La provincia de Buenos Aires atravesó su pico de la pandemia de coronavirus en la última semana de agosto pasado, cuando los casos llegaron a los 5.800 cada día. Esta semana, las cifras oficiales no bajaron de los 5 mil diarios y el martes, incluso, llegaron a los 5.400. Para las próximas semanas se espera que en territorio bonaerense se produzca el récord de positivos desde que todo esto comenzó.

Los números oficiales lo muestran claramente. La segunda ola del coronavirus golpea con fuerza a la provincia de Buenos Aires, donde inquieta la presión sobre el sistema sanitario, cuyo personal esencial recién terminará de estar vacunado en febrero o marzo.

Con esa luz roja encendida en el tablero, y proyecciones inquietantes sobre el impacto en vidas humanas del este rebrote del COVID, el foco estuvo nuevamente puesto en la pulseada entre Gobernación e intendentes opositores por la naturaleza y el alcance de las medidas que debían tomarse.

Como ocurrió el año pasado ante cada endurecimiento de la cuarentena, la tensión estuvo puesta entre dos miradas. Una, desde La Plata, con las estadísticas sanitarias en la mano. Otra, desde los distritos y las intendencias, que son las que deben salir a defender y aplicar esas decisiones. Esta vez, con la temporada de verano de fondo, y la ilusión de comerciantes, empresarios y vecinos de un verano próspero amenazada por la necesidad de restringir la circulación.

En el juego de tira y afloje también se puso en cuestión el costo político y el impacto en términos de imagen de la comunicación de una medida que, como el toque de queda nocturno, no solo es rechazada por veraneantes, comerciantes y empresarios sino que también es de muy difícil control estricto sin un grado alto de consenso.

“Tenemos que salvar la temporada”, fue la consigna que el gobernador Axel Kicillof y los intendentes compartieron en un encuentro de emergencia convocado el pasado martes, en medio de señales claras de que el presidente Alberto Fernández intentaría avanzar con un toque nocturno en todo el país.

Desde esa coincidencia inicial, se abrió entonces una dura negociación por cómo debía aplicarse la medida en los distritos de la Costa Atlántica, donde los intendentes opositores, pero también oficialistas, no querían saber nada con ordenar que los bares, restaurantes y comercios cierren a las 23, tal como planteó originalmente la Casa Rosada.

Los intendentes sostenían que si el problema central eran las fiestas clandestinas y las juntadas de adolescentes desentendidos de cualquier medida de protección, cortar la actividad gastronómica con protocolos no iba a tener ningún efecto.

La “resistencia” no solo alineó a los opositores Martín Yeza y Guillermo Montenegro. El peronista Cristian Cardozo, que gobierna el municipio de La Costa, con 14 playas muy populosas, fue otro de los que se planteó fuerte para que el toque de queda no comience hasta la una.

La pulseada fue una suerte de espejo de la que mantuvo el presidente Fernández con los gobernadores, luego de que un grupo de ellos avisara que no aceptarían aplicar toques nocturnos en sus provincias ni con un decreto que lo ordene. Esa nueva amenaza a la autoridad presidencial obligó a Fernández a firmar una resolución que dejaba en manos de las provincias la potestad de fijar medidas y solo “recomendaba” limitar la circulación.

La jugada de Alberto Fernández aumentó la presión sobre la figura de Axel Kicillof, especialmente luego de que Horacio Rodríguez Larreta saliera por su parte rápidamente a anunciar medidas como el cierre de bares a partir de la una.

El gobernador bonaerense aceleró entonces las negociaciones con los intendentes para definir las medidas que finalmente se anunciaron ayer. Y se apoyó, para eso, en ese sistema de ordenamiento de los municipios en fases, cada una de las cuales con permisos y restricciones. Con ese mecanismo, que viene funcionando aceitadamente desde el año pasado, hacía recaer el peso de medidas como el toque de queda en criterios epidemiológicos y no librado a la decisión de cada municipio.

“Es una medida nacional que tiene su correlato en la Provincia. Y los intendentes estuvieron de acuerdo”, se apuraron a aclarar en la Gobernación, ayer luego de que se informara oficialmente las nuevas medidas que comenzarán a regir desde esta noche.

Después de ponerse al hombro la medida, Kicillof debe enfrentar ahora otro desafío: lograr que los intendentes hagan cumplir el toque de queda a la una y el episodio no termine con nuevas escenas de violaciones abiertas y masivas a los protocolos.

“La “resistencia” no solo alineó a intendentes opositores sino también a uno peronista en la Costa Atlántica”