Desde que Argentina se independizó de la Corona española, en el país no ha vuelto a mandar un rey: ahora, más de dos siglos después, un movimiento propone instaurar una monarquía constitucional parlamentaria que garantice la separación de poderes y ejerza como “árbitro” de la gestión del Gobierno: el antídoto para acabar con la “decadencia institucional”.

“El político siempre está pensando en la próxima elección y la mayor de las veces no le importa endeudar el país con tal de ganar. Entonces, el funcionario adecuado para ejercer el Estado, que es una institución de largo plazo, esencial y que además de él depende la Justicia, no es un político”, cuenta Mario Santiago Carosini, líder del Movimiento Monárquico Argentino.

Según la Constitución, sancionada en 1853 y varias veces reformada, nuestro país es una república federal en la que una misma persona ostenta las jefaturas de Estado y de Gobierno. Y ese es para Carosini, contador público nacional de profesión, el “error organizativo básico” republicano: “Ahí nacen todos los problemas, el problema de la corrupción institucional. Nadie se controla a sí mismo y se institucionaliza el descontrol”, recalca. “El rey no tiene que tener poder para hacer cualquier cosa, tiene que ser un poder como tiene el rey de España o la reina de Inglaterra con sus matices, (como) en todos los esquemas constitucionales parlamentarios: el poder de defender a sus ciudadanos de las falsas promesas de sus políticos”, agrega.

El origen del Movimiento, que cuenta hoy con delegaciones regionales, se remonta a 1987, cuando Luis José, padre de Mario y fallecido en 2014, protagonizó un debate cara a cara con un republicano en un colegio bonaerense.

Hoy, el grupo se dedica a divulgar sus ideas y tiene, según su líder, “integrantes” de todos los partidos: “Hay peronistas, hay radicales, hay liberales e inclusive de izquierda, los menos pero los hay”, señala. “Somos un grupo de personas que consideramos que la monarquía constitucional parlamentaria es el sistema eficiente en el mundo. Pone a Dinamarca, Japón, Noruega, Suecia o Reino Unido como ejemplos de monarquías que proveen de “buen nivel de vida” a sus ciudadanos.

Y si bien reconoce que la monarquía también puede llegar a tener una “corrupción individual”, asevera que “no todas las instituciones están corruptas, que es la característica de la república”.

QUIÉN SERÍA EL REY

¿Quién sería el rey o reina de Argentina, cuya Constitución desconoce las prerrogativas de sangre y la nobleza y donde cambiar el modelo de Estado no está en discusión ni en la alta esfera política ni en la sociedad?

Carosini propone a alguna de las hijas de Guillermo y Máxima de Holanda, al ser esta argentina de nacimiento, exceptuando a la heredera Catalina Amalia: “Tienen un conocimiento de la tradición, de la idiosincrasia... no sería una mala idea pero no es la única opción”, enfatiza. “Nuestros grandes próceres fueron monárquicos”, añade, e insiste en que esa forma de Estado sería más barata: “En la monarquía tenemos un jefe de Estado cada 40 años, más o menos. En cambio en la república tenemos que mantener la jubilación privilegiada, muy superior a la de cualquier rey, de un jefe de Estado cada 4 años”, agrega el líder del movimiento, cuya página de Facebook tiene 2.600 seguidores.

FUNCIONES DEL MONARCA

El desempeño del rey, propone Carosini, estaría controlado por el Parlamento, cuyos miembros, que sí serían elegidos en las urnas, escogerían a su vez al jefe de Gobierno. Y entre las tareas del monarca como “árbitro” estaría dirigir un sistema de protección del contribuyente.

“Moderar significa evitar excesos, y si un político que promete bajar los impuestos, cuando llega los pone al 100 %, no solamente está utilizando su demagogia, mentira y psicopatía, sino que hace cosas que perjudican a todos”, sentencia el también vicepresidente del Fórum Internacional Monárquico.

Convencido de que Argentina sufre una “decadencia institucional” por la “falta de estabilidad” del sistema republicano, Carosini prepara un proyecto para presentarlo al Parlamento “en un momento no muy lejano”, y aunque asume la dificultad de que prospere en el corto plazo, ve a favor que “los grandes cambios” se producen durante “grandes crisis” como la actual.

“Ese momento simbólico de presentar nuestro proyecto es el inicio de la gran modificación institucional que no me cabe la menor duda va a suceder”, concluye. (EFE)