Es inaceptable que, por la inseguridad, los vecinos estén buscando armarse

El desenfreno de la inseguridad reinante en nuestra zona que ya resulta difícil de medir estadísticamente, puesto que es mucha la gente que ha decidido no denunciar los delitos que sufre –naturalizándose así una situación que no debiera ser tolerada- está llevando a no pocos vecinos, tal como se viene informando, a armarse en defensa de una delincuencia que no da tregua.

Así ha ocurrido en las últimas horas luego de una asamblea vecinal realizada en el barrio del Mondongo, tal como lo informó uno de los referentes de esa zona: “La gente se está armando. Conozco varios que ya se compraron un arma y otros que están analizando hacerlo”, sostuvo uno de los que asistieron al último encuentro vecinal. En realidad, bastaría con consultar en forma privada a muchos platenses para corroborar que esa alternativa no está lejos de ser común a distintos vecindarios.

Convendría, por lo pronto, recordar que el Mondongo es un barrio tradicional de nuestra ciudad, ubicado a unas ocho cuadras del ministerio de Seguridad, que es la sede central de la Policía bonaerense, y a esa misma distancia, a través de la diagonal 79, de la Casa de Gobierno y de la Legislatura bonaerense. No se habla, entonces, de un lugar apartado.

Se ha dicho en esta columna que la decisión de armarse se encuentra a un peligroso paso de la de hacer justicia por mano propia, y que a partir de esta última las derivaciones pueden resultar de una enorme gravedad. No debe dejar de observarse el crecimiento de casos en los que un delincuente es amenazado de linchamiento por quienes los detienen en la vía pública.

Lo preocupante es que este fenómeno está ocurriendo con frecuencia y que, asimismo, cuenta con el respaldo de sectores que parecieran ir creciendo. Es plausible entonces, que la mayoría de la sociedad no se haya plegado a esa tendencia, que es cuestionable desde todo punto de vista. Pero también es verdad que, además del estado de desamparo que sufren muchos vecindarios, se suma el sentimiento generalizado de que la impunidad será, finalmente, el destino que le espera a algunos malvivientes detenidos.

Lo cierto es que no debe aceptarse que la gente deje de creer en una rápida respuesta policial y en la acción ulterior de la Justicia. En realidad, de lo que se habla poco es de algunas leyes procesales permisivas que han sido votadas en las últimas décadas y que, supuestamente encaminadas a la mejor defensa de los derechos humanos, por errores en la interpretación e instrumentación, atan las manos de la Policía y de la Justicia.

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Se sabe que, en la actualidad y desde hace tiempo, las víctimas de los delitos suelen pasar más tiempo declarando en las comisarías que los delincuentes que las asaltaron.

De lo que se trata, en definitiva, es de defender el pleno imperio de la Constitución y de contar con leyes penales equilibradas, eficaces y no demagógicas.

Asimismo, tanto la Policía como la administración de Justicia deben contar con recursos y apoyos suficientes, para hacer valer su imperio sobre la delincuencia. Y en estos casos, también sobre quienes suponen, erróneamente y sin contar con incumbencia, que deben y pueden combatir el delito a tiro limpio.