Coparticipación: Nación sumó a gobernadores en la puja con Larreta

Un nuevo round se produjo ayer entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la pelea por los recursos federales que el Ejecutivo le arrebató en 2020: los gobernadores peronistas -sin el cordobés Schiaretti- respaldaron la postura de la Casa Rosada y enviaron una suerte de advertencia a la Corte Suprema sobre que un fallo adverso afectaría el federalismo. Es que en el oficialismo existe el temor que en poco tiempo una resolución judicial podría reintegrar a las arcas porteñas la poda de fondos coparticipables.

Al espaldarazo que recibió la Casa Rosada de representantes de 19 provincias, que incluyó una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro del Interior, Wado de Pedro, a la que sumó por unos minutos Alberto Fernández, le siguió un encuentro con técnicos de la administración de CABA que tuvo lugar en un edificio ubicado a unos 100 metros del palacio de gobierno, en el marco de la instancia de mediación que abrió el máximo tribunal y que continuará hasta el próximo 26 de abril.

El encuentro matutino desarrollado en Balcarce 50 había tenido como objetivo informar los alcances de la audiencia de conciliación pero también enviar un mensaje político a los cortesanos que deben resolver el planteo presentado por la administración de Horacio Rodríguez Larreta luego que su distrito perdiera el 2,1 por ciento de Coparticipación, en septiembre de 2020.

Participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende. También lo hicieron, de manera virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri. No estuvieron los mandatarios opositores que gobiernan Mendoza, Jujuy y Corrientes como tampoco el cordobés Juan Schiaretti.

Los gobiernos de la Nación y de la capital federal tuvieron el 10 de marzo pasado una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4 por ciento de la coparticipación al 3,75 por ciento durante la presidencia de Mauricio Macri, algo que luego fue modificado hace 2 años.

Para De Pedro, “no se trata de una quita de fondos, es la recuperación del exceso de recursos que fueron a la Ciudad (de Buenos Aires) en detrimento de todos los argentinos”, que según la óptica oficial son más del doble de (lo que necesita) la Policía Federal”.

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Luego fueron algunos gobernadores quienes la emprendieron contra “el centralismo porteño” pero se encargaron de enviarle un mensaje al máximo tribunal. El santiagueño Zamora dijo que si hubiera un fallo a favor de la CABA “se estaría afectando el federalismo” y el chaqueño Capitanich dijo que “hay una exacción ilegal de recursos por parte de la ciudad de Buenos Aires al resto de las provincias argentinas” y anticipó que se presentará en la Corte como “amicus curiae”.

En el gobierno porteño rechazan esta argumentación y sostienen que ningún distrito fue perjudicado porque los fondos en cuestión no corresponden “a la bolsa que Nación gira a las provincias” sino que por ley, como ocurre con Tierra de Fuego, son girados para cubrir determinados servicios absorbidos por la autonomía que le concedió al reforma constitucional de 1994.

¿a fojas cero?

El telón de fondo de la nueva escalada son las versiones tribunalicias que indican que el máximo tribunal podría emitir una resolución, sin considerar la cuestión de fondo, que volvería la causa “a fojas cero”, es decir, a la situación previa a la poda del Ejecutivo por lo que la CABA volvería a recibir el 3,5 por ciento de Coparticipación. Por algo el ministro De Pedro dijo que “una eventual medida cautelar, sin resolver la cuestión de fondo, implicaría la destrucción del sistema federal, convalidando una distribución injusta” y en un tiro directo al gobierno porteño dijo que “los que se la pasan hablando de democracia y federalismo van a buscar al Poder Judicial lo que no consiguen con los votos y en el Congreso para convalidar una injusticia”.

Silencio

En la sede de Parque Patricios prefirieron no opinar sobre el cónclave en Casa Rosada y destacaron las reuniones técnicas con los funcionarios nacionales. Como todos los miércoles, ayer a las 13 el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, y el ministro de Hacienda, Martín Mura, se dirigieron, esta vez, hacia una de las dependencias de Interior de avenida Alem donde fueron recibidos por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis y otros funcionarios. Según se supo, han avanzado las conversaciones para que el giro de fondos coparticipables sea “por goteo mensual” y no por pago mensual, a fin de evitar el impacto inflacionario. En lo que no hay acuerdo, y podría trabar cualquier ulterior consenso, es en la discusión del monto del servicio de seguridad que debería cobrar la capital.

En las oficinas de Parque Patricios, con todo, no minimizan el “doble juego” que realiza el Ejecutivo de participar de las audiencias de conciliación, por un lado, y también buscar el apoyo de los gobernadores para atacar los intereses porteños.