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Los colegios arancelados perdieron más de 27.000 alumnos entre 2018 y 2019; los públicos sumaron casi 134.000. En el sector apuntan a la crisis que, aseguran, también se traduce en cierre de establecimientos y despidos
La matrícula en escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires tuvo una caída de más de 27.000 alumnos entre 2018 y 2019. Se trata de la peor baja desde 2009. En los colegios de gestión estatal, en tanto, la cantidad de estudiantes creció en casi 134.000 estudiantes.
Los datos, que se desprenden de los informes estadísticos que anualmente publica la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), encienden luces de alarma entre los propietarios de establecimientos privados en un contexto de crisis.
“Despues de más de una década de suba ininterrumpida de la matrícula y de haber superado el millón de alumnos (la matrícula total en colegios privados bonaerenses es de más de 1,5 millón de estudiantes), el sistema dejó de crecer”, advierte a EL DIA el secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), Perpetuo Lentijo, y observa el impacto de la coyuntura en la retracción: “El año pasado, incluso, muchas escuelas no llegaron a aplicar los aumentos autorizados por la problemática socioeconómica, porque saben que una baja en los ingresos de la familias repercute en la matrícula de alumnos”.
“La baja en los ingresos de las familias repercute en la matrícula de los alumnos”
Pero esa decisión no alcanzó para detener el descenso. Como se dijo, la cantidad de estudiantes en las escuelas aranceladas de la Provincia bajó en 27.670: en Jardín hubo 11.187 chicos menos; en primarias bajó en 8.494; y en secundarias, en 4.027. En cambio, los colegios públicos sumaron 133.984 alumnos más. A nivel general, entre 2018 y 2019, la matrícula creció en 106.314 estudiantes, repartidos en 20.680 unidades educativas.
De acuerdo al relevamiento estadístico bonaerense, la matrícula privada creció sin freno entre 2009 y 2017, lapso en el que pasó de 1.430.162 a 1.561.223 chicos y chicas. Pero en 2017 se encendió la primera alarma, cuando registró la primera disminución en diez años para bajar a 1.559.294 alumnos.
La alerta sonó más fuerte el año pasado, cuando finalmente se hundió hasta quedar en 1.531.624 estudiantes.
“Es algo que nos preocupa, porque el decrecimiento de la matrícula da la pauta de que va a ser un año problemático en cuanto a la sustentabilidad de las escuelas”, anticipa Lentijo.
En La Plata, el panorama fue otro: entre 2018 y 2019 la matrícula privada creció en más de 600 alumnos, al pasar de 81.211 a 81.887. En las escuelas públicas, la cantidad de estudiantes saltó de 167.921 a 175.232.
No obstante, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) seccional La Plata, Eugenia Vosilaitis, observa en la Ciudad retazos del cuadro descripto a nivel provincial: “Entendemos que la cuestión económica genera que los papás no puedan seguir pagando las cuotas y dejen de enviar a sus hijos a las escuelas privadas. La situación del país se traslada a los colegios; esto era algo que esperábamos que sucediera y se está dando”, advierte.
El titular de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas subraya que la situación es especialmente sensible en las escuelas con aranceles más económicos, del tipo parroquiales: “En los colegios con cuotas más altas no se ve tanto decrecimiento. Donde más afecta la crisis es en los sectores de menores recursos, porque los padres no pueden hacer frente a un arancel mínimo, de no más de 2.000 pesos. Entonces, las escuelas que más sufren son las más humildes”, sostiene Lentijo.
Pues, en esos colegios, con 100 por ciento de subvención estatal, la cuota de primaria costará desde marzo 1.432 pesos y la de secundaria común 1.579 pesos. Así quedó establecido en el último incremento del 20 por ciento aprobado por la administración de María Eugenia Vidal pocos días antes de dejar el poder, tal como publicó este diario el 4 de diciembre de 2019.
Vale aclarar que existen seis bandas arancelarias -para escuelas con 40, 50, 60, 70, 80 y 100 por ciento de subsidio- y valores máximos para las cuotas en cada una. Esa es la base sobre la que debe definirse el aumento en las cuotas. Por citar algunos ejemplos, para las escuelas subsidiadas en un 70 por ciento, los aranceles serán de 3.346 pesos para primaria y de 4.108 pesos para secundaria; y en las que el aporte del Estado es del 40 por ciento, los valores treparán a 6.409 y 8.328 pesos, respectivamente.
Tanto entre los propietarios de colegios privados como en el gremio que representa a los docentes del sector coinciden en que, antes de decidir por la matriculación del alumno en una escuela pública, los padres intentan con opciones más económicas, pero dentro de la gestión privada: “Cuando ya no pueden pagar el valor de una cuota, traspasan a su hijo a un establecimiento con mayor subvención estatal y menor arancel. Pero esto genera otras problemáticas, porque sube la matrícula en ciertos colegios, las aulas se tornan más numerosas y los docentes se sobrecargan de trabajo sin que mejoren sus condiciones laborales”, describe Vosilaitis.
Cuando la matrícula desciende, en cambio, la crisis se traduce en “despidos de trabajadores, cierre de grados o de establecimientos”, advierte la referente platense de SADOP. Según datos del sindicato, en la Ciudad, sólo entre octubre y diciembre se registraron más de 50 despidos a docentes, mientras que entre 2018 y 2019 cerraron, en promedio, nueve unidades educativas. Entre esos casos, los más recordados son los de la escuela Pasos del Libertador y su Jardín, Pasito a Paso, de los que dependían 60 docentes y a los que asistían casi 300 niños.
“La crisis se traduce en despidos de trabajadores, cierre de grados o de establecimientos”
En la Provincia, los registros hablan de 700 cesanteados y 10 escuelas cerradas, sólo el año pasado.
“No hay dudas de que la cuestión económica repercute en el alumno y en el trabajo de los docentes -retoma Vosilaitis y cuestiona-. Pero muchas veces, el empleador se excusa en la crisis, en la baja de la matrícula, en la pérdida económica para despedir trabajadores o para aumentar la cuota ofreciendo actividades extraprogramáticas, pero sin que el docente perciba un mejor salario”.
“Nadie busca excusas para despedir”, aclara Lentijo, aunque vaticina un pronóstico para nada alentador: “La realidad muestra que es probable que tenga que haber despidos, porque ha habido una reducción de matrícula después de muchos años. En las escuelas a la gente se la contrata para dar clase y se cierra un grado no queda más remedio que el despido”.
En este contexto, en la entidad que conduce Lentijo están a la espera de una reunión con las autoridades de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) que, a dos meses del cambio de mando, no han sido designadas. Consultadas para esta nota, fuentes de la DGCyE se limitaron a informar que esta semana “ya estará la persona responsable de Diegep”.
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