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La extensión de la tarjeta Alimentar frente a la emergencia desató fuertes cruces entre “aliados”, y reclamos
Carlos Barolo
“Acá lo que se discute es si seguimos con el asistencialismo o le damos más recursos a los planes productivos” de la economía popular resumió, en forma sucinta, una fuente vinculada a las organizaciones sociales aliadas del Gobierno que, sorpresivamente, marcaron otra interna al cuestionar el relanzamiento de la Tarjeta Alimentar. Para algunos funcionarios, en tanto, estas quejas se originarían en que la bancarización del plan quitaría a los referentes sociales capacidad de “intermediación” con los beneficiarios, típico de otros piqueteros, y muchas cooperativas.
Cuando el oficialismo intentaba dejar atrás, por lo menos desde el debate público, la polémica que desató el affaire entre el ministro Martín Guzmán y su subsecretario Federico Basualdo, dirigentes sociales con funciones en el Gobierno, como el secretario de Economía Social Emilio Pérsico, y aliados políticos, como Juan Grabois –que definió al asistencialismo como una política de “derecha”- o Esteban “Gringo” Castro, salieron a derruir el mayor anuncio oficial de los últimos meses para atender la emergencia desatada en las barriadas por la pandemia.
El secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Castro, incluso había estado presente en el encuentro virtual del último viernes donde el presidente Alberto Fernández junto al ministro Daniel Arroyo (Desarrollo Social), había anunciado la ampliación de la tarjeta Alimentar para niños de hasta 14 años, embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con más de 7 hijos, con una inversión mensual cercana a los $30 mil millones.
Ese día al hacer uso de la palabra hizo una tenue crítica pero al sábado siguiente, en declaraciones radiales, no dejó lugar a duda: “Todo lo que el Gobierno pone a los sectores vulnerables se va por la canaleta de la concentración económica. Es una fuga legal... Por eso planteamos poner mucha plata en el trabajo de la economía popular, como potenciar sectores que producen alimentos”.
Ese sábado Pérsico señaló, en un video dirigido a la militancia, que “la tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana. El gasto en ayuda directa nos incluye como consumidores pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación”.
Ayer su superior en el cargo, el ministro Arroyo encabezó una nueva reunión del Consejo Federal de Desarrollo Social (Cofedeso), conformado por los ministros de todas las provincias, donde confirmó que la nueva inyección de dinero para la compra de alimentos por parte de las beneficiarias “se pagará este mes de mayo”.
Del encuentro virtual también participó Fernanda Miño, secretaria de Inclusión Socio Urbana, que tiene a su cargo las obras de urbanización en las villas, y llegó a ese cargo por pedido de Grabois.
El dirigente cercano al papa Francisco había cuestionado el “negocio financiero” alrededor de la tarjeta pero en el fondo no oculta su fastidio porque el Gobierno desechó su “Plan Marshall” criollo presentado en 2020 a “Alberto y Cristina” para lo que pensaba como una reconstrucción de la post pandemia. La propuesta no logró ingresar al circuito legislativo pese a las reuniones con Sergio Massa.
También el titular de la Corriente, Clasista y Combativa (CCC) y diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, cuestionó la falta de apoyo de la Casa Rosada al otro proyecto legislativo, el de “Tierra, Techo y Trabajo” , para la construcción de viviendas por parte de cooperativas.
“Es cierto hay que ayudar a la gente en esta emergencia. Pero se ha dejado de lado el trabajo y por eso peleamos para que se diseñen los planes sociales. Con el Potenciar Trabajo no alcanza, tenemos que participar en obras públicas”, destacó el dirigente en diálogo con este diario.
Recordó que, pese a no estar alineado al kirchnerismo entre 2004 a 2015, su agrupación participó de la construcción de 7.220 viviendas en 18 provincias. “Ahora no nos incluyen salvo para hacer una pequeña vereda.”, disparó quien hace un mes, junto a otros referentes de la economía popular, fue recibido en Olivos por el Presidente. Al pasar, mencionó que una forma de generar financiamiento para estos planes sería con la estatización de la Hidrovía, donde “el 50 por ciento de lo que se transporta es contrabando. Con un control estricto el Estado podría hacerse de divisas”.
Mientras, cerca del ministro Arroyo recordaron que los planteos no son nuevos pero que sí sorprendieron “las formas” en que los dirigentes hicieron trascender sus declaraciones. “Dimos créditos a cooperativas, obras en barrios populares, el avance del Potenciar Trabajo. Sí otras cosas no se pudieron hacer”, indicó un colaborador del funcionario
Otra fuente oficial destacó, con algo de malicia, que “en esta coalición nunca escondemos la críticas bajo la alfombra. Pero con este programa todo se bancariza y no hay posibilidad de intermediarios ni de algún retorno”. Desde este lado del mostrador se remarcó con énfasis la eliminación de la palabra “intermediario”.
Por su parte, un funcionario con buena llegada a las organizaciones sociales, enfatizó que “es muy difícil salir de esta situación sin trabajo. Y también se pueden dar situaciones de inequidad, a veces una familia empobrecida le entran tantos recursos como una en la que la cabeza de familia gana un sueldo magro”.
“Con este programa todo se bancariza y no hay posibilidad de intermediarios ni de algún retorno”
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