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Pese a que tienen un riesgo de mortalidad por Covid tres veces mayor, gran parte de ellas siguen sin ser inmunizadas y el Plan Vacunate ni siquiera contempla su condición
A fines de enero pasado, cuando la segunda ola de la pandemia parecía aún lejana, el Gobierno de la Provincia anunció su intención de vacunar contra el Covid a las personas con discapacidad luego de hacerlo con el personal de salud. Sin embargo, tres meses más tarde y en plena escalada de contagios, la iniciativa sólo parece haber alcanzado a un pequeño porcentaje de ellas, las que se encuentran internadas en instituciones. El resto, denuncian asociaciones del sector, sigue sin ser vacunadas pese a que enfrentan una riesgo de mortalidad por coronavirus tres veces mayor al de la población general.
“Es imperioso que no sigan postergando la vacunación de las personas con discapacidad que viven en la comunidad y que representan el 10% de la población”, volvieron reclamaron ayer representantes de la Asociación Azul, una de las entidades que vienen impulsando este pedido desde el año pasado dada la vulnerabilidad especial que registra su sector.
Como indica un estudio realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad en base a datos de personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad, durante la primera ola de la pandemia el porcentaje de letalidad por coronavirus entre la población con discapacidad fue en Argentina del 7 %, un número tres veces mayor al registrado entre la población general.
El informe de la Agencia permite singularizar aún más los niveles de riesgo del sector, ya que observa que entre las personas con discapacidad que dependen de asistencia de otras personas para la vida diaria hubo una proporción incluso mayor de fallecimientos por Covid: “el 13 por ciento frente al 8,3 por ciento de personas con discapacidad sin dependencia”, explica Elena Dal Bo desde la Asociación Azul.
“Esta mayor mortalidad obedece al hecho de que las personas que dependen de la asistencia de otras tienen un contacto estrecho con sus asistentes y suelen presentar dificultades no sólo para usar barbijos sino además para cumplir con otras medidas de prevención, como no tocarse la cara o lavarse las manos con regularidad”, cuenta Dal Bo.
“Es imperioso que no sigan postergando la vacunación de las personas con discapacidad”
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Por eso “es urgente que la gobernación y el Ministerio de Salud tomen medidas claras y eficaces, que incluyan formas de inscripción transparentes y estrategias de vacunación accesibles para regular la prioridad de las personas con discapacidad y sus apoyos, en el caso de que éstas sean usuarios de los mismos, de modo que reciban sin demora la vacuna contra el SARS- CoV-2”, agrega la referente de la Asociación.
Si bien algunas provincias, como Neuquén y Chaco, ya respondieron favorablemente a este pedido organizando formas de registro de aspirantes y vacunación, el gobierno bonaerense sigue sin dar respuesta.
Pese a que el Ministerio de Salud bonaerense informó el mes pasado sobre “los avances de la vacunación en las personas con discapacidad priorizadas por el Plan Estratégico para la Vacunación”, lo cierto es que los formularios de la Provincia no contemplan todavía la posibilidad de registrarse como una persona con una discapacidad que la pone en mayor riesgo frente al Covid.
“A pesar de los reclamos de las organizaciones y de las familias no se ha modificado aún el formulario de inscripción de Plan Vacunate para que las personas con discapacidad y sus apoyos puedan recibir la vacuna en forma prioritaria”, se lamenta Dal Bo.
Estudios internacionales conocidos a fines de 2020 afirman que las personas con discapacidad constituyen un grupo de riesgo en relación a la Covid y que, por lo tanto, deben figurar entre los grupos prioritarios en los planes de vacunación.
La Alianza Internacional de Discapacidad - IDA por sus siglas en inglés- alertó recientemente que las personas con discapacidad deben ser priorizadas en las estrategias de vacunación para que no se siga produciendo la pérdida desproporcionada de vidas e hizo un llamado a los gobiernos para que les garanticen acceso prioritario a las vacunación.
La demanda se basa en datos que demuestran que las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de contraer Covid, y cuando se infectan con el virus, tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas más graves con riesgo de muerte.
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