El 4 de junio se presentó ante el Senado de la Nación el proyecto de Codificación Penal elaborado por la comisión presidida por el doctor Mariano Borinsky, secundado por afamados proyectistas.

¡Si bien se dio un paso importante, no debe pasar desapercibido que la consagración de una obra del tenor de la que se pretende adicionar al elenco normativo no sólo debe germinar de la reunión de juristas o representantes de la academia. Debe ser fruto del consenso de gran cantidad de actores aun cuando, entre ellos, concurran enfoques disímiles propios de los diálogos horizontales que atesoran un verdadero proyecto de república.

El profesor Bunge Campos, prologuista de la obra de mi coautoría “Código Penal de la Nación”, publicada en 2013, señaló, cuando el diputado conservador Rodolfo Moreno presentó su proyecto en 1917, que éste fue sancionado al amparo de la aquiescencia. El texto fue confiado a un diputado conservador y la promulgación exteriorizada por el presidente radical, Hipólito Yrigoyen.

“No se debe olvidar que los funcionarios de los tres poderes son servidores sociales y no integrantes de una casta de origen divino”

Por ello, me permito sugerir que todas las fuerzas que componen el arco político no dilaten el estudio del proyecto. Cualquiera sea la suerte final de la deliberación en ambos recintos parlamentarios -ya sea que termine en su descarte, enmienda o sanción- la racionalidad impone su debido análisis.

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Es necesario colocar el sudario al respetable, para su época, Código Penal de 1921, y adaptarlo a las exigencias de la criminalidad de hogaño. La temporada electoral que transitamos no debe ser óbice para evaluar en el Parlamento si dicha herramienta es la atinada o no como instrumento de política criminal.

Antes de ser ungido como obispo de Roma y ocupar el trono de Pedro, el cardenal Jorge Bergoglio, en su filosa homilía del 25 de mayo del 2003, predicaba que el pueblo de nuestra Nación confió en el destino de nuestro sistema democrático, a pesar de sus debilidades, esterilizando muchas intelectualidades para las que “nada es salvable si no es como lo pienso yo”.

Creo, pues, que la actual coyuntura electoral -sobre la cual no he de pronunciarme- no debe subordinar ninguna actividad estatal, a la espera de cuál será el tinte político del gobierno que asuma el 10 de diciembre del 2019.

El Poder Judicial no debe acelerar o dilatar los tiempos procesales en función del clima comicial. El Congreso no puede diferir o postergar los debates, acuerdos y consensos, que le son propios en el marco de la competencia. Ni el Poder Ejecutivo, condicionar la administración general del país. Cualquier proceder invertido hace añicos a funciones muy preciadas, pues vienen imbuidas de mandatos constitucionales.

La calidad institucional de hoy es seráfica. Una de las formas de mejorarla es recorrer un sendero, sin estaciones intermedias, por el cual las agendas legislativas, ejecutivas y judiciales no avancen de manera feroz ni se detengan de manera súbita.

No debe olvidarse que los funcionarios de los tres poderes son servidores sociales y no integrantes de una casta de origen divino o de un linaje sanguíneo superlativo. La labor estatal no es una beca donde la faena del funcionario, remunerado con los impuestos ciudadanos, pueda condicionar -para un lado o el otro- la función que le fue confiada a la espera del sagrado veredicto de las urnas.

(*) Profesor adjunto de Derecho Penal Parte Especial de la Universidad de Belgrano. Juez de Cámara en lo Criminal Federal en la Ciudad de Buenos Aires.