La sociedad civil pone la lupa en el funcionamiento de los geriátricos

A mediados de 2017, un estudio realizado por un investigador de la Universidad de East Anglia y la Red Mayor La Plata en treinta de los sesenta geriátricos habilitados en la Ciudad reveló que la mayoría de ellos estaban deteriorados, contaban con personal poco capacitado e incurrían de manera habitual en prácticas que iban desde lo cuestionable a lo violatorio tanto de los Derechos de las Personas Mayores como de lo establecido por la normativa que regula su actividad. Dos años más, tras confirmar que las cosas no cambiaron demasiado, las mismas organizaciones buscan ahora involucrar a la comunidad para mejorar la calidad de atención del sector.

Con la puesta en marcha de un foro abierto a la comunidad, la Red Mayor apuesta a que las familias platenses compartan públicamente sus experiencias de internación en los diversos hogares geriátricos habilitados a fin de identificar sus fortalezas y debilidades contribuyendo de este modo a identificar a aquellos que funcionan mejor. El foro, que funcionará en el sitio www.redmayorlaplata.com, será lanzado el viernes que viene en el Anexo de la Cámara de Diputados en el marco de una jornada por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez.

“La iniciativa del sitio surgió a partir del estudio que realizamos hace dos años y donde pudimos observar que las situaciones de avasallamiento de los Derechos Humanos de las personas internadas eran mucho más frecuentes de lo que se podía pensar. Pero además porque sigue sin haber un control eficiente para evitar que ocurran esos maltratos. Las personas que se internan hoy están casi abandonadas por el Estado, que no les brinda ninguna garantía de que las instituciones cumplan con criterios mínimos de calidad en su atención”, sostiene Silvia Gascón, la presidenta de la Red Mayor.

“Los controles que realiza el ministerio de Salud en los hogares geriátricos están enfocados exclusivamente en cuestiones que hacen a su infraestructura, como la cantidad de camas por habitación o el número de empleados por residente. Pero no evalúan la calidad de atención que brindan ni la forma en que son tratadas las personas internadas: si eligieron estar ahí, si se las llama por su nombre, si se respeta sus deseos o incluso si no las sujeta física o farmacológicamente para que no molesten”, cuenta Gascón.

Frente a este bache en el control, lo que más preocupa a las organizaciones civiles que trabajan en el campo de la Tercera Edad es que muchas de las situaciones de mal trato que sufren las personas internadas no están visibilizadas como tales ni siquiera por los profesionales a cargo. “Se ha terminado por naturalizar el hecho de que no se exija a los adultos que firmen su consentimiento para la internación, o que muchas veces, con la excusa de protegerlos o ayudarlos a mantener la postura, se los ate, una práctica que está siendo eliminada a nivel mundial”, afirman desde la Red Mayor,

“Como nadie toma al toro por las astas y existe un claro vacío de fiscalización, lo que planteamos nosotros es que si el Estado no contrala a las instituciones ese control tiene que hacerlo la propia sociedad. Por eso el sitio que creamos se propone abrir un espacio para que las mismas personas mayores o sus familiares compartan sus experiencias de internación en esas instituciones, ya que no todas ellas funcionan mal. De esta forma esperamos poder orientar a los futuros usuarios e ir mejorando de a poco los estándares de calidad en su atención”, cuenta Gascón.

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Al analizar el funcionamiento de la mitad de los geriátricos habilitados en la Ciudad, el estudio realizado por la Universidad de East Anglia y la Red Mayor concluyó que en la mayoría de ellos la calidad de la atención es “tan deficiente que deja de ser una cuestión de calidad para convertirse en una cuestión de Derechos Humanos”. “Es habitual que a las personas no se les pida su consentimiento para internarlas, se las ate o se les dé medicación innecesaria para controlarlas; se las obligue a usar pañales aun cuando no los necesitan y no se les ofrezcan actividades recreativas ni programas de rehabilitación”, señala la investigación.

“Si el Estado no controla la calidad de atención de los geriátricos ese control tiene que hacerlo la propia sociedad”

“Una de las cosas que más me impresionó del este estudio es que ninguno de los treinta geriátricos evaluados requería el consentimiento informado de las personas mayores para su admisión. Les bastaba solamente la firma de un familiar y demostrar que uno podía pagar. Y aunque en uno de ellos exigían conocer a las personas antes de admitirlas, la entrevista no era para averiguar si ellas estaban de acuerdo con quedarse a vivir ahí sino para determinar si su grado de dependencia podía ser problemático”, cuenta el profesor Peter Lloyd Sherlock, principal responsable de la investigación.

Si esta situación resulta al menos llamativa es porque “atenta contra uno de los principales derechos de las personas mayores, que es el derecho a la autonomía, la capacidad de participar en las decisiones que afectan nuestras vidas incluso en la vejez; pero además es una práctica que viola lo establecido por el marco regulatorio de la actividad”, explica el investigador.

La falta de consentimiento informado resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta otra realidad señalada por la investigación. “Notamos que muchos adultos no habían llegado a los geriátricos por sus propias necesidades de cuidado sino por una decisión de sus familiares, que en ocasiones implicaba alguna forma de abuso económico o abandono”, señala Lloyd Sherlock.

Una de las conclusiones más duras no refiere al funcionamiento de los hogares sino al margen de tolerancia que tienen para actuar

Por otra parte, “la forma en la que tratan a los residentes es espantosa... Era habitual darles pastillas para dejarlos tranquilos. Sabían cuando los familiares venían de visita y preparaban a los abuelos para cuando llegaran: ropa linda, limpia, bien arreglados y, ¡abracadabra, una abuela feliz!”, relata una enfermera que trabajó en varias residencias geriátricas, cuyo testimonio es uno de los tantos que recoge la investigación.

La sujeción farmacológica no es ciertamente el único método para controlar a los residentes que menciona el estudio: también refiere como habitual el uso de sábanas para amarrarlos a sillas y camas. Si bien es importante aclarar que ésta práctica no está prohibida y se aplica en ocasiones para evitar que los mayores se lastimen, su uso suele revelar la escasez de recursos humanos y no constituye tampoco la única opción.

Fuera de las sujeciones, otra práctica cuestionable que el informe refiere como habitual en la mayoría de los geriátricos platenses es el uso de pañales de manera rutinaria, ya sean estos necesarios o no. “Cuando una persona es admitida, quizá tiene problemas para ir al baño, pero aún logra hacerlo con algo de ayuda. Pero luego se les obliga a usar pañales y pierde esa capacidad”, señala otro de los testimonios recogidos por la investigación.

“No siempre tienen el equipo profesional que dicen tener en las publicidades. En muchos casos están sólo las personas que limpian y las que se encargan de los cuidados cotidianos”, relata un familiar de un residente señalando otro de los puntos que se destacan entre las conclusiones de la investigación: el escaso nivel de preparación del personal.

Con todo, una de las conclusiones más duras a las que llega el informe no refiere al funcionamiento de los establecimientos en sí mismos sino al margen de tolerancia que tienen para actuar. “Ninguno de los organismos de control, desde reparticiones municipales y provinciales a las obras sociales que contratan sus servicios, están hoy en condiciones de saber lo que está pasando dentro de los geriátricos”, señala Lloyd Sherlock, quien considera esencial que la comunidad se involucre más en el tema para empezar a revertir la situación.