“El impuesto a la riqueza es más político que económico”

Parches. Al menos tres en cuestión de días. Y ninguna solución estructural. De esa manera criticó el exministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, la aprobación del impuesto a la Riqueza, la quita de fondos coparticipables a la Capital Federal y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, todas medidas que el Gobierno concretó en la última semana.

En el primer caso, observó el exfuncionario en declaraciones a un medio porteño, el tributo a las grandes fortunas “tiene una motivación política más que económica” e incurre en una contradicción “muy grande”, ya que al mismo tiempo que el Presidente reconoce “que no es el Estado, sino la inversión privada la que nos va a sacar de la crisis, le ponen un impuesto a los stocks de riqueza, que son flujos de ingreso acumulado”. Esto, evaluó el último ministro de Hacienda de Mauricio Macri, “es un desincentivo a la inversión, que es lo que genera empleo”.

Además, cuestionó que “por apropiarse de $ 300.000 millones, [el Gobierno] va a dañar mucho más a la inversión. En definitiva, perjudican la dinámica, que es lo que más importa. La actividad privada sufrió mucho con la crisis. No es un momento para subirle impuestos”.

Para el economista, lo que sucede con las tres medidas importantes de la semana que pasó -el impuesto a la Riqueza, la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires y la fórmula de movilidad jubilatoria- “es que son todos parches. Son parches que intentan sustituir tres reformas estructurales que nunca encaramos”.

En ese sentido, enumeró la falta de una profunda discusión impositiva, pero también “la falta de una nueva ley de Coparticipación Federal, fijada como mandato la Constitución de 1994. Pasaron 26 años y ningún gobierno convocó a discutirla”.

Jubilaciones

Sobre la cuestión previsional, refirió que “discutimos si ésta o aquella fórmula va a dar mejor el año que viene, pero no debatimos la sustentabilidad del sistema, un objetivo que se había mencionado en la ley de Reparación Histórica de 2016”, aunque aclaró que su crítica “es general, no a un gobierno en particular: nunca discutimos las cuestiones de fondo”.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno, inquieto ante los riesgos de una “cuarta generación de excluidos”

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof cargó contra Larreta por los fondos y pidió que la “corte con la victimización”

Para Lacunza, “los jubilados perdieron en 2019 por la alta inflación y en 2020 por los aumentos por decreto, mientras que también perderán en 2021 por la aceleración de la inflación”. Por eso es que planteó como un problema que no se debata la sostenibilidad del sistema.

“El régimen jubilatorio es insustentable desde las moratorias de la década pasada, pero aquí se discuten fórmulas de movilidad sin analizar cómo vamos a financiar el sistema del lado de los ingresos. Incluso el debate público se focaliza en los efectos inmediatos: cómo dará una fórmula este año o el que viene. El sistema previsional tiene un déficit estructural de 2,5 por ciento del PBI y con estas reglas va a ser del 3,5 por ciento del PBI en 2030. Discutimos en el margen, cómo va a ser la jubilación el año que viene. Así, en tres o cuatro años tendremos que hacer otro parche. La falta de reformas estructurales siempre termina en parches”, insistió el economista.

Para el Gobierno, con la nueva fórmula -cuyos incrementos se determinan en un 50 por ciento por la recaudación de la Seguridad Social y en el otro 50 por ciento según la evolución de los salarios o el Índice salarial que elabora el Indec (el que tenga mayor aumento de ambos)- los jubilados van a ganar. En cambio, para Lacunza este cálculo “tiene el raro defecto de no brindar alivio de corto plazo ni sustentabilidad de largo plazo. Las jubilaciones cayeron el año pasado, por la alta inflación, este año perderán contra la inflación 1 por ciento en el caso de la mínima y 12 por ciento el resto, pero con la fórmula anterior hubieran tenido una mejora real del 6 por ciento. Y con la fórmula propuesta, volverán a caer en 2021. Porque la inflación el año próximo será mayor a la variación de recaudación rezagada un semestre”.

Esto será así, explicó, “porque la inflación se viene acelerando, lo que además tiene que ver con el exceso de emisión de este año”, a la vez que dijo no verle sentido al cambio de fórmula, “salvo la de deshacer lo que hizo el gobierno anterior. Al jubilado lo que más le importa es que sus haberes no pierdan respecto de la inflación, no depender de la evolución de la recaudación. Una fórmula donde los jubilados siempre ganen es insostenible y una donde siempre pierdan es injusta”.

Coparticipación

También el exministro se refirió con dureza a la polémica por la detracción de recursos a la ciudad de Buenos que impulsó la Nación -la poda pasará del 3,5 al 1,4 por ciento-. Es que, si bien reconoció que con la ley vigente la Provincia, por caso, recibe 22 por ciento contra el 36 por ciento de los fondos que aporta, apuntó que fue durante el kirchnerismo cuando el distrito más perdió: “Pasó de recibir 24 a 18 por ciento por la licuación del Fondo del Conurbano. ¡Ahora descubren que Buenos Aires estaba discriminada! Pero más discriminada está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, disparó.

Enhebró a su argumentación algunos ejemplos: “Un bonaerense por cada peso que aporta recibe 60 centavos en coparticipación”, dijo y que “hasta 2015 recibía 50 centavos, esos 10 centavos que recuperó fueron porque la gobernadora María Eugenia Vidal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a reclamar el Fondo del Conurbano y porque Macri reconoció ese reclamo en el Consenso Fiscal de 2017; así se pasó del 18 al 22,5 por ciento”.

El reclamo tiene fundamento, admitió, “pero un porteño está peor: por cada peso que aporta, recibe 30 centavos. Está mucho más discriminado que un bonaerense”.

Por último, Lacunza llamó a no confundir federalismo “con el sálvese quien pueda”, ya que “si pensamos exclusivamente en los fondos que va a recibir mi provincia sin importar el vecino no somos una Nación, sino una Federación de la época de Rosas. Todos tiran del mantel. Nunca piensan en la posibilidad de bajar impuestos para atraer la inversión privada. Es un tironeo insaciable, entonces se hace un mantel grueso oprime a la actividad privada. Por eso las provincias apoyan el Impuesto a la Riqueza, aunque no se coparticipa, porque piensan en recaudar más”, reflexionó y remató que eso sucede “hasta que llega el día en que una provincia no puede pagar los salarios a la Policía, como le pasó a Buenos Aires, y para arreglarlo le quitan a CABA”.