El agujero negro en el sistema previsional argentino amenaza a los futuros jubilados

Por ROBERTO SALOMÓN
Investigador Econométrica

Un reciente informe de Ramiro Castiñeira confirma la precaria situación del sistema previsional argentino, con ingresos que representan un 7,1% del PBI y egresos que ascienden al 11,7% del mismo. Como señala el informe, el sistema tiene actualmente 11,3 millones de aportantes y 8,3 millones de jubilados y pensionados. Resulta obvio que no es financieramente factible que las contribuciones de 1,4 trabajadores activos alcancen para pagar aun los magros beneficios que recibe la clase pasiva.

Las ya precarias finanzas del sistema se agravaron aún más con las moratorias que agregaron cerca de 2 millones y medio de beneficiarios sin asignar los recursos necesarios para su financiamiento. Además, hay una amenaza latente en el 30% de trabajadores informales que en su mayoría necesitarán una red de protección social cuando llegue el momento.

SUCESIVOS GOBIERNOS DILAPIDARON LOS FONDOS DEL SISTEMA

El sistema tradicional de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, funciona correctamente y es sustentable con población estable o creciente. Cuando se enfrentan situaciones con envejecimiento poblacional y un elevado porcentaje de trabajadores al margen del sistema, resulta mucho más difícil lograr su sustentabilidad.

El problema argentino se debe fundamentalmente a que sucesivos gobiernos dilapidaron los fondos del sistema. Sin embargo, dado el elevado nivel porcentual de las contribuciones, con la suma de los aportes patronales y de los trabajadores se debería contar con fondos suficientes para financiar un nivel de prestaciones digno, en lugar de la latente crisis financiera que he llamado “agujero negro” del cual costará salir aun si se adoptaran medidas inmediatas para superarlo.

Hasta ahora, las propuestas de solución tanto en Argentina como en otros países que enfrentan situaciones parecidas pasan por el aumento de la edad jubilatoria o la privatización. El fracaso de las experiencias sobre jubilaciones privatizadas exime de mayores comentarios. Basta con señalar que el sistema privado hace recaer sobre cada aportante todo el riesgo del mercado perdiendo los beneficios del “pooling” de riesgo, discrimina contra las clases de menores ingresos, y sobre todo, destruye el concepto de solidaridad social que constituye la base del sistema.

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En cuanto al aumento de la edad, las cifras demuestran que las contribuciones efectuadas durante la vida laboral serían más que suficientes para garantizar un digno retiro si los fondos hubieran sido protegidos y dedicados a su finalidad original en lugar de ser dilapidados.

Cabe observar que el sistema argentino tiene una enorme ventaja sobre los de otros países, dado que los aportes legales son del 26% de los salarios, mientras en Chile son solo del 10%, a cargo del trabajador, y en el sistema de Seguridad Social (Social Security) de los Estados Unidos suman el 12,4%. Por otra parte, los efectos del cambio tecnológico sobre la empleabilidad de personas de edad avanzada y los problemas de empleo que tal medida crearía no han sido debidamente analizados por sus proponentes.

En cambio, si pudiera superarse la actual crisis financiera, la configuración legal del sistema permitiría un sistema sostenible, capaz de brindar generosos beneficios,

Es decir que con un discreto rendimiento del 1% real anual, el beneficio mensual sería igual al ansiado 82% del sueldo en actividad. Y por supuesto, con rendimientos mayores a la inversión de los fondos aportados, los potenciales beneficios serían inimaginables bajo la óptica de la situación actual.

Cabe aclarar que no se proponen beneficios por encima del 82%, sino señalar que los excedentes podrían engrosar las reservas del sistema y asegurar su sustentabilidad en el tiempo.

Por supuesto que la actual situación fiscal con un elevado déficit presupuestario no permite implementar las medidas necesarias para resolver el agudo problema financiero descripto en los párrafos precedentes. Sin embargo, el momento político que vive el país, en el cual por primera vez en muchos años se observa un intento de mirar hacia transformaciones de largo plazo, parece brindar una oportunidad de analizar posibles medidas que contribuyan a una solución, aun cuando las mismas deban esperar por un panorama fiscal más favorable.

“CUANDO ESTÁS EN UN POZO, NO SIGAS CAVANDO”

Al momento de finalizar el presente trabajo se publicó la puesta en vigencia de la reducción de aportes patronales. Si bien es encomiable el objetivo de incentivar la generación de empleo y, sobre todo, la incorporación de trabajadores marginales al sistema oficial, la herramienta elegida no parece ser la más idónea.

Parafraseando una expresión común en los Estados Unidos, “cuando estas en un pozo, no sigas cavando” (when you are in a hole, stop digging). Dado el sostenido deterioro financiero del sistema previsional, no creo conveniente agravarlo con medidas que le resten ingresos a la vez que acentúan la dependencia de rentas generales, afectando así la sustentabilidad del sistema.

Debería ser posible encontrar otras medidas para estimular el empleo, enfocando directamente la generación real de nuevos puestos de trabajo, en lugar de esperar lograrlo mediante los efectos indirectos de la rebaja. Por ejemplo, aplicar la mitad del costo fiscal (del 0,13 al 0.58 por ciento del PBI) al reembolso directo de $40.000 por trabajador a empresas que comprueben nuevos empleos, permitiría financiar más de 400.000 nuevos puestos de trabajo en 2018, 350.000 adicionales en 2019, otros 370.000 en 2020 y 2021, y finalmente 350.000 en 2022, para un total de 1.850.000 en todo el periodo. Además, esto dejaría otro tanto para financiar otras reducciones del “costo argentino” o reducir el impacto fiscal.