Finalmente, la embarazada logró que le devuelvan la casa de la usurpación

“Por los menos me dejaron el techo y las paredes”, reflexionó Stella Luna unos pasos después de trasponer el umbral de la puerta de acceso a la casa en la que vive desde hace cinco años y según denunció, le fue usurpada hace dos semanas en una violenta escena que incluyó una amenaza con un arma de fuego. Eso la empujó a una situación de vulnerabilidad extrema con cinco meses de embarazo y cinco hijos menores: solo les quedó como habitación y refugio una camioneta Peugeot Partner. En ese vehículo hacía un reparto de panificados hasta que la crisis económica y un drama familiar (denunció a su pareja por violencia de género y abuso) le arruinaron el negocio.

Luego de trece días en la calle, la exposición pública del caso y la intervención judicial por su denuncia de usurpación condujeron a la restitución del inmueble. Ocurrió en la medianoche del martes, en la comisaría décimo primera de Ringuelet, donde Luna se vio cara a cara, ante la Policía, con un hombre a quien acusó de echarla de su casa con amenaza de violencia, el pasado 28 de octubre.

“Primero vinieron a decirle a una vecina que me iban a dar la llave y luego, en la comisaría me pidió -el acusado- que retire la denuncia, pero me negué”, contó ya en la casa de dos plantas que une dos departamentos en el complejo Justicia Social (17 a 19 entre 524 y 526).

Esa presentación dio lugar a una investigación de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo (UFI Nº 17) en la que se busca establecer si la mujer fue lanzada a la calle con violencia y si, como también denunció, le robaron los muebles, la ropa y el equipamiento general de la casa de dos plantas conformada a partir de la unión de dos duplex del complejo, pensados inicialmente -en la lógica social de las viviendas construidas por el Estado- para albergar a dos familias adjudicatarias.

En la Fiscalía también se trabaja para esclarecer quién es el titular del derecho de posesión del inmueble. Luna explicó que adquirió ese poder en una negociación realizada en 2013 con quien era la titular ante el Instituto de la Vivienda de la Provincia y resuelta con un pago de 75 mil pesos.

Ahora se sospecha que la ruptura en la relación de pareja con quien denunció pudo derivar en otra negociación a sus espaldas con personas del barrio, quienes se presentaron a ocuparla blandiendo un acuerdo informal.

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“De acá no me muevo. Voy a dormir sobre un colchón tirado en el piso. Esta es mi casa y me quedo acá

Stella Luna Damnificada

Luna relató que el 28 de octubre debió salir por trámites vinculados con la denuncia a su ex pareja y al volver “había gente dentro de mi casa y un hombre que desde el primer piso, con un arma, me decía que tenía que irme”.

En estas horas, la Justicia analiza información oficial sobre la titularidad de la vivienda y un acta de transferencia de derechos que presentó Luna. “Todavía no podemos acreditar de quién es la posesión”, indicó una fuente de la UFI Nº 17.

Tras dos semanas en la calle, deambulando entre la vereda de enfrente y la casa de familias amigas, Luna volvió a su hogar, que estaba vacío, según denunció: “tenía una casa con muebles y no quedó nada. Está vacía, rota y toda sucia”, dijo.

Al desahogo por la vuelta y la desazón por las condiciones que encontró se sumaba ayer la inquietud por movimientos en el barrio: “mis vecinos son gente de bien, solidaria y humilde, pero veo que los que me habían usurpado pasan a cada rato. Por eso, estoy esperando que venga la Policía”, dijo.

Sobre el final de la tarde, una fuente de Tribunales cercana al caso informó que la fiscal Di Lorenzo dispuso una custodia policial en inmediaciones de la vivienda.

Sobre el final de la tarda, la embarazada, con sus hijos más chicos (los dos más grandes, adolescentes, estuvieron junto a su padre durante los últimos días), intentaba acomodarse en las habitaciones prácticamente vacías. “De acá no me muevo. Voy a dormir sobre un colchón tirado en el piso. Esta es mi casa y me quedo acá”, le dijo a este diario Luna.

Sin el negocio que tuvo en la planta baja de uno de los dos departamentos, la mujer solo cuenta con asistencia estatal mediante la asignación universal por hijo. “Si alguien puede ayudarme, lo voy a agradecer”, dijo.