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Empresarios, profesionales y comerciantes del rubro volvieron a expresar su profunda preocupación. Creen que se puede avanzar en un regreso progresivo y con protocolos
Empresarios, profesionales y comerciantes vinculados a la construcción reclamaron ayer que se les permita trabajar en las obras privadas de la Región. “La idea es iniciar con las obras más grandes porque detrás siempre hay empresas responsables que tienen un mayor seguimiento y control del Estado, además todo el personal involucrado está registrado”, señaló Fernando Magno, dirigente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires –Apymeco-.
El dirigente de Apymeco informó ayer a EL DIA que, durante una reunión que se mantuvo días atrás con autoridades del Ministerio de la Producción y de la subsecretaría de Industria, se propuso que la construcción privada se reinicie de manera progresiva y segmentada.
Según el proyecto, la actividad comenzaría con las obras que tienen más de 500 metros cuadrados, quedarían comprendidas en un anexo para que se puedan hacer en fase 3. El personal trabajaría regido con una ocupación máxima establecida por protocolo y el traslado de los trabajadores estaría a cargo de la empresa constructora. Además todos serían de la Región, o sea, de La Plata, Berisso y Ensenada.
“Ninguna actividad puede sostenerse 5 meses sin poder trabajar, la ATP del gobierno no llegó a todos y ahora solo resta esperar la decisión política del Gobernador o de la Jefatura de Gabinete”, agregó Magno. Por otro lado, el dirigente consideró que La Plata está en mejor condición epidemiológica que el resto del AMBA.
“Ninguna actividad puede sostenerse 5 meses sin poder trabajar, la ATP del gobierno no llegó a todos”
Fernando Magno, Apymeco
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La Federación Empresaria de La Plata acompañó el reclamo de los sectores vinculados directa e indirectamente a la construcción en obras privadas en La Plata. “Las Pymes constructoras vienen de soportar tres años muy severos, altamente recesivos y con ese cuadro debieron enfrentar la pandemia”, se informó.
Por su parte, el arquitecto Germán Zuloaga, tesorero del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Uno, sostuvo que, tras la reunión mantenida con el intendente local, Julio Garro, no hubo ninguna novedad para el sector. “El tiempo que nos pidió para trasladar nuestra inquietud a las autoridades provinciales terminó el viernes, esperamos que atiendan nuestro reclamo porque en los hechos La Plata no sigue la lógica de las ciudades del AMBA y prácticamente tiene levantada la cuarentena”, dijo el profesional.
En los últimos días también se mantuvo una reunión con diputados provinciales a los que se solicitó que se declare la emergencia de la actividad para que se les permita trabajar de acuerdo a los protocolos. “La obra pública está habilitada, en la Región se trabaja con protocolo y no hay casos de coronavirus, entonces nos preguntamos por qué la actitud discriminatoria de que no se permita lo mismo con las obras particulares”, agregó el arquitecto y dijo que los profesionales de otros distritos no tienen tantos conflictos como los del distrito uno.
“Esperamos que atiendan nuestro reclamo porque La Plata, en los hechos, no sigue la lógica de ciudades del AMBA”
Germán Zuloaga, Colegio de Arquitectos
En la Región hay unos 1500 arquitectos ligados a la construcción y por cada obra se estima que como mínimo trabajan 10 personas, lo que grafica el drama que están atravesando quienes, desde que se desató la pandemia, no pueden trabajar.
El intendente Julio Garro también se refirió al tema: “La obra privada es lo que mueve gran parte de la economía del municipio, la mano de obra, el empleo, el crecimiento de la construcción, el crecimiento de nuestra ciudad, el progreso”.
Con relación a cómo volver a poner en marcha la actividad, agregó que es necesario “empezar a pensar, puesto que ya está presentado el protocolo, alguna medida que vaya de menor a mayor pero que empiece a trabajar en ese puntapié inicial”.
De acuerdo a un informe que se conoció ayer, el último mes, con respecto del mismo de 2019, muestra una caída del 38 por ciento en el nivel de actividad referido al nivel nacional, pero en esta región la situación es mucho más crítica, dado que no se encuentra habilitada la actividad en fase 3, por lo tanto se encuentra paralizada en un 96 por ciento y solo el 4 por ciento se encuentra activo, vinculado a obras públicas prioritarias.
Son 250 las obras de viviendas multifamiliares paralizadas, eso afecta a 5.500 empleos directos y de manera indirecta esa cifra trepa a 17.800 puestos, no considerando las viviendas unifamiliares , que también generan un alto flujo económico en la región.
La situación se hace también crítica por la dificultad de acceder al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), ya que solo el 30 por ciento de las empresas logró utilizarlo por diferentes motivos.
Las entidades del sector solicitaron volver a trabajar cuanto antes, con la implementación estricta de protocolos por actividad, de manera segmentada y progresiva. Se explicitó la necesidad de comenzar con las obras que superen los 500 metros cuadrados, ya que cuentan con mayor seguimiento y los respectivos controles se realizan desde distintos ámbitos. También se ha propuesto que el transporte de personal esté a cargo del empleador y esta mano de obra se tome exclusivamente de la jurisdicción para proteger la salud y beneficiar al trabajador local.
Son muchos los actores económicos perjudicados con la paralización de las obras. Los arquitectos se encuentran trabajando en proyecto y/o dirección de obras en un 10 por ciento de lo habitual y prácticamente no se están tramitando pedidos de obras nuevas. Los comercios que proveen materiales y accesorios están trabajando con pequeñas obras y arreglos menores, a una escala muy acotada en su actividad. También se contempla la situación de incertidumbre del empleado de la construcción, que por su convenio laboral, cuando deja de trabajar pasa a cobrar su fondo de desempleo y no tiene más ingreso hasta su próximo trabajo.
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