Oficialismo y oposición, a cara de perro por el proyecto de ley de biocombustibles

Juntos por el Cambio y otras fuerzas de la oposición rechazaron el proyecto del Gobierno que establece un nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles y exigen que el oficialismo desista en continuar con el tratamiento de esa iniciativa, para en cambio retomar la media sanción del Senado que prorroga el régimen actual.

En una reunión informativa de la comisión de Energía que se celebró ayer, en la cual se expresaron por videoconferencia representantes de la industria de Biocombustibles, el diputado nacional del PRO y vicepresidente del cuerpo, Omar de Marchi, adelantó que Juntos por el Cambio no acompañará el dictamen sobre el proyecto presentado por el oficialismo.

La razón de la disidencia tiene que ver con que la iniciativa propuesta reduce los beneficios para el sector de Biocombustibles, ya que por ejemplo prevé la baja del porcentaje de corte mínimo de biodiesel del 10 por ciento actual al 5 por ciento, facultando a la Secretaría de Energía a reducirlo hasta un 3 por ciento.

Por otra parte, según advirtió De Marchi, el proyecto otorga a la Secretaría las más amplias facultades para “arbitrariamente” establecer los volúmenes de venta y precio, con la posibilidad de imponer “sanciones confiscatorias a las empresas, hasta sacarlas del mercado”.

“La iniciativa del Gobierno genera incertidumbre y lleva al borde de la quiebra a un sector que genera valor agregado, contribuye al ambiente, utiliza tecnología nacional, con inversiones ya hechas por más de 3.000 millones de dólares y genera decenas de miles de puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Lo razonable es una prórroga de la actual ley 26.093 para abrir un tiempo de intercambio productivo y enriquecedor, y no cometer el error de retroceder 15 años de avance”, opinó el mendocino.

El legislador macrista lamentó que “a pesar de existir una sanción unánime por parte del Senado prorrogándolo, el Frente de Todos ha especulado hasta último minuto para resolver este tema de manera inconveniente, discriminatoria y perjudicial, sin posibilidad de debate y reflexión. El resultado del proyecto del oficialismo será un mercado de biocombustibles limitado, cautivo y discrecional”, alertó.

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MÁS RECHAZOS

El proyecto del Frente de Todos no solo fue rechazado por Juntos por el Cambio sino que también aglutinó en la negativa a otras fuerzas como Consenso Federal, que tuvo en como portavoz en el debate a Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez.

Camaño basó sus reparos al tratamiento del proyecto en cuestiones metodológicas, ya que consideró que la comisión debía abocarse a debatir la media sanción del Senado, antes de discutir cualquier otra iniciativa. “Lo que le voy a pedir al oficialismo es que se atenga al reglamento, porque no podemos estar tirándonos medias sanciones entre el Senado y la Cámara de Diputados. Nosotros en este momento, en el tema biocombustibles, somos cámara revisora, no somos cámara de origen”, argumentó. En ese sentido, Camaño sostuvo que hay que “devolverle al Senado un proyecto que esté vinculado a esa media sanción y no otro proyecto”.

Por su parte, el jefe de Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, reclamó la presencia en la comisión de los ministros de Ambiente, Juan Cabandié, y de Agricultura, Luis Basterra, porque “es importante que no trabajemos en el vacío y conocer la opinión completa y sincera del Poder Ejecutivo”.

Este proyecto no es una nueva ley de Biocombustibles sino la certificación de la defunción de la industria de biocombustibles”, disparó, y señaló que el sector emplea de forma directa entre 13.500 y 15.000 personas, y considerando el empleo indirecto se llega a un total de entre 20 y 22.000 puestos de trabajo. También detalló que la inversión es “superior a los 3.600 millones de dólares en los últimos siete años”, y calificó la producción de biocombustibles como “una verdadera herramienta de desarrollo federal, regional y local”, ya que no sólo tiene impacto en la Pampa Húmeda sino en muchas otras provincias.

La nueva ley sería “un golpe casi mortal a toda esta capacidad instalada”, que haría que “los propietarios tengan que malvendérsela al sector petrolero”.