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Opinión |Panorama nacional

En medio de la suba de contagios y la cuarentena nocturna, se coló la reforma al sistema de salud

Idas y vueltas en la Rosada por las nuevas restricciones. La medicina prepaga, en la mira. Una alarmante advertencia sobre la Justicia. El conflicto con el campo, tarifas, Venezuela y EE UU

En medio de la suba de contagios y la cuarentena nocturna, se coló la reforma al sistema de salud

Alberto Fernández se reunió con gobernadores / web

Daniel Gómez

Daniel Gómez
dgomez@eldia.com

10 de Enero de 2021 | 02:32
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La política pareció entrar en la semana en un receso quizás lógico por ser los primeros días del año y el arranque de la temporada estival, aunque está claro que nunca se paraliza del todo y menos en este año electoral clave. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, tanto en el oficialismo como desde la oposición ya apuntan a los comicios legislativos de octubre, primer gran test en las urnas para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Pero también es cierto que la pandemia por el coronavirus volvió a estar en boga y preocupa a todos por la disparada de contagios de COVID-19 tras las fiestas de fin de año, después de dos meses de retroceso en los casos. Se volvieron a encender las luces de la emergencia sanitaria para poner en guardia de nuevo al Gobierno nacional, provincial y local, y con el dilema en la mesa de cómo volver atrás con las medidas de restricciones cuando la actividad económica aún trata de ponerse de pie.

Desde Nación se llamó de urgencia a una reunión a todos los gobernadores y se abrió una línea directa con Horacio Rodríguez Larreta -aislado por contraer COVID-, a pesar de los plantones del jefe de Gobierno porteño en la discusión por los fondos para la seguridad que le quitaron al distrito, disputa que sigue en manos de la Justicia.

De ese encuentro salió la necesidad de “cerrar” la noche. Así lo aseguraban en la Rosada. Sin embargo, el consenso no estaba. La ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba (los dos primeros distritos gobernados por Juntos por el Cambio, y el tercero por el peronista Juan Schiaretti que, si bien acompañó en algunos proyectos al oficialismo nacional como la reforma de la movilidad jubilatoria, no comulga para nada con el Frente que incluye al kirchnerismo) mostraron las primeras resistencias a esa medida. Entonces, para no pagar, o mejor dicho para compartir ese costo político en este año electoral -tras una de las cuarentenas más largas del mundo-, el presidente Alberto Fernández le pateó la pelota a los mandatarios provinciales para tomar la decisión, con un Decreto de Necesidad y Urgencia que habla de recomendaciones y no de obligaciones.

¿Estatización?

En este contexto, con el alerta por los contagios, quedó en foco el sistema de salud y otra interna que se estaría librando en el seno del Gobierno. La Vicepresidenta tiró la primera piedra. Fue en su discurso durante el acto en La Plata en el cual el Frente de Todos buscó mostrar unidad; dijo que la política sanitaria necesita de una gran reforma. Esa definición hizo sonar alarmas en los prestadores de salud privados (las prepagas cuentan alrededor de 6 millones de afiliados) y en las obras sociales sindicales, que administran una caja de 800 mil millones de pesos anuales. El temor latente es que se haya dado un paso a la estatización del sistema.

Para los empresarios del sector de la Región, de todos modos, no es un tema nuevo. En los primeros meses del gobierno de Kicillof ya denunciaban un intento de avance del IOMA sobre las clínicas privadas. De hecho, en estos días, la obra social bonaerense anunció con bombos y platillos la apertura de su primer policonsultorio gratuito en la Ciudad “exclusivo “ para afiliados. Además, firmó un convenio con un instituto ofmatológico privado, el cual desató la furia de la sociedad local que reúne a los prestadores de esta especialidad, que emitió un duro comunicado en rechazo a ese vínculo estatal-privado.

Mientras, desde el kirchnerismo aseguran que “no hay avance sobre nada”. Y refieren en sus argumentos a una complementación en el sistema de salud entre el Estado y los privados como “sucedió en la pandemia”, un ejemplo no tan claro porque el plan de vacunación fue monopolizado por el Gobierno en los hospitales públicos, mientras las clínicas aún esperan que llegue a su personal. El Presidente también le dijo a los operadores de prepagas que se queden tranquilos porque no hay en danza ningún proyecto de estatización. Si reconoció que buscan una reforma.

En ese sentido, Alberto Fernández tuvo predisposición al diálogo y convocó a la Rosada al titular de la Unión Argentina de Salud privada, Claudio Belocopitt. En principio fue para explicarle por qué el Gobierno dio marcha atrás con la autorización de un incremento para la medicina prepaga del 7 por ciento en febrero. Para los prestadores, detrás de esta decisión está Cristina.

Ese “plan de integración” ya tendría nombre y apellido para llevarlo a cabo: el actual ministro provincial de Salud, Daniel Gollan, quien iría a Nación en lugar de Ginés González García. Nicolás Kreplak, actual viceministro, quedaría al frente de la cartera bonaerense. ¿Uno de los cambios de ministros que pide Cristina?, probablemente.

