Las organizaciones sociales podrán realizar el 30% de la obra pública que no supere los $300 millones

El Gobierno nacional le otorgará a las cooperativas la realización del 30% de la obra pública prevista para el 2023. Así se desprende del decreto 728/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández y que a su vez implica que no se otorgarán nuevas altas de planes sociales en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.

Esto será en el marco de la decisión de la Casa Rosada de pasar de los planes al empleo genuino, algo que le ha provocado no pocos encontronazos con las organizaciones sociales más distanciadas del oficialismo.

Según la norma, las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta 300 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

Por este tema el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a los ministros de Economía, Sergio Massa, de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

El decreto instruye además a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al Programa "Puente al Empleo".

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Asimismo, instruye a los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley Nº27.345 de Emergencia Pública, en un plazo no mayor a 60 días.

Esa ley tiene por objeto promover y defender, en todo el territorio nacional, los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la Economía Popular, con miras a garantizarles acceso a la vivienda digna, alimentación adecuada, educación, vestimenta, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, entre otros derechos.

Entre los considerandos del decreto señala que "es prioridad del Gobierno nacional promover el trabajo en sus diversas formas y el acceso a los derechos de la seguridad social por parte de los sectores sociales con mayor grado de vulnerabilidad económica y social". Y expresa que "es fundamental para el Gobierno impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social".