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Tras la queja expresada por clubes de la Ciudad con respecto a la falta de aplicación de la ley bonaerense de “tarifa cero”, desde el Organismo de Control del Servicio Eléctrico de Buenos Aires (Oceba) se informó que está en curso una instrucción sumarial dedicada a analizar si las compañías distribuidoras incurrieron en una falta ante lo que ordena la norma dedicada a exceptuar a los clubes e instituciones del pago de las facturas ante la caída de ingresos por la pandemia.
Roberto Daoud, vicepresidente del Organismo, le dijo a este diario que en agosto “el Directorio -del Oceba- le ordenó a la Gerencia, que inicie un sumario y ahora, ante el incumplimiento de la aplicación de esta Ley - que se reglamentó en el mes de abril 2021- y reiteradas observaciones por parte del OCEBA, el paso que se dio fue avanzar con los sumarios”.
El funcionario, detalló que antes de la “imputación” dispuesta en estos días “se intimó a las distribuidoras provinciales a que den cumplimiento y en caso de haber cobrado -las facturas- se le restituya”, a los clubes y asociaciones civiles.
La investigación, indicó Daoud, alcanza a Edelap, como prestataria del servicio a nivel regional y también a las firmas Eden, Edes y Edea, que cubren buena parte del territorio provincial.
Según Daoud, “como no hubo respuesta” al pedido de devolución” de lo cobrado que se realizó en junio “se pidió el sumario en el que se analizará si corresponde sanciones”.
En medio de esa batalla, en agosto, un pedido de amparo judicial realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia derivó en una medida cautelar que ordenó a las empresas que se abstengan de limitar, suspender o cortar el servicio por deudas a asociaciones civiles y mutuales.
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La Ley 15.192 fue sancionada en septiembre del año pasado, según se indicó desde la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas. El presidente de esa entidad, Alberto Alba le dijo a este diario que en el sector hay preocupación por el incumplimiento. También, por el alcance de la norma, previsto para 2020.
Las empresas alcanzadas por la actuación del Oceba expresaron que “entendemos la necesidad de una tarifa especial para estas entidades, lo que no está definido por la ley que la dispuso es la forma en que se cubrirán los costos de los servicios que consuman, ya que no solo abarca a la electricidad sino también al gas, el agua, Internet, etc.”, se indicó.
“La jueza resolvió rechazar la medida cautelar que solicitó el Defensor del Pueblo para la no facturación a dichas entidades y concedió la no interrupción del servicio por falta de pago, a lo que las Distribuidoras están dando cumplimiento, aún antes de este fallo, por otras normas implementadas durante la pandemia, que también protegen a este tipo de usuarios”, añadieron las compañías.
La declaración finalizó señalando que “en cuanto al Ente Regulador, efectivamente inició un sumario al cual se dio respuesta y se puso en conocimiento del dictamen de la Justicia sobre la Ley de Tarifa 0, que no estaba debidamente implementada ya que no define la forma en que se cubrirán los costos de los distintos servicios que abarca y que, por ese motivo, no resultaba aplicable”.
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