Un régimen “cuasi feudal” , con una fuerte dependencia de los fondos nacionales

La provincia de Formosa acaso sea el paradigma de lo que, simplificadamente, suele definirse como un régimen “cuasi feudal” en democracia.

El gobernador justicialista Gildo Insfrán está sentado en su sillón desde 1995. Casi 26 años. En su defensa, él suele argumentar que esa decisión, la de ser reelegido una y otra vez, es del pueblo formoseño que lo vota. Formosa, como Santa Cruz, tiene reelección indefinida.

Sus detractores recalcan que esa “fidelidad” es el fruto de un manejo obsceno del clientelismo político, en donde el Estado es prácticamente la única fuente de ingreso de la gente; de un manejo férreo de la Justicia, que difícilmente falle en contra de los intereses oficialistas; del control de los medios de comunicación, adictos a la pauta oficial, y de una forma de conducir la vida de la población que hasta vulnera los derechos humanos. La crisis del COVID, y las imágenes de contagiados o sospechados de portar el virus enclaustrados, asoman como ejemplo de esa crítica.

Una táctica certera de Insfrán es mantener esta realidad alejada de los titulares nacionales. Lo que pasa en Formosa, suele quedar allí. Por eso los hechos disruptivos, como las dramáticas imágenes de los canales de televisión porteños, ponen en aprietos al gobernador. Insfrán se enorgullece: los datos oficiales dicen que es el distrito con menos contagios del país y con menos muertos.

En el medio, más de 7 mil formoseños no pudieron entrar a la provincia para ir a sus casas porque las autoridades no se lo permitían. Mauro Ledesma, de 23 años, se ahogó en octubre del año pasado tratando de cruzar el Rio Bermejo, límite con Chaco. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obligar a Insfrán a abrir las fronteras para todo aquel que lo pidiera. Probablemente, si no hubieran sido detenidas por la policía provincial dos concejalas opositoras al peronismo, Celeste Ruiz Díaz y Gabriela Neme, la situación de opresión no se hubiera conocido fuera de la provincia.

Desde el punto de vista económico, Formosa es una provincia digna de estudio. Tiene algo de explotación ganadera, con alta concentración de tierras en pocas manos. La actividad industrial es casi nula y prácticamente no exporta. Pero la gran mayoría de los ingresos del Estado provincial se explican por las transferencias que le hace el gobierno nacional, en concepto de coparticipación de impuestos (es automático por ley) y fondos discrecionales que se derivan a obras públicas. En números: el 94% de los recursos totales de Formosa llegan desde la capital federal.

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Datos disponibles: en el primer semestre de 2020, Formosa tuvo ingresos totales por $ 60.988, 6 millones. Sólo $ 3.434,2 fueron ingresos propios. Los impuestos que cobra la Provincia son ínfimos. Y, típico de estructuras clientelisticas, el empleo público es importante. Es difícil conseguir datos. Pero hace unos tres años, el registro decía que había 80 trabajadores públicos cada 1000 habitantes. El promedio del país era de 52.

Más cerca en el tiempo, empeoran las cifras. Según datos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), elaborados en base a la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el empleo entre los formoseños se distribuye así: 10% empleo publico; 8% empleo privado registrado; 10% empleo privado no registrado; el 1% es empleador; el 5% es cuenta propista; y el 66% es un ciudadanos inactivo, incluido en ese porcentaje un 10% de desocupación lisa y llana. Esto significa que es la provincia con mayor porcentaje de gente en edad de trabajar que está con los brazos cruzados.

Sobre el empleo público: aunque es elevado puede que, en términos de gastos totales, no sea tan demencial como en otras provincias vecinas y también de tentación feudal. Insfrán gasta entre 40 y 44% de sus recursos en trabajadores estatales. Pero controla el déficit fiscal y casi no tiene deuda púiblica, lo que suele esgrimirse dentro del PJ como un “ejemplo” de gestión. El lado negativo es que esa presencia del componente estatal en el trabajo de la población afecta la productividad. En efecto, Formosa aparece como la provincia con peor Producto Bruto Geográfico (todos los bienes y servicios que produce el distrito en un año) de todo el país, según datos del sector privado.