Hace ya varios meses que se venía hablando de una posible suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como de las generales previstas respectivamente para agosto y septiembre próximos, en base a las negociaciones que venían realizando los dos partidos políticos mayoritarios.

Y esa situación quedó finalmente resuelta ayer por la tarde, cuando el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) dio su respaldo a la propuesta del oficialismo, en el sentido de postergar hasta septiembre las elecciones primarias y las generales hasta noviembre para la renovación de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y de un tercio del Senado.

En un comunicado, la oposición señaló su “interés en contribuir a la mejor gestión de la pandemia y, a la vez, respetar las normas electorales vigentes con la garantía de las elecciones primarias que hoy consagra la ley”, por lo que “acompañaremos el corrimiento del cronograma”, apuntó la declaración.

La conformidad alcanzada resulta formalmente acertada, toda vez que surge del acuerdo entre los principales partidos políticos con representación en el Congreso nacional. En cuanto al fondo del asunto, debe aguardarse que, más allá del motivo sanitario invocado, la suspensión no conlleve conveniencias electorales de tipo coyuntural, que puedan ser ajenas al compromiso esencial de garantizar la participación en tiempo y forma de la ciudadanía en los procesos electorales.

Sólo a título informativo corresponde consignar que, si bien fueron varios los países que en 2020 suspendieron elecciones como consecuencia de la pandemia, según datos de IDEA Internacional llegaron a ser 86 las naciones que acudieron a las urnas según lo planificado, adoptándose medidas específicas de prevención con el fin de garantizar los aspectos sanitarios involucrados y preservar la salud, tanto de los electores como de las personas a cargo de las tareas comiciales. Entre ellos pueden mencionarse Estados Unidos, Francia, Chile, República Dominicana y Uruguay, a los que se sumaron muchos otros países en lo que va de este año.

Hay, sin embargo, otros puntos que merecen ponderación. Bien se conoce, por ejemplo, que las Paso, concebidas originalmente en la Argentina para permitir la preselección interna de los candidatos de cada partido político, en la práctica resultaron ser hasta ahora meramente declamativas, pues en casi todos los casos la mayoría de los partidos ya había decidido la conformación de sus nóminas y las candidaturas principales en el orden provincial y nacional, sin haber supeditado esa decisión al dictado de las urnas. En el caso de los últimos comicios presidenciales, no puede obviarse el hecho que ninguno de los dos partidos mayoritarios -el PJ opositor entonces y Cambiemos a cargo del Gobierno- sometieron a procesos internos la selección de candidatos para ocupar nada menos que la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.

El hecho de que las Paso sean obligatorias para la ciudadanía –una condición que no rige en casi ningún país del mundo para las elecciones primarias- constituye desde ya una referencia negativa que debiera ser removida. La obligatoriedad nada aporta en el caso de las primarias, cuya finalidad es robustecer la vida interna de los partidos políticos. Además, las primarias debieran realizarse en forma simultánea, organizadas por cada uno de los partidos políticos.

Asimismo, en ellas sólo tendrían que participar los afiliados de cada uno de esos partidos, para evitar que puedan producirse maniobras especulativas, que nada tienen que ver con la democracia interna de cada agrupación, usándose en forma aviesa los votos de afiliados a otros partidos políticos. De sobra se conoce que, en los pocos años que llevan de vigencia las PASO en nuestro país, se utilizó el voto extra partidario para alterar los porcentajes reales de las mayorías y minorías naturales de algún partido.

Frente a esa realidad correspondería, entonces, reiterar que el sistema electoral vigente en nuestro país sigue reclamando cambios y actualizaciones capaces de ponerlo a resguardo de desvirtuaciones –como las que surgen la boleta sábana o de las ventajas que ofrecería el desdoblamiento de los comicios municipales- y, asimismo, de deficiencias operativas que deben ser imputadas a la obsolescencia instrumental con que se siguen desarrollando los procesos comiciales. En ese contexto, la transparencia democrática empieza a defenderse desde la realización de primarias bien concebidas.