"Es un bochorno que mancha los valores de la institución", dijo la presidenta desplazada del colegio de odontólogos

Como se viene informando desde el fin de semana, se desató una fuerte crisis institucional en el Colegio de Odontólogos de La Plata, donde su presidenta, Natalia Weiler, fue destituida por el consejo directivo de la institución que tiene 2.800 matriculados. Según se informó, los argumentos tienen que ver con “una decisión de no llevar a cabo las decisiones del consejo directivo, dilatando cuestiones importantes, desconociendo la decisión de la mayoría de los integrantes”. La profesional desplazada denunció que fue “destituida” y se trató de un “golpe institucional”.

Este lunes, Weiler le mandó una nota al al Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Bs. As. donde dejó fuertes expresiones. "Lamento decirles que tal resolución ha violentado en un todo las normas más claras, básicas y elementales de cualquier institución medianamente democrática y transparente. Lo ocurrido durante dicha sesión ha sido lamentablemente un bochorno que ha manchado los valores de nuestra Institución", dijo en la nota.

Agregó que "concretamente y mediante una reunión celebrada de forma virtual se me acusó de haber cometido quince faltas graves que nada, absolutamente nada, tienen que ver con la realidad de los hechos. Sin perjuicio de ello no pretendo aquí realizar mi defensa, pues considero que no es el ámbito adecuado; sí, en cambio, quiero ponerlos en conocimiento de cómo es que se ha tomado tal decisión y cómo es que se ha llevado a cabo la reunión, además de lo sucedido con posterioridad a la misma:

"Primeramente debo manifestar que pese a que casi 300 odontólogos habían solicitado formalmente y mediante la presentación de una nota la participación en la reunión, el Consejo Directivo, en flagrante violación a los derechos que le asisten a los matriculados, decidió sin fundamento valedero y sin esgrimir motivo alguno que la reunión fuera secreta, todo ello a sabiendas del tema que iba a ser tratado conforme surge de la “orden del día”.

"Debo manifestar que tras la lectura de los cargos, es decir, tras enterarme en dicho momento de cuáles eran las acusaciones en mi contra, se me prohibió lisa y llanamente el derecho a réplica, pero además el derecho a defenderme de los mismos. Además, debo manifestar enérgicamente que el juzgamiento ha violado de forma palmaria, clara e indiscutible los derechos más elementales de todo juzgamiento: Quienes me acusaron fueron los mismos que me juzgaron y que luego me sancionaron", sostuvo.

"No se me permitió el derecho a réplica ni el derecho a probar lo contrario, pues directamente se me privó del derecho a defenderme. El juzgamiento no fue público, sino todo lo contrario: se me acusó, se me juzgó y se me sancionó de forma secreta; todo ello a sabiendas de que casi 300 colegas habían solicitado formalmente el ingreso a la sesión para ejercer sus derechos como matriculados", sostiene.

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"De más está decir que un juzgamiento justo se estructura en la publicidad, en la imparcialidad del juzgador y en el derecho de defensa; quien coarta tales garantías no lo hace por descuido ni por error ni por torpeza, lo hace por malicia, lo hace porque en el fondo sabe que la acusación es falaz y lejos está de la verdad", sentenció.