Sin respuestas, cuatro familias denunciarán a funcionarios de Berisso por las usurpaciones

Cuatro familias víctimas de usurpaciones en distintos barrios de Berisso presentarán en los próximos días una denuncia penal contra el intendente municipal y dos funcionarios de su gabinete por presunta “connivencia con los usurpadores, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daños y perjuicios”. Algunos de los damnificados dijeron que llegaron a ese punto luego de “agotar todas las instancias” y de “comprobar que desde el Municipio, lejos de defender nuestra propiedad ocupada, solamente nos pusieron y siguen poniendo trabas, mientras mantienen una buena relación con referentes de los ‘nuevos barrios’, que hasta tienen nombre”, expresaron.

La presentación judicial incluirá al intendente municipal, Jorge Nedela, al secretario de Obras y Servicios Públicos, Raúl Murgia, y al encargado del área de Tierras, César Ferreira.

Este diario consultó en la Comuna ribereña la postura oficial sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta alguna.

La epidemia de usurpaciones de lotes privados, de la cual este diario viene dando cuenta hace tiempo, tiene numerosas facetas. Y puede decirse que estas familias de Berisso pasaron por todas. “Con una diferencia: en nuestro caso los funcionarios municipales facilitaron la toma. A punto tal que muchos ocupantes nos llegaron a decir que Ferreira les hacía llenar una planilla y les aseguraba que por tres mil pesos al mes se les regularizaría el dominio de la tierra”, contó María Riquelme, a quien le usurparon 4,5 hectáreas en 151, 152 Norte, 19 y 20.

Allí funciona un barrio al que bautizaron Saladero. En páginas de Facebook se pueden ver a concejales y funcionarios participando de actividades sociales y culturales. ¿La escritura? Como siempre, en manos de María Riquelme. La causa se sigue en el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Plata, Fiscalía Nº 6 a cargo de Marcelo Romero.

No tan lejos de allí, Alejandro Zufriategui fue el dueño, durante treinta años, de un predio de una hectárea en 30 y 162, en el Barrio Obrero, donde funcionó su fábrica de plásticos. El galpón, separado en talleres y oficinas, era de 450 metros. Hace poco más de dos años le puso un cartel que decía “se alquila”. Días después, el 8 de febrero de 2017, unas sesenta personas lo ocuparon “con el aval de Ferreira. Hoy, allí hay 80 casas. Y el lugar fue determinado como barrio popular”, puntualizó el damnificado.

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¿Cómo es eso? “En 2018, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.453, votada por el 98 por ciento del Congreso. Sintéticamente, esa ley dice que ‘se crearán barrios populares (en tierras públicas o privadas) que, en consonancia con los municipios, se inscribirán en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares). Si se verifica que un sitio puede configurar un barrio popular, esa zonificación será expropiada. Para ello el Gobierno nacional puede tomarse hasta cuatro años, y dos años más para pagar la expropiación”, explicó Zufriategui, para añadir que “lo más ridículo de la cuestión es que, en el caso de los privados, el dueño debe seguir pagando los impuestos, las tasas municipales y el agua hasta que se determine si se expropia o no”.

¿Cómo ocurrieron los hechos? “Primero te mandan la gente. Yo no podía creer que (el titular de Tierras de la Comuna, Paulo César) Ferreira, cuando vino a hablar conmigo en calidad de funcionario, me preguntara ‘¿para qué quiere usted tanto terreno?’, al tiempo que me proponía una negociación: me dejaban el 50 por ciento del predio a cambio de que cediera la otra mitad”.

Igual fue el caso de María Riquelme, como se verá más adelante.

“Luego (Ferreira) me dijo que corría el riesgo de que alguien me tomara el terreno. Oh casualidad, a los pocos días me lo ocuparon. Vinieron unos 200 policías a realizar el desalojo, y ese señor les decía ‘yo sé que esto es privado, pero esta gente no tiene adonde ir’”.

“Hasta hoy sigo en poder de la escritura -como siempre- y con los impuestos al día. Mi proceder siempre fue intachable. Por eso digo lo que digo, a quien quiera y con nombre y apellido”, añadió el ex industrial, quien actualmente tiene una jubilación mínima por motivos de fuerza mayor, de manera que el alquiler del galpón lo necesitaba sí o sí: “Pero el lugar no lo tengo hace más de dos años”, espetó.

