Hacía las amenazas de bomba desde un teléfono público, lo descubrieron y terminó preso

La embestida judicial y policial para desarticular el “bombardeo” de intimidaciones públicas que tiene a maltraer a las comunidades educativas de la Región acaba de dar otro golpe: en la localidad de Abasto detuvieron a un joven de 18 años acusado de realizar numerosas amenazas de bomba a establecimientos educativos platenses.

Para que no lo detectaran, algunos de esos llamados los realizó desde un teléfono semipúblico instalado en un comercio cercano a su domicilio, pero igual lo descubrieron y terminó aprehendido. Encima, le incautaron armas.

Las intimidaciones las recibía uno de los colegios más castigados por este flagelo en los últimos meses, la Secundaria 22, ubicada en 520 entre 138 y 139, en el barrio de La Granja. La comunidad educativa de esa institución escolar, cansada de los trastornos que acarrea cada llamado, se manifestó reiteradas veces para exigir medidas a fin de terminar con esta problemática.

En este marco de preocupación, en las últimas horas efectivos policiales comandados por la DDI La Plata atraparon en Abasto a un joven de 18 años acusado de llevar a cabo intimidaciones a ese establecimiento educativo y que alcanzaron además a la Primaria 41 que se encuentra al lado.

Conforme información oficial, la investigación comenzó tras un llamado por amenaza de bomba ocurrido el 5 de julio a las 15.30, que obligó ese día a las autoridades de ambas instituciones a desalojar a los alumnos para dar lugar a las inspecciones de la Brigada de Explosivos.

Tras constatarse la falsedad de esa intimidación, los investigadores procedieron a rastrear el llamado, que se correspondió con un teléfono público ubicado en un comercio de Abasto, más precisamente en la zona de 520 y 208.

El dato llevó a los investigadores a poner el foco en esa localidad, sobre todo en las cámaras de seguridad de la zona y en la información que pudieran aportar comerciantes y vecinos.

De ese modo, lograron el primer paso que fue identificar al presunto autor de los llamados. Luego, se montó en el mencionado local una guardia policial y se instalaron cámaras, cuyas imágenes dieron cuenta de que el sospechoso regresó y realizó una nueva intimidación. La secuencia quedó filmada y ahora forma parte del expediente judicial.

Con esos elementos probatorios, en las últimas horas se procedió al allanamiento de su vivienda, cercana al comercio desde donde realizó las amenazas.

Durante el operativo, a cargo de la DDI local y bajo supervisión de su director, Néstor Muñoz, el acusado fue detenido.

Además se procedió al secuestro de una escopeta calibre 14 milímetros sin documentación, una arma “tumbera” (de fabricación casera), unos 45 gramos de marihuana y una docena de teléfonos celulares.

En efecto, quien entonces sería el autor de amenazas a las escuelas del barrio La Granja ahora carga con una causa con los cargos de “intimidación pública, tenencia ilegal de arma e infracción a la ley 23737, la cual investiga la UFI Nº 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Condomí Alcorta.

cambios en el protocolo

Desde que se resolvió unificar las causas por intimidaciones públicas hubo al menos seis sospechosos identificados en distintas causas.

La embestida judicial es parte de una serie de medidas de corto y mediano plazo que se tomaron para ponerle fin a una problemática que, este año, hizo perder a miles de alumnos de la Región más días de clases que los paros y los problemas de infraestructura.

Como ya informó este diario, se blindarán los establecimientos educativos más afectados por esta práctica que, de acuerdo a la pesquisa en marcha, podría tener motivaciones que irían más allá de bromas de adolescentes, aunque en muchos casos hayan sido menores los “pescados in fraganti”.

Asimismo, desde la semana pasada se realizan controles preventivos en las escuelas más castigadas por la ola de amenazas de bomba. La medida implica que, previo al ingreso de los estudiantes, agentes verifican si hay algún elemento sospechoso y luego suele quedar una guardia en la puerta. Es lo que en medios judiciales y de las fuerzas de seguridad denominan “blindaje de escuelas”.

La idea es que, tras el exhaustivo control preventivo y la permanencia de una guardia durante el horario escolar, no haya evacuaciones por más llamados que se realicen.

A mediano plazo, como se adelantó, la medida pasa por un cambio en el protocolo de actuación ante cada amenaza. La consigna del mismo podría ser “primero se investiga, luego se evacua (o no)”.