El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, redujo las tensiones con los gobernadores al prometerles que promulgará una ley para distribuir 10.200 millones de dólares de ayuda frente a los efectos de la crisis del coronavirus y que vetará el aumento a los empleados públicos, cuyos salarios quedarán congelados hasta 2022.

El cese de las paritarias y reajustes hasta diciembre de 2021 “es el remedio menos amargo para los empleados públicos”, dijo Bolsonaro tras conseguir el acuerdo de los gobernadores para combinar la ayuda millonaria a las regiones con un congelamiento de los salarios del Estado.

Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro se negó a aplicar las medidas de distanciamiento social y cuarentena que recomienda la Organización Mundial de la Salud y acusó a los gobernadores e intendentes de provocar una crisis económica por haber limitado las actividades comerciales y la circulación de bienes y servicios.

Bolsonaro mantuvo una reunión con los gobernadores de los 27 estados del país por teleconferencia, junto al titular de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, Davi Alcolumbre; con quienes el jefe del Estado se enfrenta por la crisis del coronavirus, que dejó más de 20.000 muertos en Brasil.

Paños fríos

A diferencia de otras dos teleconferencias, la de ayer tuvo un buen trato, careció de agresiones y mostró también voluntad de los líderes estaduales.

La ley en discusión fue aprobada a principios de mayo, pero el presidente consiguió ayer el apoyo que necesitaba para vetar la parte que autorizaba un aumento salarial de los empleados públicos de los niveles federal, estadual y municipal.

Bolsonaro lo calificó como el “mayor paquete de ayuda de la historia de Brasil” y explicó que llegó a un acuerdo con los gobernadores y los bloques parlamentarios para que no cuestionen la parte del congelamiento de los salarios estatales ni ante el Poder Legislativo ni ante el Judicial. Algunas categorías del servicio público, sin embargo, podrían quedar fuera del congelamiento salarial, como las fuerzas de seguridad.

En la teleconferencia hablaron tres gobernadores que están de acuerdo con el ajuste, pero tuvieron grandes conflictos con Bolsonaro durante la pandemia: Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, Eduardo Leite, de Rio Grande do Sul, y Joao Doria, de San Pablo, todos del Partido de la Social Democracia Brasileña.

Doria y Bolsonaro, quienes hace un mes se enfrentaron en una teleconferencia con insultos, ahora destacaron la unidad del país con esta iniciativa.

El gobernador Azambuja, por ejemplo, comentó que la mayor parte de los gobernadores apoyan congelar los salarios de los empleados públicos.

En tanto, el gobernador de Bahía, Rui Costa, del Partido de los Trabajadores (PT) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agregó: “Esperemos que se promulgue la ley lo antes posible”.

Desde el inicio de la pandemia los planes de socorro del gobierno han estado mezclados con situaciones caóticas, como la ayuda a trabajadores informales o los créditos para pagar salarios a las empresas para evitar despidos.

Por eso, la reunión de ayer fue percibida en Brasil como una esperada distensión en la relación entre el Congreso, Bolsonaro y los gobernadores, sobre todo porque el mandatario se encuentra en medio de una tormenta de acusaciones judiciales que pueden debilitarlo aún más.

El mercado lo festejó

El acuerdo fue festejado por el mercado financiero: hubo un aumento del 2 por ciento en la Bolsa de Valores de San Pablo y el dólar bajó 1,80 por ciento y cotizó a 5,57 reales, el menor valor desde el 4 de mayo. La devaluación del real acumulada en 2020 supera, de todos modos, el 42 por ciento.

Sin embargo, las próximas horas serán clave en la investigación por presunta obstrucción de la Justicia que dirige el juez de la corte suprema Celso de Mello contra Bolsonaro en base a las denuncias hechas contra el mandatario por el ex ministro de Justicia Sérgio Moro.

Pedido de juicio político

Más aún, la distensión entre el mandatario, el Congreso y los gobernadores no logró frenar una nueva ofensiva contra el jefe de Estado. Desde la oposición, sectores políticos, sociales y referentes jurídicos presentaron un pedido de juicio político para destituir a Bolsonaro por cometer crímenes contra la salud pública, debido a su participación en aglomeraciones durante la pandemia, aún cuando su propio Ministerio de Salud lo desaconsejaba.

El PT, otras seis fuerzas de izquierda, 400 movimientos sociales y reconocidos juristas presentaron el pedido en la Cámara de Diputados, el primero de tipo colectivo contra Bolsonaro, con lo cual las solicitudes de destitución por diversos delitos de responsabilidad ascendieron ya a 32.

“Bolsonaro no es más capaz de estar al frente del cargo. Es un incapaz político y administrativo, es inhumano, no tiene empatía y debe ser apartado lo antes posible porque es una amenaza al país”, dijo la diputada Gleisi Hoffmann, presidenta del PT.

Entre las acusaciones, se destaca el presunto delito de atentar contra la democracia por la participación de Bolsonaro en actos en que se pidió el cierre del Congreso y el Supremo Tribunal Federal, y se reivindicó la dictadura.