El petróleo, detrás de la feroz embestida chavista al Congreso

Detrás de la feroz embestida que el gobierno de Nicolás Maduro decidió lanzar sobre los diputados opositores se esconde un entramado económico que se vincula con el recurso natural más importante de Venezuela: el codiciado petróleo.

Si bien el oficialismo desconoce las decisiones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), declarado en desacato en 2016 poco después de que la oposición asumiese su control, ahora se ve forzado a retomar ese poder, ya que necesita que el órgano legislativo le apruebe un conjunto de medidas poco claras sobre la riqueza petrolera y su traspaso a compañías multinacionales de Rusia.

En octubre del año pasado, Venezuela modificó un acuerdo de cooperación con Moscú para incluir incentivos que permitan a la petrolera Rosneft desarrollar dos campos de gas natural en alta mar, cuyas concesiones ya le había otorgado a la empresa estatal rusa en 2017.

Rosneft se convirtió así en un aliado clave para la petrolera estatal venezolana PDVSA ante las sanciones de EE UU a la compañía, parte de los esfuerzos de Washington para presionar a Maduro a dejar el poder. La petrolera rusa absorbió el 62 por ciento de las exportaciones totales de petróleo de Venezuela, vendiendo la mayor parte a refinerías en India y China.

El chavismo tiene deudas tanto con Rusia como con China. En los últimos 15 años, Beijing le dio créditos a Venezuela por US$ 60 mil millones, de los cuales US$ 16 mil millones aún deben ser cancelados. En cuanto a Rusia, los préstamos facilitados por Rosneft rondan los US$ 6.500 millones, y solo resta saldar 800 millones.

En el primer caso, Caracas fue pagando con crudo, pero el panorama se ha complicado debido a que la extracción de petróleo, que aporta 96 por ciento de los ingresos del país, ha venido derrumbándose para ubicarse en los peores niveles en 30 años. Hace una década alcanzaba 3,2 millones de barriles por día y actualmente ronda los 700.000.

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Venezuela ha tenido que limitar la oferta tras un embargo petrolero vigente desde abril pasado, como parte de una batería de sanciones contra Maduro, a quien Washington considera ilegítimo y tilda de “dictador”.

Además de las sanciones estadounidenses, afectan a la petrolera PDVSA la falta de inversiones y hechos de corrupción por los que han sido detenidos un centenar de empleados, entre los que se cuentan varios altos gerentes.

Según publicó la revista Petroleum Economist a fines del año pasado, Rosneft y la petrolera china CNPC, junto a la estadounidense Chevron, “son los principales tenedores y operadores de bonos extranjeros de reservas de crudo en Venezuela”. Pero estas empresas han dejado de invertir en el país caribeño. De hecho, la compañía rusa no ha realizado grandes inversiones en los campos de gas desde que recibió las concesiones que incluyen una exención del impuesto al valor agregado y los impuestos a la importación.

Y ahora, según fuentes venezolanas y expertos en la industria, Maduro busca recuperar la confianza de esos socios cediéndoles el rescate del negocio petrolero para seguir en el poder.

¿Cómo se lograría este objetivo? El Parlamento tendría que habilitar a los tenedores de bonos defaulteados venezolanos a canjearlos por participaciones en la propiedad de campos petroleros. Y aquí es donde tener el control del Legislativo se torna fundamental: el parlamento es el único poder habilitado en el país para otorgar licencias petroleras.

Según el Wall Street Journal, los ataques del chavismo contra los diputados opositores y su desesperación por recuperar el control del Congreso son “parte de una estrategia para lograr la formulación de leyes que den a las empresas extranjeras poder legal para operar en proyectos petroleros en Venezuela”.

Si bien estas políticas no están en sintonía con el nacionalismo que ha sido emblema de Hugo Chávez y heredado por Maduro, la urgencia económica obligó a dar un giro. Desde el Kremlin presionan para que el líder opositor Juan Guaidó deje de presidir el Parlamento, porque la mayoría opositora nunca aprobaría un paquete de leyes que le permitiera a Maduro seguir en el poder.

Por eso, la maniobra del chavismo de la semana pasada en la que nombró de manera irregular a Luis Parra como nuevo titular del Legislativo fue aplaudida por Rusia, que la consideró un “paso democrático”.

EE UU EN ALERTA

Y toda esta situación no pasa inadvertida para EE UU. Elliot Abrams, encargado de Venezuela en el Departamento de Estado, advirtió a principios de enero que Washington tomará medidas ante el creciente apoyo de Rusia al gobierno de Maduro.

“Estamos estudiando de cerca el rol de Rusia y no vamos a permitir el nivel de apoyo que hemos visto en los últimos meses sin reaccionar”, aseguró Abrams a periodistas, aunque rechazó decir si Washington impondrá sanciones específicas a Moscú por su respaldo a Caracas.

Con una economía reducida a la mitad en cinco años, Venezuela afronta la peor crisis de su historia reciente con una inflación que cerró en 7.374,4 por ciento en 2019, además de apagones recrudecidos desde marzo pasado y escasez de combustible, especialmente en los estados del interior.