Aunque suele asociarse el “parto respetado” con la decisión de parir en la casa, en el agua o de alguna otra forma poco convencional, este concepto no tiene que ver con la manera en que se produce el nacimiento sino con el respeto de los profesionales de la salud a los derechos de las mujeres y sus bebés. Es así que “una cesárea pedida por una mujer que ha sido informada sobre lo que significa el procedimiento y sus consecuencias también puede ser un parto respetado”, explica Belén Castrillo, una investigadora que se ha dedicado a indagar sobre la violencia que siguen sufriendo muchas parturientas en Argentina pese a que hoy las ampara una ley.

Promulgada en 2004, la Ley de Parto Respetado (25.929), como algunos saben, reconoce el derecho de las mujeres a elegir la posición en que desean parir y a estar acompañadas por otra persona durante el proceso; pero también, a no ser sometidas a prácticas de rutina innecesarias (como la colocación de una vía intravenosa por si hay que pasarles medicación). Aunque la vulneración de estos derechos entre otros es considerada violencia obstétrica, ésta suele pasar inadvertida en muchos casos porque las propias mujeres que la sufren no la reconocen como tal, sostiene Castrillo, becaria del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP.

“La mayoría de las personas no conoce sus derechos, y la violencia obstétrica está precisamente en vulnerar esos derechos que no se conocen”, afirma Castrillo quien -tras entrevistar a decenas de obstetras, parteras y parejas- asegura que el primer derecho que se vulnera en estos casos es el derecho a la información.

Ocurre que más allá del trato deshumanizado que puedan recibir las mujeres durante el parto (como insultos, gritos y frases fuera de lugar), la violencia obstétrica también pueda darse por un abuso de medicalización y una patologización del parto, dos situaciones que hacen muy difícil reconocerla como tal.

“Si yo me hubiese propuesto en mi trabajo buscar casos concretos de violencia obstétrica, jamás los habría encontrado porque ninguna de las mujeres que entrevisté se reconoce como víctima”, cuenta Castrillo, quien sin embargo al cruzar sus testimonios con lo establecido por la Ley de Protección Integral a las Mujeres comprobó que muchas de las experiencias podían ser consideradas así.

Con todo, “los profesionales no son los malos de la película; la violencia obstétrica tiene que ver con la formación que reciben. Por supuesto que están convencidos de que sus intervenciones son completamente necesarias, de ningún modo considero que actúen de mala fe. Pero están entrenados en todo lo que puede salir mal en lugar de adoptar un lugar de espectador atento a que el proceso se desate solo”, sostiene la investigadora del CONICET.

Como ejemplo de esa contradicción entre lo que establece la ley y las vulneraciones que sufren en la práctica muchas mujeres al dar a luz, Castrillo menciona una situación que se da desde hace años en nuestra ciudad.

“En La Plata tenemos cuatro maternidades y todas son hospital-escuela, lo que quiere decir que en ellas los profesionales están aprendiendo con los cuerpos de las mujeres. Si bien la ley dice que ellas pueden negarse a esas prácticas, ¿cómo podrían hacerlo si es su única posibilidad de atención?”, plantea la investigadora al contar el caso de una entrevistada que reconoció haber recibido tacto por parte de diez residentes, y de profesionales que admitieron realizarles episiotomías al 90% de las primerizas para que sus colegas más jóvenes practicaran la técnica de sutura vaginal.