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Economía Dominical |OTRO EMERGENTE DE UNA ECONOMÍA EN CRISIS
El déficit habitacional creció 50% en 20 años por la inflación y la informalidad

Pasó de 2,6 millones de familias en 2001 a 3,8 millones de familias en 2020. Y subió en forma constante. La falta de acceso al crédito condena a la clase media asalariada y cuentapropista a renunciar al “sueño de la casa propia”

El déficit habitacional creció 50% en 20 años por la inflación y la informalidad

La megatoma de los hornos es una de las más grandes de la provincia / EL DIA

Esteban Pérez Fernández

Por: Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com

30 de Mayo de 2021 | 05:49
Edición impresa

El déficit habitacional creció un 50 por ciento en los últimos 20 años, al pasar de unos 2,6 millones de familias en 2001 a 3,8 millones en 2020, según revelan cifras oficiales y de distintas ONGs. La tendencia no tuvo ningún sube y baja en ese período, siempre fue creciente. En el medio transcurrieron, entre otros hechos económicos, el corralito, la salida de la convertibilidad, la inflación que se amesetó arriba de los dos dígitos hace más de 10 años, el crecimiento del desempleo, la pobreza y la economía informal, y la pérdida del poder adquisitivo casi constante.

El aumento del déficit habitacional en Argentina tiene diversos orígenes pero un mismo resultado: un número creciente año tras año. Así, en 2001, 2.600.000 de hogares tenían necesidades habitacionales insatisfechas según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Para 2010, ese número aumentó a 3 millones, de los cuales dos millones necesitaban mejorar o completar su vivienda y un millón requería una vivienda nueva de acuerdo al último censo nacional. El número creció a 3,5 millones en 2018, según la Secretaría de Vivienda y, en 2020, llegó a los 3,8 millones de familias, revelan un informe de la Asociación civil por la igualdad y a justicia (ACIJ).

Para paliar ese déficit se necesita una inversión de unos 35.000 millones de dólares anuales sostenidos por 10 años.

Uno de los dichos populares con cada vez mayor arraigo y que repiten una y otra vez extranjeros que tienen algún vínculo con el país es la rareza argentina de ser “el país donde la ropa y la comida se compran en cuotas y las casas al contado”. Con matices y una serie de problemáticas que abarcan el sentido de este dicho popular, no deja de ser cierto que cada vez más la posibilidad de acceso a la vivienda se circunscribe a un pequeño grupo poblacional que aún tiene la capacidad de ahorrar - generalmente en dólares – y otro que antes lograba acceder a un crédito, pero al que la inflación, la informalidad y la escasez de oferta bancaria los dejan, por ahora, con las manos vacías.

La pandemia perjudicó las condiciones socio económicas de muchos argentinos y el déficit habitacional se profundizó, entendido este como necesidades habitacionales insatisfechas dentro de una determinada población que ya se mide en millones en nuestro país, cuyos hogares sufren una necesidad si tomamos en cuenta tanto el déficit cuantitativo medido como la necesidad de un nuevo hogar; como el déficit cualitativo que se mide por la falta de servicios básicos, u hogares construidos con materiales débiles.

Cada vez más el acceso a la vivienda se circunscribe a los pocos que pueden ahorrar en dólares

 

Para el ex ministro de Economía bonaerense y actual diputado nacional, Jorge Sarghini, “en los últimos 12 años el crédito hipotecario ha perdido participación dentro del escaso nivel de crédito con el que funciona nuestra economía. Más allá de aspectos coyunturales y de la aparición temporal de líneas de préstamos impulsadas desde los distintos gobiernos, la causa estructural por la que no se consolida este tipo de crédito es de orden macroeconómico”.

El economista bonaerense y ex presidente del Banco Provincia le explicó a EL DÍA que “uno de sus principales desequilibrios es la alta inflación porque afecta la posibilidad de realizar contratos financieros de mediano y largo plazo. Por eso, la incertidumbre sobre el futuro comportamiento de los precios relativos -en este caso, precio del m2, salarios, dólar- potencia eleva el riesgo y los vuelve prácticamente inviables. Esto contrae de manera notable tanto la oferta como la demanda de créditos hipotecarios. En este escenario, la oferta se torna casi nula y los potenciales demandantes, no pueden acceder porque no califican o porque no pueden hacer frente a la cuota. Todo esto se agrava más aún cuando agregamos a los excluidos de acceder por la condición de pertenecer al cada vez más voluminoso sector informal de la economía”.

En nuestro país, el derecho al acceso a la vivienda digna es reconocido en el artículo 14 de la Constitución.

En tanto, el arquitecto platense y profesor de la UNLP, Alejandro Casas, le explicó a este diario que “el déficit habitacional es y ha sido desde el regreso de la democracia una de las cuentas pendientes, entre tantas otras. Nunca es aceptable que haya déficit si bien técnicamente todas las sociedades lo tienen, pero no en los niveles que nuestro país. La vivienda debería considerarse innescindible de la infraestructura, servicios, transporte, equipamientos y todos los componentes que hacen a la ciudad contemporánea. En este sentido no seria déficit de vivienda sino déficit de ciudad como paradigma a resolver. Deberíamos pensar que cada vivienda nueva debe ser acompañada por espacios para la educación, para la salud, y servicios básicos. Las políticas hasta ahora ejecutadas, han llevado a pensar solo en la vivienda como un techo en el mejor de los casos con cierta formalidad. Esto alienta las diferencias sociales y económicas cada vez más acentuadas de nuestra sociedad. Las explicaciones para haber llegado a esta situación son varias, falta de inversión sostenida, las continuas crisis económicas a lo largo de los últimos 40 años, y otro aspecto clave está en entender que la Argentina es uno de los países con mayor índice de urbanización del planeta -aunque parezca increíble- estamos por encima del 90 por ciento de la población viviendo en núcleos urbanos y este proceso se ha producido en un periodo corto de tiempo y sin que el Estado lo haya podido absorber. Esto es producto de una migración interna del campo a las ciudades, del 65 por ciento de la población en 1950 al 91 por ciento en 2001”.

El Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) publicó el último informe con datos de pobreza y estado de situación de asentamientos del Gran La Plata, en el que refleja que en el Gran La Plata hay 260 asentamientos donde viven aproximadamente 50.000 familias.

En tanto, la martillera platense y Presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), Mirta Libera, le explicó a este diario que “una tremenda situación que va en contra de querer mejorar el acceso a la vivienda es permitir las tomas de tierras, porque los ocupantes están sin servicios, ni transporte, ni accesos adecuados y menos una escritura. Eso es muy negativo y se toman terrenos que no son aptos para la construcción y se desalienta los que podrían colaborar. Se necesitan políticas a largo plazo y para eso hace falta que como el Estado no tiene la capacidad de hacer las viviendas y ponerlas a disposición de la gente con créditos accesibles, pero como no puede cumplir con esta meta debería armar redes de colaboración con los privados y estimularlos para que construyan para alquilar y que haya numerosas unidades en el mercado. Así las empresas podrían construir, generar trabajo y colaborar con una política de Estado. Para eso se necesita una fuerte articulación y es un tema de prioridades para llevar adelante con decisión políticas de créditos y concretar proyectos y planificaciones que hay, elaboradas desde distintas organizaciones”.

El dinero del presupuesto disponible por el Ministerio de Vivienda y Hábitat de la Nación no alcanza a cubrir el déficit y año tras año los recursos destinados. El presupuesto para los programas de vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda se redujo un 47 por ciento entre 2018 y 2019 y alrededor de un 60 por ciento en 2020, según un informe realizado por ACIJ.

El presupuesto 2021 para Vivienda y Urbanismo del gobierno de Alberto Fernández es de $115.936 millones, un número que los especialistas indican como “insuficiente” para paliar el déficit de 3,8 millones de viviendas.

“Sin dudas es un problema que hay que abordarlo desde el sector público y privado”

 

“Es claro que con ese presupuesto ni siquiera se puede acercar a un plan o alguna intención de solucionar el problema. Esto significa tener la capacidad de construir 15.000 viviendas por año en todo el país, lo cual es a las claras insignificante”, agrega Casas. “Esto sin contar la inversión necesaria en infraestructura, equipamientos y el propio funcionamiento del ministerio. Lo que es claro que deberíamos invertir 35.000 millones de dólares anuales sostenidos por 10 años para poder solucionarlo. Esto nos demuestra sin dudas que es un problema que hay que abordarlo integralmente desde el sector privado y público, es decir trabajando en conjunto con los desarrolladores privados integrando todos los sectores sociales. Desde la vivienda y ciudad ABC1 hasta la vivienda social, porque todo cuenta. El volumen de inversión es tan grande que sería arrogante por lo menos, querer solucionarlo desde el Estado”, explicó a este diario el arquitecto platense.

“Debemos pensar en hacer y construir ciudades sustentables desde lo ambiental y social, donde el derecho a la vivienda sea un compromiso de todos. De esta manera, debemos trabajar con todos los sectores entendiendo al problema de manera integral. Fraccionar suelo económico, alejado de los centros urbanos sin infraestructura y servicios ha sido un fracaso. También está probado que cierta densidad es auspiciosa para la calidad urbana”, agregó Casas.

“De nada sirve inaugurar viviendas que son simplemente una cáscara”

 

“Importa que vivienda sea digna, no el título de propiedad. Si está en una zona urbana, con acceso a la educación y la salud, con servicios. De este modo debemos apostar al mercado de alquiler, al mercado inmobiliario, a la vivienda social, pero en todos los casos debemos hacer ciudad de manera integral. De nada sirve inaugurar viviendas que son simplemente una cáscara de mampostería con un techo de chapa, porque solucionarán un problema inmediato pero generarán nuevos problemas emergentes de marginalidad, segregación y fragmentación social y urbana”, sostienen el arquitecto y profesor platense, para quien “las leyes y partidas presupuestarias no son las soluciones, son útiles solo como herramientas de una política integral, liderada por especialistas y sostenidas en el tiempo. Los políticos deben darle su sesgo ideológico de cada período, pero no deben torcer el rumbo para la solución final. En veinte años ningún argentino ni argentina debería sufrir por una vivienda digna”.

La usurpación en el retiro ya está por cumplir tres años / EL DIA

Según el estudio de la UCALP, siguen creciendo año a año la cantidad de nuevos Barrios Populares en el Gran La Plata, a un ritmo mayor incluso que la del resto de los aglomerados del país. Se expanden los asentamientos preexistentes. Este crecimiento poblacional sumado a los efectos de la pandemia de incremento de vulnerabilidad ha hecho que la situación de integración y desarrollo de las familias que viven en estos barrios empeore, ya que 9 de cada 10 barrios necesitan mayor integración. 7 de estos lo necesitan de forma urgente porque no garantizan el derecho al hábitat y al desarrollo humano por no contar con un acceso universal y equitativo a los servicios básicos.

Una deuda social a la cual le faltan no solo recursos sino también políticas adecuadas y de calidad.

 

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