Desaprueban gastos de la campaña de Cambiemos

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las Primarias de 2017.

El magistrado ordenó “extraer testimonios” de lo obrado en ese expediente “e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito”.

Además, el juez sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fé, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.

Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si se inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos.

El caso se conoció por una nota periodística en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña.

Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

El magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, “los DNI no se correspondían”.

“Además la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”, añadió.

También se detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la Provincia”.