardia Civil cerrara la primera, y contaba con el apoyo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien aseguró en su cuenta de Twitter que ayudaba “a proteger” dicha página. También la Policía española quiere reforzar su presencia en Cataluña con vistas a la consulta separatista y está pidiendo agentes voluntarios.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió que actuará con “firmeza” ante cada paso que dé el Ejecutivo regional catalán hacia el 1 de octubre. “Toda medida que se tome para responder a un delito será proporcionada”, dijo. Millo evitó concretar si se tomarán medidas para impedir los actos que preparan las fuerzas independentistas de cara a la campaña que arrancó anoche, aunque sí subrayó que “el Gobierno actuará con serenidad ante toda acción encaminada a cometer un delito”.

En medio de la tensión entre el Gobierno regional y el Estado central, el vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, se negó a enviar al Ministerio de Hacienda los gastos semanales porque lo considera “un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”. Como respuesta, el Gobierno español aprobará hoy nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la celebración del referendo independentista.

En julio pasado, el Ejecutivo español impuso al catalán la obligación de enviar estos informes semanales para que certificara por escrito que no destina partidas presupuestarias” al referendo. Una vez aprobadas esas medidas, está previsto que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, viaje a Barcelona a presidir una reunión de la Junta Directiva del conservador Partido Popular al que pertenece.