Pidió declarar el dueño de la inmobiliaria sospechado en una causa por prostitución

Luego de que la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó el rechazo a la eximición de prisión que pidió el empresario platense del rubro inmobiliario Fernando Mercerat, en la causa que lo investiga como supuesto integrante de una red dedicada a la explotación económica de la prostitución, sus defensores negaron los cargos al destacar que su cliente “se puso a disposición de la justicia para aclarar la situación de un conjunto de inmuebles que eran alquilados a través de Pedro Bardella, una suerte de comisionista” que está detenido.

Como informó este diario en la edición de ayer, en el mismo fallo los camaristas confirmaron la prisión preventiva que le había dictado a Bardella el juez de Garantías Pablo Raelle, a pedido de la fiscal Cecilia Corfield.

Los defensores Alfredo Gascón y Miguel Molina aclararon que el rechazo a la eximición de prisión “ya fue impugnada en Casación” e insistieron en que Mercerat pidió “prestar declaración espontánea para aportar elementos demostrativos del correcto accionar de su inmobiliaria”, que, según argumentan, “fue engañada y utilizada por Bardella para sus ilegales designios”. Según los abogados de Mercerat, él y sus empleados recién supieron de esta maniobra “con motivo de la investigación penal” en trámite.

Del otro lado, los abogados de Bardella (único detenido hasta el momento), Christian Parodi y Fernando Palazzo, pidieron que se lo incorpore como arrepentido e ingrese en el sistema de protección de testigos, “porque es un gasista y albañil que hacía los mantenimientos de las propiedades y está siendo amenazado en la alcaidía Pettinato para que no hable”.

La acusación fiscal sostiene que un grupo de personas “explotó económicamente a un número indeterminado de mujeres mayores de edad y travestidas para el ejercicio de la prostitución, actividad por la cual les exigía la entrega de una suma de dinero semanal o diariamente, que ascendía en algunos casos a 10 mil pesos semanales”.

Es por eso que a Bardella le imputan el delito de “explotación económica de ejercicio de la prostitución de mayores”.

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Para dictarle la preventiva, Raele tuvo en cuenta que el acusado fue aprehendido durante un allanamiento en una de las casas “donde se ejercía la prostitución” y que le secuestraron dentro de su vehículo “125 preservativos, geles y sumas de dinero habituales en el ejercicio de la prostitución”, además de teléfonos celulares y “una especie de contabilidad de las sumas dinerarias” que supuestamente recaudaba en los “distintos lugares privados en donde se ejercía la prostitución”.

Valoró el juez, y lo respaldó la Cámara, “la directa imputación” que hicieron contra Bardella tres personas “que ejercen la prostitución” quienes, figura en la causa, “lo sindican directamente como la persona a la que debían entregar dinero por los servicios sexuales que brindaban y que además posee otras viviendas en las que realizan las mismas actividades”.

Lo complican, además, el informe del Personal del programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que participó de los primeros allanamientos, en el que relevaron que las personas prostituidas “apuntaron a Bardella como la persona que pasaba a recaudar el cobro”; y escuchas telefónicas. En la resolución se transcribe un llamado en el que le habrían notificado de un allanamiento, lo que “denota el conocimiento cabal que Bardella tenía para justificar su normal concurrencia al lugar allanado”.

El imputado “se ha intentado mostrar como un simple colaborador”, se detalla, “justificando su injerencia en las dependencias donde desarrollaba la explotación sexual a partir de llevar a cabo tareas- rubros varios- de mantenimiento”, lo que se “daría de bruces”, a criterio de los jueces, “con las probanzas incorporadas que ilustrarían que en realidad sería quien les alquila los inmuebles a las personas explotadas”. En el allanamiento a la inmobiliaria se secuestraron contratos de locación “en donde es el garante”, explican. Para los camaristas, claramente se colige que el supuesto negocio “era la explotación sexual y no el rubro inmobiliario, donde habitualmente los pagos se realizan mensualmente, no por semana, sumas fijas, no porcentajes y con debida constancia documental con expresa mención de locación, no arreglos de plomería”.

Al único detenido le confirmaron la preventiva. En el auto tenía 125 preservativos y geles