Venezuela autoriza a los privados a negociar divisas tras 15 años de prohibición

Tras 15 años de prohibiciones, el gobierno de Venezuela autorizó este jueves transar divisas en casas de cambio para atraer capitales y paliar la hiperinflación, medida que según expertos tendrá impacto limitado.

A pedido del presidente Nicolás Maduro, la oficialista Asamblea Constituyente derogó una ley que castigaba con multas y penas de hasta 15 años de cárcel a quienes realizaran operaciones al margen de un rígido control cambiario.

"Los actores económicos quedan facultados para dirigirse a las casas de cambio que serán autorizadas por el Ejecutivo y hacer cualquier operación de manera legal y segura", señaló el vicepresidente de economía, Tareck El Aissami.

Según el decreto, el gobierno socialista, enfrentado a cuatro años de recesión, busca otorgar "las más amplias garantías" para integrarse al "modelo de desarrollo socioeconómico y productivo del país".

Desde que fue impuesto en 2003, el control de cambios dio al Estado el monopolio de las divisas y la potestad de fijar la tasa, pero la falta de liquidez disparó un mercado negro donde las cotizaciones multiplican por 30 la oficial.

Analistas sostienen que ese diferencial potencia la corrupción y genera presiones inflacionarias, pues la mayor parte de las importaciones privadas se realizan con dólares del mercado paralelo.

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El FMI proyecta para 2018 una caída del PIB de 18% y una inflación de 1.000.000%, disparada que obligó al gobierno a eliminar cinco ceros a la moneda local, el bolívar, a partir del próximo 20 de agosto.

El objetivo es "devolverle a la clase trabajadora su poder adquisitivo" y quebrar los "marcadores paralelos que pretenden desestabilizar nuestro sistema financiero", afirmó El Aissami.

La reforma también pretende incentivar la inversión extranjera, al permitir que empresas "puedan repatriar sus capitales", había dicho el ministro en días pasados.

Si bien esta semana admitió el "fracaso" de su modelo de producción, Maduro atribuye el alto costo de vida a una "guerra económica" de la oposición y Estados Unidos, que le impuso sanciones financieras.