UNA FRASE QUE INQUIETA

“En la Justicia debemos meter mano”. Lo advirtió el presidente Alberto Fernández y sonó como otro fuerte aval a la ofensiva de la Vicepresidenta contra ese Poder y, principalmente, contra la Corte Suprema. Una definición muy fuerte dentro de un marco constitucional aunque ya parece moneda corriente estos embates, que se acrecentaron en los últimos días tras la decisión de que Amado Boudou, con condena firme, vuelva a la cárcel.

Precisamente, apareció en escena por este tema un jurista “de la casa” para el kirchnerismo: el exjuez Eugenio Zaffaroni y fue para meterle presión a Alberto Fernández: “La figura que existe hoy es el indulto para que no haya más presos políticos. El indulto es un acto de gobierno que existe en todas las constituciones”, avisó tras decir que la Corte es “peor” que el gobierno de Macri, al salir a defender a su amigo Boudou. Por lo pronto, ese fierro caliente, el del indulto, el Presidente se lo tiró al Congreso: “Es su protestad”, dijo.

A la oposición, la definición de Fernández y el pedido de Zaffaroni, parece que la agarró con la guardia baja o “dormida” porque salvo Lilita Carrió o un tibio comunicado de Juntos por el Cambio, la reacción política mereció mas ímpetu para defender la institucionalidad a través de la división de poderes.

UN CONFLICTO QUE VUELVE

El Gobierno, mientras, abrió otro frente de conflicto con un enemigo conocido: el campo. La suspensión de las exportaciones de maíz durante tres meses fue “la gota que rebasó el vaso”, aseguran desde las entidades rurales. Y por eso desde mañana frenan la comercialización de granos. Es el segundo paro a la administración de Alberto Fernández en poco menos de un año.

Los productores hablaron de una decisión, por el maíz, “inconsulta”. Y esperaban un llamado al diálogo desde la Rosada para levantar la medida de fuerza. Pero hasta anoche no había llegado. Sólo un pedido de solidaridad del Presidente, escucharon. Y rumores de un acuerdo, tras reuniones desde el Ejecutivo con entidades más cercanas al oficialismo pero con poco peso en la producción general de granos.

La anterior protesta fue por el aumento de las retenciones, que la administración de Mauricio Macri había bajado. En octubre, el Gobierno dispuso una baja temporaria para las exportaciones del complejo sojero por tres meses, que venció el último día de 2020 y no se renovó. Por eso desde mañana la retención a la soja volverá al 33 por ciento, en medio del boom del grano, que en la semana llegó a pasar los U$S 500 en el mercado de Chicago, un precio máximo en 6 años.

EL ROL DE GUZMÁN

A todo esto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, avanzó algunos pasos en medio del equilibrio político que debe mantener dentro de un oficialismo con diferencias internas. Un hombre propio -el ahora exsecretario de Finanzas Diego Bastourre- desembarcó en el Banco Central en reemplazo del lavagnista Carlos Hourbeigt, lo que sonó también como un pase de factura al exministro Roberto Lavagna por su critico documento de fin de año pidiendo cambios.

Pero lo cierto es que Guzmán, de bajo perfil en el comienzo del año, tiene que lidiar con una más difícil: las tarifas de los servicios públicos, muy cerca -en febrero- de tener que reanudar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, justamente donde entre las recetas está la baja del gasto público. Y los subsidios -al por mayor en estos tiempos- se sabe que son un factor que influye en el déficit del Estado, que obliga a la emisión y la consecuente pérdida del valor del peso. En ese sentido, Cristina ya se lo habría dejado claro: un fuerte ajuste es el camino a una derrota electoral en octubre. El límite de la Vicepresidenta sería un aumento de un dígito (9 por ciento), en una sola vez, en marzo. Podría quedar margen para otro, pero en diciembre después de las urnas, según trascendió.

Claro que ese tope entorpecería las negociaciones con el FMI y profundiza el malestar latente de las distribuidoras energéticas, que ya esperaban un reacomodamiento de tarifas para este mes.

VENEZUELA Y EE UU

Y materia de política exterior, a contramano de los vecinos de la Región y de Estados Unidos, el Gobierno volvió a darle una palmada de apoyo al chavismo. Mandó un representante diplomático a la asunción de los legisladores oficialistas elegidos en unos comicios, de los cuales la oposición no participó y gran parte del mundo reconoció como ilegales. Desde el Gobierno, por lo pronto, hubo silencio de radio sobre ese nuevo aval implícito al régimen de Maduro.

En cambio, mientras el Capitolio de los Estados Unidos era atacado por los partidarios de Donald Trump, Alberto Fernández fue uno de los primeros mandatarios en repudiar los hechos y en darle su respaldo al nuevo presidente, Joe Biden, con quien el Gobierno apuesta a tener una mejor relación bilateral, aunque claro está, que la postura sobre Venezuela volverá a ser un escollo porque el demócrata no tiene cambio de planes para el país caribeño.

Y la perla del final, un anuncio que en EE UU no tiene ningún antecedente en sus más de 200 años de historia: Trump avisó que no participará del traspaso oficial de mando a Biden el próximo 20 enero. Un desagravio institucional que Argentina ya la tuvo y no hace mucho tiempo cuando Cristina Kirchner se negó a entregarle el bastón de mando y la banda presidencial a Mauricio Macri.

 

 

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