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Diputados nacionales de la oposición solicitaron al Gobierno que amplíe los programas de asistencia económica a las instituciones de gestión privada, cooperativa y social que brindan educación y cuidado a la primera infancia, que desde que comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 están atravesando una situación muy delicada.
Vale resaltar, que la mayoría de este tipo de instituciones depende del pago de las cuotas para solventar gastos y pagar salarios, y desde que comenzó el aislamiento disminuyeron considerablemente sus ingresos, donde muchos de ellos se vieron obligados a cerrar, y otros cientos están en riesgo.
Se trata de un proyecto de declaración presentado por la diputada de Juntos por el Cambio, Mercedes Joury, con el acompañamiento de sus pares Lorena Matzen, Francisco Sánchez, David Schlereth, Gisela Scaglia, Adriana Cáceres, María Luján Rey, Hernán Berisso, Natalia Villa, Victoria Morales Gorleri, Omar De Marchi, Claudia Najul y Camila Crescimbeni.
Al respecto, la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Mercedes Joury sostuvo que “estamos pidiendo la ampliación de la cobertura, la flexibilización de los requisitos de acceso y el incremento del monto del subsidio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para todos los jardines maternales y de infantes del país”.
Por su parte, Lorena Matzen, diputada nacional por la provincia de Río Negro, expresó que “estamos frente a una obligación indelegable de los responsables del Estado, el acompañamiento en el mantenimiento de una función que por sí mismo no cumple, y a la que deberán volver a recurrir miles de niños y niñas una vez superadas las actuales circunstancias pandémicas. El Estado debe estar presente y acompañar, con medidas reales para garantizar su sostenimiento y futuro".
Los diputados del interbloque también solicitaron el desarrollo de líneas de créditos a tasa cero para todas las instituciones, y la implementación de un Fondo Especial de Ayuda Económica a partir de la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
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Durante estos más de 90 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, como producto de dicha crisis, muchas familias vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de ejercer sus trabajos, y dejaron de pagar o se atrasaron en el pago de las cuotas de los jardines.
“Negar una respuesta, que debe darse urgentemente, podría implicar llevar a la quiebra a instituciones que en algunos casos llevan muchos años de servicio, con lo que la pérdida además de económica también podría ser en experiencia pedagógica y de vínculos con sus comunidades”, afirmó el diputado nacional por la provincia de Neuquén Francisco Sánchez.
LA SITUACIÓN EN LA PROVINCIA
Este contexto crítico se repite en varias provincias de todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde hay aproximadamente 250 instituciones privadas en riesgo, y jardines maternales cerrados en Malvinas Argentinas, Quilmes, La Plata, Mercedes, Bahía Blanca, San Isidro y Vicente López, entre otros municipios señalaron.
Por ello, el senador de Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Juan Pablo Allan, junto a su par, Lucas Fiorini, presentaron un proyecto de ley en los últimos días en el que se le exige al Gobierno bonaerense que otorgue un subsidio, de carácter excepcional, al sector educativo de Gestión Privada, que será destinado al pago de haberes del personal docente y no docente de esas instituciones.
Con ello, se busca garantizar la continuidad laboral del personal, así como la continuidad pedagógica de los alumnos que se verían seriamente en riesgo por los efectos del impacto de la crisis económica sobre las instituciones educativas de gestión privada.
“El Gobierno de la Provincia no ha adoptado ninguna medida tendiente a contrarrestar la disminución de ingresos o palear la grave situación económica que están padeciendo el sector educativo de Gestión Privada que desarrollan su actividad en la Provincia”, señaló Allan.
En esa línea, argumentó que desde hace tiempo “venimos escuchando al sector educativo de Gestión Privada, que representa el 40 % de la matrícula escolar, y a la que asisten 1.600.000 chicos, la cual está padeciendo una crisis muy importante que la Provincia no está atendiendo”.
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