El campo pidió “no más impuestos a la producción”

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifestó su “alarma” ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley denominado “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Para la entidad, se trata de “un nuevo impuesto que se suma a la larga lista de tributos, tasas y gravámenes, incluyendo los derechos de exportación, que viene pagando el sector, aumentando aún más una presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor”.

El llamado “impuesto a la riqueza”, consideró la Mesa de Enlace, es “un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente”.

En un comunicado sostuvo que “afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”.

impacto mayor

Para el sector, este impuesto “no impactará solo en las grandes fortunas, dado que es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción, y no tiene en cuenta la eventual existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio”.

En un gran porcentaje de los casos, aseguró, “los afectados por este impuesto, lejos de estar en una situación holgada, deban desprenderse de activos claves corno maquinaria agrícola o incluso tierras para poder hacer frente al nuevo gravamen”.

También afectará la capacidad de invertir en paquetes tecnológicos adecuados, lo que disminuirá los rindes, la cosecha y, por tanto, la capacidad del sector para producir alimentos para abastecer los mercados internos y externos, estimó la entidad.

Y consideró que este “aporte” es en realidad “un verdadero impuesto a los activos, de asignación específica, que afectará la liquidez de los individuos y de las pymes de todo el país de todos los sectores de la economía”.

Para la entidad, una contradicción del gravamen es que “se promueve la capacidad del sector agroindustrial de exportar y generar empleo” pero “se lo castiga con un nuevo impuesto que compromete sus activos y su capacidad exportadora y generadora de empleo”.

Por otra parte, sostuvo que es “contrario al federalismo”, ya que “al no ser coparticipable genera nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales al poder central, lo que implica una ecuación costo-beneficio negativa para las provincias”.

La Mesa consideró que además su título es “engañoso”, ya que “sólo el 20 por ciento de lo producido por el impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia”.

“En momento en que nuestro país requiere recuperar la credibilidad y previsibilidad para atraer inversiones internas y externas que apuntalen su castigada economía y tracciones su recuperación de la crisis, este nuevo impuesto lo único que logra es minar la confianza y las expectativas a futuro”, concluyó el comunicado.

Lo que dice el proyecto

El proyecto que el oficialismo bautizó Aporte Extraordinario, que se votará el martes, prevé el cobro de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25 por ciento en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento 600 a 800 millones.

La tasa, siempre según el proyecto oficial, subirá al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1.500 millones, al 3,25 por ciento para fortunas de 1500 millones de pesos a 3000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5 por ciento.

Fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50 por ciento sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona trae el 30 por ciento de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país.

Según el texto de la norma, el 20 por ciento de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20 por ciento a las pymes, 15 por ciento a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20 por ciento a becas al programa integral de becas Progresar y 25 por ciento programas de exploración y desarrollo de gas natural.

“Es un impuesto que grava a los activos, incluso aquellos afectados a la producción”

“Lo único que logra este impuesto es minar la confianza y las expectativas a futuro”