Desde el año 1992, cuando se privatizó la vieja SEGBA, los habitantes de la Región, comenzamos a sufrir la constante ineficiencia del servicio eléctrico público brindado por la concesionaria Edelap.

Como en la mayoría de los veranos, desde aquel año a hoy, se repiten por estos días las quejas y reclamos de los usuarios residenciales y comerciales por reiterados, y en algunos casos prolongados, cortes y/o baja tensión del servicio, a los cuales se suman los cuestionamientos por las abultadas facturas que dejó el tarifazo de María Eugenia Vidal, que sumergió a muchos de ellos en situación de “pobreza energética” al no poder pagarlas.

La Revisión Tarifaria Integral (RTI) dispuesta por la anterior gestión en la Provincia de Buenos Aires provocó un tarifazo promedio de 2150 %, fundado en quita de subsidios a los costos mayoristas y aumento de ingresos para las concesionarias a través de las tarifas.

Según el informe realizado por la actual Subsecretaria de Energía Bonaerense sobre la RTI 2017/2022 surge que:

-Del análisis de los balances 2015-2019 se puede concluir que el extraordinario crecimiento patrimonial de Edelap tuvo su correlato en los indicadores de rentabilidad, no siendo acompañada por inversiones suficientes.

-En el año 2018 Edelap tuvo un resultado neto (diferencia entre ingresos y gastos) positivo de 56 millones de dólares, como consecuencia de los extraordinarios aumentos tarifarios autorizados.

-Pese a que el Gobierno le concedió a Edelap la posibilidad que solo realizara el 48 % de las inversiones necesarias para el sostenimiento del servicio, esta realizó en los años 2018 y 2019 solo el 85% y el 60% de la inversión comprometida.

-El incumplimiento en el nivel de inversiones se vio reflejado en graves eventos tales como el apagón por falla doble en el sistema de alimentación de alta tensión en la Sub Estación City Bell, por el cual 43.000 usuarios sufrieron la interrupción del servicio público por varios días en junio de 2019.

Pese a todas las concesiones y facilidades otorgadas a Edelap por el Gobierno de Vidal, el mejoramiento y optimización en la atención de las y los usuarios reclamantes nunca fue una prioridad. Esto se tradujo en innumerable cantidad de quejas que fueron presentadas ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), el que en el último mes diciembre de 2020, sancionó a Edelap con 41 multas por un total de $ 21.539.504.16, ante el incumplimiento del deber de información para con el organismo en diversos reclamos de usuarios, lo que pone en evidencia el total desprecio por quien debe controlarla a fin de poner equidad y justicia entre el comportamiento empresarial y los derechos de los usuarios.

El desconocimiento de la función del controlador, sumado a la mala gestión y atención de los usuarios, la baja calidad de la prestación que diariamente sufren los usuarios, traducida en cortes o baja tensión y la falta de resolución de sus reclamos, mas el incumplimiento de la inversiones después de beneficiarse con inéditos y suculentos tarifazos, entre otros motivos, nos pone en el compromiso de pensar en su desprivatización, para debatir un nuevo modelo que priorice los derechos de las y los usuarios y a las tarifas justas y razonables como eje fundamental de una nueva forma de gestión.

La desprivatización en concreto supone que los servicios públicos pasen de la privatización en cualquiera de sus diversas formas, a la propiedad pública, la gestión pública y/o comunitaria y el control democrático de los mismos.

Según un trabajo realizado por la Internacional de Servicios Públicos (federación mundial que representa a 20 millones trabajadores y trabajadoras que suministran servicios públicos esenciales en 163 países) en los últimos años se produjeron 311 casos de desprivatización o remunicipalización en el sector energético, la mayoría de ellos en Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. También podemos sumar para el debate desprivatizado que según un informe reciente del BID, solo Argentina y Chile permiten la distribución eléctrica privada en todo América Latina y el Caribe.

Una forma de desprivatizar Edelap podría ser reproducir la propuesta realizada en estos días por el Grupo Bolívar (CTA Autónoma, Industriales Pymes Argentinas, Consejo Productivo Nacional, Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, entre otros) en el sentido que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se haga del paquete accionario mayoritario y recupere la prestación del servicio público eléctrico, teniendo como objetivo principal garantizar el acceso pleno a todos los usuarios, actuales y potenciales, dado el carácter de derecho humano fundamental del mismo.

El engaño de las privatizaciones, sumado a las recientes experiencias internacionales y nacionales (ejemplo: sector agua y saneamiento) de desprivatización, nos enfrenta el desafío urgente de pensar esquemas alternativos de prestación pública, superando viejos esquemas no aptos para las nuevas realidades y que involucren la recuperación del servicio público eléctrico, haciéndolo eficaz en la calidad de su prestación, democráticos en su forma de gestión y control, que propendan a la generación de energías renovables, y que sean accesibles para todos los usuarios por sus tarifas justas y razonables. Creemos que este es el camino para hacer realidad que los servicio públicos son un derecho¡

* Pres. de la Asoc. Consumidores Responsables

** Presidente de CESPMA