El costo adicional que significa la aplicación de la nueva ley fiscal bonaerense impulsada por el gobernador Axel Kicillof y aprobada la semana pasada por la Legislatura les quita “competitividad” a las terminales portuarias provinciales ya que, advierten, las pone en desventaja contra sus competidores naturales, como son el puerto de Buenos Aires y de Santa Fe, Rio Negro y Uruguay, según explican especialistas del sector. En este nuevo escenario, aseguran que el Puerto La Plata tendrá “severamente comprometida” su operatoria en lo que respecta a las exportaciones que logró iniciar el pasado año luego de mucho tiempo sin que la terminal local Tecplata pudiera ponerse en marcha.

Los actores del sector advierten por las consecuencias económicas de esta nueva ley, y aseguran que no solo peligran los ingresos de la terminal portuaria local, sino también los puestos de trabajo vinculados a la actividad en un contexto en el que desde distintos ámbitos públicos y privados se machaca una y otra vez con la necesidad de crear empleo y consolidar un perfil productivo en la Región para generar riqueza.

Por ejemplo, la nueva ley fiscal comprometería -detallan- los embarques de polipropileno que tenían como destino Brasil y que opera Petrocuyo. Y también los que se hacen desde la refinería de YPF, única planta de producción de lubricantes del país y en la que el 30 por ciento de los productos que fabrican tienen un 15 por ciento de recursos importados. La empresa decidió empezar a trabajar con TecPlata, la terminal instalada frente al Puerto La Plata con una inversión de 500 millones de dólares, para bajar sus costos, por ejemplo con la importación de isotanques desde la planta que tienen en San Pablo, Brasil, donde se producen lubricantes, mudando esa importación desde el Puerto de Buenos Aires al de nuestra región, desde donde la empresa estatal que preside Guilermo Nielsen realiza cuantiosos movimientos de exportación e importación.

LA LEY EN CUESTIÓN

En el artículo 100° de la ley, sancionada por los legisladores bonaerenses el miércoles pasado, se establece para este año un “incremento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos” que en la práctica es una tasa fija aplicable a las actividades de los puertos de la Provincia, que ya están gravadas por ese mismo impuesto con alícuotas que van del 1,5 por ciento al 3,5 por ciento, y ahora deberán afrontar pagos extra de 47 pesos por cada tonelada de mercadería cargada, 139 pesos por cada tonelada descargada y 23 pesos por cada tonelada removida.

Si bien el proyecto de ley original incluía montos que en algunos casos implicaban subas de casi del 1000% en algunas operaciones y estos se redujeron a la mitad, los operadores portuarios encienden luces de alarma ante lo que consideran puede ser un golpe muy duro para la actividad.

El ex director del Puerto La Plata, Mariano Penas, le explicó a EL DIA que la operatoria de carga puede migrar a otros puertos, afectando el desarrollo regional y las fuentes de La Plata, Berisso y Ensenada. “La nueva ley fiscal genera distorsiones impositivas que hace que los puertos provinciales se vuelvan menos competitivos y pierdan carga frente a sus pares de capital federal y la provincia de Santa Fe. Al cambiar el criterio de la base imponible porque reemplaza el precio del servicio prestado por el peso de los bienes operados, habrá operatorias excesivamente caras por no tener en cuenta de qué tipo de carga se trata. Va de suyo que no todas las mismas cargas tienen un mismo precio. Además, el impuesto se cobrará por cada servicio portuario, lo que hace que se pueda llegar a pagar el tributo tres veces en una misma operación.

El profesional platense remarca que la aplicación del gravamen impacta tanto a la importación como a la exportación de mercaderías, y que para este último caso no corresponde ya que los impuestos que gravan a la exportación son exclusivamente de jurisdicción nacional.

“Esto afecta a la Región y corre serio riesgo la reactivación de Tec-Plata puesta en marcha en abril de 2019 con la decisión de la empresa Petrocuyo de operar en la terminal justamente por sus ventajas comparativas (menos costos) con el Puerto de Buenos Aires. Esto generaría un impacto muy negativo para el mantenimiento y generación de fuentes laborales para la Región”, explicó Penas.

En tanto, para Alejandro Semmartin, presidente del Puerto de Dock Sud, “se va a perder volumen de carga y en contenedores se irán a Buenos Aires”, mientras que el presidente del Puerto de Bahía Blanca, Miguel Donadio, agregó que “afectará la competitividad y provocará una baja en la actividad, además de representar un golpe a la autonomía de los puertos”.

LOS PUERTOS BONAERENSES

En la Provincia de Buenos Aires conviven dos regímenes jurídico-administrativo que nuclean a los puertos públicos, denominados Consorcios y las Delegaciones portuarias. El Estado administra y gestiona a través de la Subsecretaría de Actividades Portuarias que depende del Ministerio de Producción que conduce Augusto Costa, las Delegaciones portuarias, mientras que bajo la figura de Consorcio de Gestión están los de La Plata, Mar del Plata, Quequén, Bahía Blanca, San Pedro de Dock Sud, San Nicolás-Paraná Inferior y Coronel Rosales. Todas estas terminales están alcanzadas por el nuevo régimen fiscal, que las obliga a encarecer sus costos frente a otros competidores, alertan.

Un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca aseguró que este paquete impositivo “dejaría a los puertos bonaerenses en una posición de vulnerabilidad en cuanto a la posibilidad de generar capacidad competitiva. Es sabido que los puertos de la Provincia realizan un esfuerzo mayor en sobrellevar las dificultades y obstáculos que lamentablemente hacen que la carga generada en la región se canalice por otros puertos, tales como los ubicados en las provincias de Río Negro y Santa Fe”.

“Suponiendo un traslado de la suba en el tributo, lo anterior se manifestaría por dos vías: por un lado, una reducción en el precio percibido por el productor; y por otro, un incremento en los costos de los insumos, tales como fertilizantes, pudiendo tener un impacto negativo sobre el paquete tecnológico aplicado en la producción y por ende en los rindes potenciales”.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) pronosticaron que por la nueva ley fiscal parte de las operaciones de los puertos bonaerenses serán derivadas a puertos del río Paraná. Esta medida agravará los “problemas de competitividad logística a los principales mercados”, reflexionaron, mientras que para la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la medida generará “asimetrías negativas” respecto de los puertos de otras jurisdicciones.

Mientras, en el gobierno provincial ven con buenos ojos discutir una ley de Puertos y apuntan contra los consorcios. “Son entidades cuasi privadas y lo poco que tributan queda en manos del propio consorcio”, dijo la ministra de Gobierno Teresa García, y agregó que la Provincia no percibe ningún ingreso por la actividad portuaria. ¿Será el inicio de una disputa por el control portuario?

Aseguran que el Puerto La Plata tendrá severamente comprometida su operatoria

La nueva ley hace que los puertos provinciales sean menos competitivos que el resto