La Corte Suprema busca una salida a la situación de los jueces con los traslados suspendidos que preserve la independencia de poderes y cierto equilibrio político, más allá de que deberá ratificar o anular los desplazos de los magistrados federales por parte del Senado y el Ejecutivo nacional.

El máximo tribunal por ahora solo mostró la certeza de su presidente, Carlos Rosenkrantz, en apoyo de los jueces desplazados, pero se necesitan al menos dos votos más, que coincidan en la parte resolutiva, para que pueda haber un pronunciamiento.

Los cinco ministros de la Corte intentaron buscar en la reunión de acuerdo habitual de los jueves una postura de consensos mínimos sobre el caso de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, pero no hubo coincidencias sobre el punto más vibrante de la agenda y decidieron avanzar sobre otros cuestiones.

La expectativa sobre la decisión creció a principio de semana cuando se conoció una convocatoria para una reunión virtual de los ministros el martes pasado a las 11, que finalmente duró menos de una hora y no significó mayores avances.

La Corte decidió intervenir en el caso de Bertuzzi, Bruglia y Castelli -aún cuando había expedientes en curso en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal- a propuesta de Rosenkrantz que convocó a un “acuerdo extraordinario” finalmente favorable a los jueces con la aceptación de su pedido de “per saltum”.

En primera instancia, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Alejandra Biotti, rechazó el planteo de los jueces para permanecer en sus puestos de traslado y en segunda instancia, el fiscal general Rodrigo Cuesta, recomendó confirmar el criterio de la jueza.

En sentido contrario se pronunció el procurador interino, Eduardo Casal, argumentando que “el principio de irretroactividad se erige como uno de los basales de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”.

Además del dictamen y las razones de Casal, la Corte tiene para su análisis la presentación que solicitó al Consejo de la Magistratura cuando habilitó el salto por instancia, que previsiblemente ratificó su decisión de enviar en revisión al Senado los traslados de una decena de jueces que, a criterio de la mayoría de sus miembros, no estaban completos.

Entre esos diez traslados que no cumplían las condiciones de la Constitución, estaban los de Bertuzzi, Bruglia y Castelli, que pasaron de desempeñarse como jueces de tribunales orales a camaristas, en el caso de los dos primeros.

La revisión fue tomada por el Senado que convocó a los jueces y escuchó sus razones, aunque no las de Bertuzzi, Bruglia y Castelli, que optaron por no presentarse a la audiencia en el Senado mientras denunciaban públicamente que se avasallaban sus derechos como magistrados.

En la Corte descartan que Rosenkrantz vaya a fallar en favor de los jueces pero la postura de los otros cuatro miembros sigue siendo un misterio, aún cuando todos avalaron que el máximo tribunal interviniera, pasando por alto las instancia regulares.

El mecanismo del “per saltum” está vigente desde 2012 y es concedido en contadas ocasiones, cuando la Corte considera que hay un problema de notoria “gravedad institucional” o que puede implicar una “repercusión social” importante. Rosenkrantz propició y luego admitió el recurso por considerar que no solo se trataría del caso de Bertuzzi, Bruglia y Castelli sino también del traslado de muchos otros jueces de la Nación, por tratarse de una revisión retroactiva, y ello supone violar la “garantía de inamovilidad” de los magistrados, prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional.

“Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”, dice la carta magna argentina.

Mañana martes, como es de rigor aunque hay excepciones, los cinco jueces de la Corte volverán a reunirse para firmar acordadas, resoluciones y tal vez, uno de los fallos más políticos de la Corte en los últimos años.