La irrupción de ciudadanos senegaleses en la venta callejera es un fenómeno nacional -que alcanza también la Ciudad- y que algunos funcionarios judiciales se lanzaron a investigar a fondo, con la sospecha de que el negocio no sólo esconde el delito de contrabando, sino también algunos más graves, como la trata de personas y la evasión impositiva, tal como lo viene denunciando EL DIA.

Una fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de Buenos Aires impulsó días atrás varios allanamientos en distintas localidades misioneras y también en una del Conurbano para develar cómo traen mercadería desde Brasil a través de la llamada “frontera seca”, en un punto por el que también ingresan irregularmente a los migrantes.

Autorizados por los jueces en lo Criminal y Correccional Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, y de Posadas, María Verónica Skanata, los registros se concretaron en localidades misioneras como Wanda, Iguazú, Posadas y San Antonio, en el marco de una causa que puso el foco en una organización que funcionaría desde hace, por lo menos, tres años.

Según la titular de la Fiscalía 35, Celsa Ramírez, la investigación arrancó en 2017 con el dato de que buena parte de la mercadería ilegal que se ofrecía a la venta en las calles de distintos barrios porteños llegaba desde Misiones, a través de encomiendas.

Con detectives de operaciones especiales de la policía de la Ciudad de Buenos Aires determinaron, además, que “los encargados de esos envíos eran personas de nacionalidad senegalesa”, comentó la funcionaria a una radio misionera.

Añadió que la mayor parte de la mercadería de contrabando ingresaba desde Santo Antonio do Sudeste, en Brasil, y que tras el paso por la “frontera seca” a la tierra colorada en San Antonio, eran enviadas por encomienda a otros puntos de Misiones como Wanda, Puerto Iguazú y Posadas, conformando así parte del circuito de distribución de la banda. El mismo punto de la frontera entran los senegaleses caminando.

Se presume que la organización operaba en San Antonio, donde se allanaron cinco domicilios particulares y otros cinco en locales de una empresa privada de encomiendas con sucursales en Puerto Iguazú, Eldorado, Wanda, Posadas y en la localidad bonaerense de Pablo Nogués (partido de Malvinas Argentinas).

Se cree que los primeros actuaron como nexo y depósito de las mercaderías ilegales enviadas a Buenos Aires para ser comercializadas por manteros en Caballito, Liniers, Constitución y Once, mientras que el resto habría sido parte de la logística para enviar los productos por encomiendas difíciles de detectar. El transporte siempre estaba a cargo de la misma empresa. Y, en algunos paquetes, el nombre del remitente coincidía con el de quien debía recibirlos en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la pesquisa se descubrió que, en sus propios vehículos, dos senegaleses distribuían los productos a depósitos que servían, además, como alojamiento para los inmigrantes.

Es que la investigación que encabezó Ramírez con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), fue avanzando desde los puestos de venta ilegal hacia esos depósitos, en algunos de los cuales vivían senegaleses totalmente hacinados en habitaciones donde comían, dormían y guardaban la mercadería que vendían para ganarse la vida y enviar algo de dinero a sus familias.

Es por esto que participaron en los allanamientos la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En San Antonio registraron la residencia y oficinas de un empresario que en la AFIP aparece registrado como vendedor minorista de materiales de construcción, vinculado con “actividades de crédito para financiar otras actividades económicas” y al cultivo de yerba mate.

Pero los investigadores sospechan que sería uno de los líderes de la organización que contrabandeaba la mercadería para los manteros y habría conseguido a los inmigrantes permisos de residencia precaria antes de traerlos al territorio porteño en autos particulares.

En los operativos secuestraron computadoras, documentación e imágenes de cámaras de seguridad. En los allanamientos a las sucursales misioneras de la empresa de encomiendas se incautaron de cajas con mercadería lista para ser enviada a Buenos Aires, aunque no encontraron a los senegaleses que trabajaban ahí hasta hace pocos días.

Fuentes oficiales consultadas por este diario aclararon que, por ahora, la investigación no conecta con las maniobras de las redes de vendedores ilegales que operan en nuestra ciudad.