Tensiones y charlas entre oficialismo y oposición por el nombramiento de nuevos jueces

Por MARIANO PEREZ DE EULATE

mpeulate@eldia.com

Al menos hasta anoche, parecía cada vez más seguro que la sesión del Senado provincial en la que se intentará aprobar los pliegos de 42 nuevos jueces y fiscales pasará para después de las elecciones del domingo 27. Es uno de los dos temas judiciales que viene tensionando bastante la relación entre Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- y el peronismo bonaerense que, en base al resultado de las Primarias de agosto, se ve cada vez más cerca de poder reemplazar a María Eugenia Vidal por Axel Kicillof.

El otro tema tensionante es la aparente decisión peronista de ir por la Procuración de la Corte y asi lograr el desplazamiento del actual Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte-Grand, en el caso de llegar al poder nuevamente. El cargo, en principio, no tiene vencimiento pero la actual oposición pretende replicar lo que hizo el macrismo cuando accedió a la gobernación: meter la suficiente presión política como para que el jefe de los fiscales de la Provincia decida dar un paso al costado, tal como hizo en su momento la justicialista María del Carmen Falbo., aunque sobre ésta pesaron acusaciones formales graves que la llevaron a pedir la jubilación.

Respecto al tema de los pliegos de los nuevos funcionarios judiciales hay discretas conversaciones entre los dos sectores, como ya contó este diario. Públicamente, la discusión entre oficialismo y oposición se había dado cuando, luego de las PASO, el vidalismo avanzó con el trabajo legislativo para las designaciones en el Senado, donde tiene números muy favorables para la aprobación. Argumentó que los pliegos fueron ingresados en julio.

Proyectando un triunfo de Kicilloff en las inminentes elecciones generales, el PJ se opuso diciendo que un gobierno que eventualmente se está yendo no debería proponer los nombres de los jueces a la Cámara Alta; y que eso buscaba una suerte de control futuro de ciertos nichos judiciales por parte de Cambiemos.

Pero, más allá de esa alharaca, se abrieron canales de comunicación discretos, cuyos contenidos varían de acuerdo a las fuentes que se consulten.

El vidalismo asegura que intentará imponer el siguiente criterio, en base a su mayoría legislativa: esta tanda de nombramientos debe salir según lo que ya está en el Senado y, para futuras designaciones -hay muchas vacantes aún-, están dispuestos a negociar todo, en base a que conservarían la mayoría en la Cámara alta aún perdiendo la elección.

En el peronismo aseguran que no piensan colaborar para darle una victoria “de salida” a Vidal. Y parecen enconados con un nombre en particular que sobresale de la lista de postulantes judiciales: el de Francisco Pont Vergés, que aspira a una vacante en el Tribunal de Casación Bonaerense, la máxima instancia penal.

Pont Vergés es un hombre de extrema confianza de Conte Grand. Es virtualmente su segundo, desde la secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, más allá de que hay en funciones un sub procurador. Por lo que se sabe, Conte Grand -cercano a Vidal- ha dejado clarísimo en el mundillo judicial y político que tiene la decisión de defenderlo a muerte. Pretendería lo mismo de los senadores oficialistas.

Es en esta instancia que en la Procuración hace cierto ruido la versión sobre la reservada negociación en marcha por el tema pliegos entre oficialismo y oposición y que se daría a niveles extra legislativos.

En concreto, Conte Grand no aceptaría que eso signifique “entregar” a su actual funcionario. El Procurador ya se habría comprometido con Vidal a resistir los embates que sabe que llegarán sobre él mismo si el PJ regresa al poder y busca esa silla para alguien propio. Pretendería, pues, una reciprocidad a la hora de la defensa del pliego de Pont Vergés.

Sobre Vidal pesa cierta presión para que retire el pliego de Pont Vergés a partir de dos movidas judiciales. La primera es una denuncia en contra del funcionario judicial efectuada por organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria -cuestionada estos días por el informe que elevó al juez de Dolores practicamente criminalizando la labor periodística- sobre una supuesta persecusión al Defensor de Casación provincial, Mario Coriolano, a quien denunció penalmente. La segunda es una medida cautelar que presentó una asociación de abogados de la región en contra de la postulación de Pont Vergés.

Esta situación le ha servido al PJ legislativo como argumento para asegurar que Pont Vergés no reune los requisitos morales para acceder al cargo en el Tribunal de Casación e insistir con su veto. También, a los que abonan la necesidad de meter el tema pleigo en un acuerdo mucho más amplio con el peronismo, que incluya otras cuestiones estratégicas a futuro para los dos espacios.