Los actos intimidatorios que puedan sufrir los magistrados del Poder Judicial merecen, bajo toda circunstancia, no sólo el repudio social sino las más profundas de las investigaciones, puesto que implican un ataque a representantes de una institución que debería estar siempre resguardada de toda posible lesión a su independencia de criterio, ya que ella es una de las características esenciales a toda administración de justicia.

Tales consideraciones surgen a partir de la denuncia formulada por jueces de la Provincia que se declararon en estado de alerta por la decisión de organizaciones que representan a personas detenidas, que publicaron una lista con los datos de los magistrados. Según expuso la jueza de Ejecución penal del Juzgado 1 de Quilmes están pidiendo “medidas de resguardo” para quienes aparecen en ese listado.

La jueza quilmeña añadió que el listado de magistrados a escrachar fue publicado en la red social Facebook, donde se enteró de que organizaban una marcha en su contra para la próxima semana. “A algunos ya les han ido”, aseguró la magistrada, que se puso al puso al tanto de estas inquietantes novedades el último lunes.

Junto a otros magistrados del Gran Buenos Aires, los jueces también denunciaron que un abogado matriculado en el Colegio de Abogados de La Plata publicó “ofensas respecto de nuestras investiduras, imputándonos la comisión de ilícitos e instando públicamente a que seamos escrachados en nuestros domicilios particulares”, lo que constituye, dijeron, “una palmaria intimidación personal hacia la intimidad y tranquilidad de nuestros hogares y familias”.

A su vez, en un comunicado reproducido por este diario, el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses sumó su intervención, señalando que “algunas organizaciones de personas detenidas (aparentemente en acuerdo con algún abogado de la matrícula) se han manifestado frente a los edificios de los tribunales de distintos departamentos judiciales y están convocando a dirigirse a los domicilios donde viven las y los jueces, alentando a su extensión y profundización”.

Está claro que en todo tiempo y lugar la Justicia debe actuar sin presiones ni amenazas de ninguna naturaleza. Como se ha dicho, se está hablando de amenazas a personas en las que se encuentra depositada la máxima garantía institucional. Y, sobre todo, cuando tales intimidaciones se relacionan con las funciones que desempeñan, pues ello implica la intención de ejercer presiones o represalias por las medidas que adoptan.

Resultaría por lo pronto inconcebible permitir que tanto los integrantes, como las sedes del Poder Judicial –pues en ellas también se han venido registrando en los últimos años incidentes absolutamente impropios- puedan permanecer en situaciones de desamparo, con magistrados expuestos a todo tipo de agresiones o actos de vandalismo. Asimismo, se puede hablar de los ataques que han sufrido varios jueces y fiscales por parte del público en las audiencias orales, en muchas oportunidades al darse a conocer los veredictos.

Las medidas de prevención que se reclaman desde hace tiempo, todas aquellas que resulte aconsejable adoptar, deben tomarse cuanto antes, para que en los Tribunales y en las personas de todos los magistrados, funcionarios y empleados que los integran, reine un clima tranquilizador, propio de las delicadas cuestiones que la Justicia debe tratar sin presiones ni amenazas de ninguna naturaleza.