El abogado de Cristina, entre los asesores que buscaría cambios en la Corte Suprema

El proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno está listo para ingresar al Congreso, luego de las puntadas finales que el propio Presidente le dio el domingo en Olivos.

La iniciativa, cuya presentación se había programado para el viernes, fue postergándose -y podría demorarse hasta el final de esta semana-, entre otras cuestiones, por la falta de acuerdo sobre su contenido y la composición de la comisión revisora que deberá velar por los cambios en la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la designación de nuevos fiscales y la implementación de los juicios por jurados.

Puntualmente, la novedad más ruidosa e imán de varios cuestionamientos llegó con la confirmación de Carlos Beraldi, abogado penalista de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la mayoría de las causas en su contra, como parte del “consejo de notables” que asesorará a Alberto Fernández.

Los asesores serán once. Además de Beraldi, estarán la ex candidata a la Procuración General de la Nación de Mauricio Macri, Inés Weinberg de Roca; el ex juez del juicio a las Juntas Militares, Carlos Arslanian -que, entre otros, defiende a Ricardo Echegaray y fue socio en un estudio de Beraldi, quien lo acompañó en su gestión bonaerense en Seguridad-; los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez (le puso freno a la ley de subrogancias durante la última gestión de Cristina) y Gustavo Ferreyra (trabajó en varios proyectos con el ex juez Zaffaroni); el experto en derecho penal, Enrique Bacigalupo (ex funcionario del gobierno de Héctor Cámpora y que vive en España); la especialista en derecho de familia, Marisa Herrera; el juez de la corte de Mendoza, Omar Palermo; y las juezas de cortes provinciales, Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego). Se espera que esta comisión -que, según se aclaró, trabajará ad honorem- sea presentada mañana por la tarde en un acto encabezado por Fernández.

El proyecto de ley, que doblaría los actuales 23 juzgados federales para llevarlos a 46 y fusionaría los fueros criminales (12) con los penal económicos (11), involucra al propio Presidente con la letra chica de la reforma, como así también a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Mientras en Comodoro Py interpretan que se busca “licuar” y “avanzar” sobre el fuero que investiga las causas por corrupción, para el Presidente se trata de “impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, tal como anunció al abrir las sesiones ordinarias del Parlamento.

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sobre la Corte

Este consejo asesor durante 60 días deberá trabajar en distintas propuestas. Por ejemplo, en la instauración del juicio por jurados, que está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853 pero se aplica solo en seis provincias; y en revisar la composición numérica de la Corte, si debe continuar con cinco miembros o debe llevarse a siete, nueve o más jueces.

En un contexto de fuertes polémicas por las liberaciones de ex funcionarios kirchneristas, mientras la vicepresidenta toma cada vez más protagonismo en asuntos judiciales y se involucra en sus críticas a la Corte, la lectura que gana espesor entre constitucionalistas es que una ampliación de la Corte podría beneficiar la si los juicios en su contra escalan hasta el máximo tribunal. Por ejemplo, al permitirle a apelar a la mayoría automática.

“Cada vez que se ha querido ampliarla, se lo hizo para arreglar una Corte a la medida de quien gobierna -opinó al respecto el abogado constitucionalista Daniel Sabsay-. Toda la doctrina constitucional sostiene que aunque se divida a la Corte, las decisiones tienen que ser tomadas por su totalidad. Quieren crear una sala penal y poner a penalistas amigos y militantes. De ese modo, salvarse, encontrar vicios y detener las causas en trámite”.

El Presidente, sin embargo, defiende que lo que busca “afianzar la administración de Justicia”, asesorado por el comité de expertos que tendrá “mucha pluralidad” y “mucha seriedad académica”.

Todo indica que el mentado proyecto de reforma judicial ingresará al Congreso esta semana. Incluso, en la Rosada había quienes arriesgaban que podría ser hoy mismo.

El derrotero legislativo, anticiparon fuentes oficiales, empezará por el Senado, que preside Cristina y donde la coalición gobernante cuenta con mayoría. Además, al frente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta está el ex secretario General de la Presidencia y titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli; mientras que la de Asuntos Constitucionales es presidida por la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun.

La intención del Gobierno es apurar una reforma rápida y poder aprobarla antes de fin de año.