Avance en la Justicia sobre irregularidades en el manejo de planes sociales

Un pedido de informes del ministerio de Desarrollo Social a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abrió en la última semana una verdadera caja de pandora que ya está en manos de la Justicia. Al detectarse que un 20 por ciento de los beneficiarios (más de 250 mil) del programa Potenciar Trabajo declaró bienes personales o compró dólar ahorro en los últimos seis meses. Dos impedimentos para cobrar los $27.275 mensuales que, en efecto, cobraron.

La polémica sale a la luz poco después de que el presidente, Alberto Fernández, prohibiera por decreto el ingreso de nuevos titulares a ese programa. Además de disponer que los que sean dados de baja tampoco sean reemplazados y que, en cambio, esos fondos se destinen a la compra de máquinas y herramientas para nuevos emprendimientos sociales. Algo que los piqueteros (sobre todo los opositores que marchan contra el Gobierno) rechazan.

Las irregularidades detectadas en el Potenciar Trabajo no solo pone la mira sobre el maneja de los planes sociales, sino que además reaviva las tensiones en el Frente de Todos, fundamentalmente entre el kirchnerismo y el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, que es una de las organizaciones con más poder en el ministerio a cargo de Victoria Tolosa Paz.

De esa cartera, en la que Pérsico se desempeña como secretario de Economía Social, depende el Potenciar Trabajo, que pasó de 700.000 beneficiarios en 2020 a casi 1,4 millones en 2022. Y allí, a partir de un pedido de informes que solicitó el entonces ministro Juan Zabaleta a la AFIP, se detectó que 253.184 personas -el 18,30% del padrón de beneficiarios- realizaron una “manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales” y que 35.398, el 2,56%, “habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses”.

Investigación

El tema ya está en manos del fiscal Guillermo Marijuán, que prevé dar inicio hoy a la investigación preliminar.

“Si una persona está solicitando ayuda por estar desocupada, no puede de forma alguna estar comprando dólares al oficial para después acopiar o revender”, advirtió ayer el fiscal en declaraciones radiales y abundó: “Además, si superan el mínimo imponible para pagar Bienes Personales se supone que no necesitan la ayuda del Estado, y con el fallecimiento también cesa el derecho, no es algo que se pueda heredar”.

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Según Desarrollo Social, de los primeros datos revelados por la AFIP surgiría que no se trata de personas que pagan bienes personales sino que declararon a su nombre tener algún bien. En el Gobierno agregan que cuando se menciona la compra de un vehículo en particular, en realidad se hace referencia a motos de baja cilindrada, lo que no estaría prohibido por el Potenciar Trabajo.

Respecto de la adquisición de dólares, si bien ameritaría la baja del plan, no se trataría de una infracción grave como la otra, defendieron en el Gobierno. Otros explicaron que tal vez las cuentas de los beneficiarios fueron usadas por personas que no pueden acceder a divisas con sus propias cuentas (porque no tienen nada declarado) o que quizá se trató de un error.

Conocido el informe, la ministra Tolosa Paz salió a advertir que se anularán los planes que no correspondan, pero después aclaró que se van a “desagregar datos para dar de baja a quienes realmente hayan cometido incompatibilidades”. Y justificó: “Sólo sabemos que o compraron dólares o tienen un bien registrado, pero a veces ese bien registrado es una moto, y eso no sería una incompatibilidad. Hasta que no esté limpia esa base de datos, no se pueden tomar medidas”.

Para Marijuán, lo que ocurrió fue “todo un descontrol” y amplió: “Desde mi punto de vista, las inscripciones se deberían hacer por quien necesita el plan en numerosas sedes, para que no lo tengan que hacer movilizar al ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, en las municipalidades. Si se hacían bien las cosas, la gente entregaba la solicitud y se cargaba en una base de datos. Pero hubo un montón de casos en donde se organizaban piquetes y cortes de calle donde entregaban listados al ministerio y ahí capaz metieron gente que estaba en estas condiciones”.

El fiscal anticipó que una posibilidad, tras la investigación, es solicitar la baja de planes: “Ya lo hemos hecho muchas veces. Veremos qué es lo mejor para el Estado”, dijo.