Antes de pasar al rally judicial de Zufriategui, tras el cual escuchó atónito -de un ex profesor y constitucionalista al que admira- que “si seguimos así la propiedad privada en Argentina va camino a convertirse en algo relativo”, el propietario usurpado contó que pudo reunirse con el intendente Jorge Nedela. “¿Y qué hizo luego de saludarme? Llamó a Ferreira y me lo presentó como su amigo y mano derecha. Literal”.

El camino en la Justicia tiene tantas trabas, es tan engorroso y confuso, que conviene simplificarlo citando sus principales capítulos.

Luego de esa reunión con el intendente, Alejandro Zufriategui dijo “basta para mi”. E inició una causa penal.

“Fui una vez, y otra, y otra más a la Fiscalía (Nº 6) y no lograba hablar con nadie. La cosa estaba parada. De hecho, estuvo frenada dos años. Hasta que se destrabó y en seis meses salió la orden de desalojo”, dijo, pero enseguida agregó: “Cuando el fiscal se la envió al juez, éste le respondió que la causa no estaba debidamente instruida. Y que además tenía que adecuarse al protocolo de desalojos masivos aprobado por la Suprema Corte bonaerense (un ‘instructivo’ que lisa y llanamente desalienta cualquier acción tendiente a desocupar terrenos usurpados)”.

“La Fiscalía accionó”, añadió Zufriategui, hasta que “el juez Raele dictaminó que debía llevarse a cabo un desalojo urgente. Fue entonces cuando llegó una orden del PEN, donde figuraban todos mis datos, que prohibía desalojar al menos por cuatro años. Es decir, el tiempo que la Ley que creó los barrios populares en 2018 le da a las autoridades para que determinen si un asentamiento puede constituirse en barrio popular. Y si es así, luego viene la expropiación”, reiteró.

La modalidad de las ocupaciones deja en claro que se trata de organizaciones asesoradas

Acompañada por sus abogados, Paola Arévalo y Adolfo Barcelone, María Riquelme contó que las otras familias que participarían de la denuncia penal contra el jefe municipal y dos de sus funcionarios “han pasado por situaciones similares en los barrios Santa Teresita y El Provinciano”.

¿Y qué tipo de situación es esa? “Primero, tras la ocupación de los terrenos, me ofrecieron (como a Zufriategui) hacer 50 y 50. O sea, me quedaba con la mitad si cedía la otra mitad. Dije que no”. Y ahí empezó otra historia.

Pero vayamos al principio. En septiembre de 2015, María perdió a su compañero. Un arquitecto que había comenzado a construir un complejo de viviendas en las 4,5 hectáreas delimitadas por las calles 19, 20, 151 y 152 Norte. Entre el 4 y el 5 de enero de 2016, el lugar fue ocupado por 20 personas mayores de edad.

Fueron a la Policía. Luego a la Fiscalía Nº 6. En tercer lugar, a la Municipalidad.

“La primera reunión fue con el encargado de Tierras, el señor Ferreira, quien ya conocía el tema e incluso nos contó que había recibido a los usurpadores. Luego hubo un encuentro con el intendente Nedela. La respuesta fue ofrecernos una zonificación de las tierras, poner luz, mejorar las calles, y a cambio la Comuna se quedaba con el 30 por ciento de los terrenos. Bajaron un 20 por ciento sus pretensiones originales -ironizó-. Como ese preacuerdo nos convenía porque lo contrario era el riesgo de perderlo todo, y de nuestro 70 por ciento podíamos disponer libremente, lo firmé”, relató María.

“Pero nada de eso se cumplió”, dispararon la damnificada y sus abogados. Se entró en una zona muerta. “En la Fiscalía el expediente se trabó. Hasta que a mediados de mayo de este año hubo (malas) novedades. La Municipalidad ofreció otro acuerdo, pero ahora cambiando lotes por módulos. Y si bien María se quedaría con el 70 por ciento, ya no podría vender a precio de mercado sino a valores fiscales, perdiendo entre 600 mil y un millón de pesos por cada terreno de 200 metros cuadrados”, explicaron los abogados. Y remataron: “Además, los usurpadores vendieron y venden lotes por Facebook. Algunos hasta dos o tres veces”. Riquelme mostró una captura de Internet donde una de las casas que llegó a construir su marido se ofrecía por 160 mil pesos.

“Lo que no dice la Ley que creó el Renabap en 2018 es que se generó un gran negocio: te quitan tu tierra por unos votos”, concluyó Alejandro Zufriategui.