Un comerciante de origen chino recibió dos balazos en las piernas por parte de un tirador que, sin mediar palabra, le disparó desde la reja de su supermercado de la localidad bonaerense de Morón, en lo que se cree fue un nuevo ataque de la “mafia china”, informaron fuentes judiciales y policiales.
Si bien trascendió ayer por la difusión de los videos del ataque, el hecho ocurrió pasadas las 20.30 de lunes en el supermercado chino llamado “Los Hermanos”, ubicado sobre la avenida Rivadavia Nº 17.882, a cuatro cuadras de la estación ferroviaria.
En las imágenes se observa cómo una moto llega con dos ocupantes a la puerta del local, que ya estaba cerrado al público, y el acompañante, con gorra y barbijo, baja armado.
El sospechoso se aproximó a la entrada, pasó el brazo entre dos barrotes de la reja, apuntó y efectuó con una pistola una serie de disparos contra el propietario, identificado por la policía como Rui Shemg (51).
En los videos se observa que los disparos lesionaron a Shemg mientras que los empleados presentes y un cliente que había quedado dentro del local, se agachan y refugian cuando escuchan los disparos.
El tirador escapó corriendo hacia la esquina donde había doblado con la moto el chofer que lo llevó hasta el lugar.
Las fuentes indicaron que los disparos impactaron en el muslo de la pierna derecha y en el empeine y el tobillo de la pierna izquierda de la víctima, en ambos casos, con entrada y salida del proyectil.
Shemg fue trasladado al Hospital de Morón, donde recibió asistencia médica, pero las lesiones no revestían gravedad ni riesgo de vida, aclararon los voceros.
El caso, caratulado como “tentativa de homicidio”, comenzó a ser investigado por el fiscal Hugo Ravizzini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón, pero voceros judiciales indicaron que ya fue derivada a su colega Adriana Suárez Corripio, de la UFI 8.
Es que esa fiscalía viene llevando a cabo desde enero una mega causa contra la mafia china y las extorsiones a supermercadistas orientales en Morón y otras zonas del oeste del Conurbano, que a fines del mes pasado derivó en una serie de 23 allanamientos con detenciones realizadas con detectives de la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA).
Allí se determinó que el modus operandi de la organización era pedir dinero –a través de trasferencias electrónicas con aplicaciones-, a cambio de “protección” y que de no cumplir, el local sufría un incendio, un ataque con granadas o hasta disparos contra sus responsables.
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